* Carta a Diputados y Senadores
México, D.F. a 3 de febrero de 2009
Sen. Gustavo Madero Muñoz
Dip. César Duarte Jáquez
Presidentes de las Mesas Directivas de las
Cámaras de Senadores y de Diputados
Por este medio, les pido de manera respetuosa, tengan a bien hacer llegar la presente carta a todos los diputados y senadores, integrantes del Congreso de la Unión.
Señoras y señores legisladores:
Desde hace tiempo, hemos venido insistiendo en que se tomen medidas de fondo, no demagógicas, para reorientar el presupuesto público y proteger al pueblo ante el agravamiento de la crisis económica.
Como es sabido, el presidente espurio no ha hecho realmente nada importante para frenar el desempleo, la carestía, el empobrecimiento, la inseguridad y la violencia.
Ustedes también ignoraron la propuesta que les hicimos el 28 de septiembre de 2008, desde el zócalo de la Ciudad de México, en el sentido de que el Congreso convocara a la celebración de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sectores económicos y sociales del país para llevar a cabo un plan anticrisis.
Asimismo, no tomaron en cuenta el Programa para la Defensa de la Economía Popular que les propusimos el 4 de noviembre, cuando estaba por aprobarse la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 2009.
Por esta razón, y dada la gravedad del asunto, de nueva cuenta les volvemos a insistir en que se deben tomar medidas urgentes para cambiar la política económica, empezando por reorientar el gasto público y destinar fondos al desarrollo económico y social del país.
En primer término, les recordamos que en las últimas dos administraciones (de 2001 a 2008), el gasto público corriente ha crecido en términos reales, 72 por ciento, muy por encima del crecimiento de la economía (20.9 %), y del crecimiento del gasto total (64 %).
Tan sólo entre 2006 y 2008, el gasto corriente del sector público se incrementó en 437 mil millones de pesos, al pasar de un billón 321 mil millones a un billón 758 mil millones. Dicho de otra manera: si durante este periodo, el gasto corriente sólo hubiese aumentado en la misma proporción a la economía del país, hoy habrían 233 mil millones de pesos disponibles.
Como ustedes bien saben, una importante cantidad de este gasto corriente se destina a mantener los privilegios de los altos funcionarios públicos de los tres poderes de gobierno. Hay quienes ganan, en términos reales, hasta 600 mil pesos mensuales y tienen servicios médicos privados, fondos de ahorro especial, bonos discrecionales y otras prebendas. Además, mucho dinero del presupuesto se destina a proteger a banqueros y a grandes empresarios, se derrocha y se va por el caño de la corrupción.
Por eso, insistimos en nuestro planteamiento de reducir, de inmediato, el gasto corriente y destinar estos fondos aminorar los efectos de la crisis económica que nos afecta desde el año pasado. De otra manera, México no podrá enfrentar el aumento del desempleo, la pérdida de ingreso disponible de la gente, la caída del consumo de alimentos y bienes necesarios, y la falta de recursos y oportunidades para trabajadores y empresas.
De manera específica, el ahorro de 200 mil millones de pesos que proponemos, se puede lograr reduciendo a la mitad los sueldos, desde el presidente espurio hasta los directores generales y adjuntos del Poder Ejecutivo Federal; las percepciones de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de los consejeros del IFE y magistrados del Tribunal Electoral; de diputados federales y senadores; suprimiendo las partidas de fondo de ahorro especial y de gastos médicos para atención en hospitales privados de la alta burocracia; cancelando las pensiones millonarias a los expresidentes de México; eliminando la entrega de bonos discrecionales, la compra de vehículos para altos funcionarios, los gastos de representación, viáticos, la remodelación de oficinas, la renta de oficinas alternas, los boletos en primera clase y gastos de vestuario; reduciendo drásticamente las partidas de publicidad, servicios telefónicos, celulares, fotocopiado y papelería, alimentación de funcionarios, servicios de asesoría, donativos, combustibles, arrendamiento de inmuebles, fideicomisos, entre otras. Todo ello, acompañado de la disminución de estructuras burocráticas para bajar los gastos de administración.
A partir de la aplicación de un plan de austeridad republicana y ahorrando en una primera etapa 200 mil millones de pesos, se pueden tomar las siguientes medidas:
1. Apoyos al campo para la producción de alimentos
En el presupuesto del 2009 se contemplan 16 mil 800 millones de pesos para el Procampo. Este monto no es suficiente para apoyar la producción de alimentos, además, los recursos están llegando tarde, cuando ya se realizó la siembra, obligando a los productores a tomar crédito de los proveedores de insumos, como semillas y fertilizantes, por los que llegan a pagar hasta el 30 por ciento de lo que reciben del programa. Con frecuencia también tienen que pagar al personal de la ventanilla para que les liberen los fondos, dando hasta 500 pesos por un cheque de 3 mil 300 pesos.
