LA REDACCIóN
MÉXICO, DF. El caso del albergue infantil "Casitas del Sur" alcanzó ya tintes de trata de menores, luego de que la exdirectora de dicho centro, Elvira Casco Majalca, confesó ante las autoridades ministeriales que los siete menores desaparecidos podrían haber sido sacados del país por pastores de la Iglesia Cristiana Restaurada.
Por lo pronto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) acumula ocho quejas por el caso de los menores desaparecidos del albergue Casitas del Sur.
En entrevista, el presidente de ese organismo, Emilio Alvarez Icaza, dijo que tres de ellas fueron interpuestas por familiares de los menores y que el resto están relacionadas con la actuación de la Procuraduría General de Justicia del DF en ese asunto.
Al preguntarle sobre las declaraciones de Elvira Casco Majalca, exdirectora del albergue y quien admitió la posibilidad de que los niños hayan sido sacados del país, comentó que dicha aseveración dan elementos para que intervengan autoridades federales e internacionales.
En declaraciones al diario Reforma, Casco Majalca reveló que los niños desaparecidos de esa institución están en posesión de la Iglesia Cristiana Restaurada que, dijo, pudo haberlos trasladado de manera ilegal a un albergue fuera del país.
La mujer sostuvo que la secta --de la que fue expulsada por rechazar sus procedimientos--, decidió retener a los menores porque con sus familias tenían "una vida de maltratos y pecado".
En el marco de la presentación del "Programa de promoción ciudadana de los derechos humanos en el Distrito Federal. Sistematización de experiencias", el ombudsman capitalino comentó que el martes recibió la visita del titular de la PGJDF, Miguel Ángel Mancera, con quien abordó los avances del caso.
Insistió en la pertinencia de un marco regulador de asociaciones civiles y religiosas, como es el caso de la Iglesia Cristiana Restaurada, señalada como responsable de las desapariciones.
Por