Es indispensable hacer a un lado la absurda política de comprar los alimentos afuera, cuando podemos producir en el país lo que consumimos, generando empleos y atemperando el fenómeno migratorio.
Nuestra propuesta es comenzar con apoyos adicionales por 20 mil millones de pesos para los productores y la exigencia de que el gobierno espurio libere los recursos con prontitud.
2. Impulsar el crédito a la pequeña y mediana empresa
Se requieren cuando menos 40 mil millones de pesos para la banca de desarrollo con el objeto de garantizar créditos a las pequeñas y medianas empresas. Cabe aclarar que el fondo de 50 mil millones de pesos que está ejerciendo el gobierno espurio, supuestamente para este propósito, se está dedicando realmente a apoyar a las grandes empresas en sus emisiones de papel comercial, como Cemex, Coppel, Soriana y Comercial Mexicana. De ahí la necesidad de tener una partida destinada a las empresas medianas y pequeñas.
3. Reducir los precios de la electricidad, la gasolina, el gas y el diesel en beneficio de consumidores y empresas
Nuestra propuesta contempla disminuir las tarifas de los consumidores de energía eléctrica, con un costo de 15 mil millones de pesos.
Asimismo, para la reducción de precios de gasolina y gas en 10 por ciento, y de diesel en 15 por ciento, se requieren 35 mil millones de pesos.
Debe entenderse que abaratar estos energéticos tiene dos efectos positivos. Uno es el aumento real en el ingreso y otro es la reducción de la inflación, lo que daría pie a bajar las tasas de interés de su nivel actual, reduciendo con ello costos de crédito para el consumidor y para toda la economía.
4. Más presupuesto para salud, alimentos, becas a estudiantes y apoyo a desempleados
Es urgente destinar recursos para adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad, comedores populares, becas para estudiantes de escuelas públicas, atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social.
5. Derogar el IETU
No hay mejor manera de apoyar a las empresas y dar un alivio a la carga fiscal de los trabajadores que eliminar este impuesto injusto que causa gravámenes superiores a la capacidad de pago de los contribuyentes, al no permitirles la deducción de la nómina, las pérdidas cambiarias o el pago de intereses por la deuda. Para los trabajadores ha representado un aumento de la carga fiscal que les es retenida y que golpea sobre todo a la clase media. Esta acción tendría un costo de 50 mil millones de pesos, según las estimaciones de recaudación de la Secretaría de Hacienda.
En suma, el costo estimado de los programas de emergencia económica y social, que proponemos, en una primera etapa, para enfrentar la crisis es el siguiente:
PROGRAMA MONTO (mdp)
Apoyo a productores de alimentos 20,000
Crédito a empresas pequeñas y medianas 40,000
Reducción de electricidad, gasolina, gas y diesel 45,000
Bienestar social 45,000
Derogación del IETU 50,000
TOTAL 200,000
Adicionalmente, es urgente que el Congreso tome la decisión de proteger los fondos de pensiones de los trabajadores, cuya pérdida asciende a 60 mil millones de pesos, mientras las administradoras financieras privadas han obtenido utilidades de 11 mil millones de pesos.
Señoras y señores legisladores:
Es el momento de cambiar, en definitiva, la política económica que sólo atiende a los privilegiados de siempre y ha llevado a la bancarrota al país.
También les recomendamos, por el bien de México, que construyan acuerdos en el Poder Legislativo, no sólo para reorientar el presupuesto sino para solicitar la remoción del actual secretario de Hacienda, Agustín Carstens, quien ha demostrado su incapacidad para enfrentar los retos que exige la actual crisis económica. Téngase en cuenta que este funcionario sólo sabe aplicar fórmulas simplistas de un modelo que ha hundido al país y ha fracasado por completo.
No pasemos por alto que estamos ante una nueva realidad y se necesita una nueva política económica y una visión diferente; es decir, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas.
De modo que, señoras y señores legisladores, tienen todavía la oportunidad de actuar a la altura de las circunstancias y reivindicarse como verdaderos representantes populares.
A t e n t a m e n t e
Andrés Manuel López Obrador
Presidente Legítimo de México |
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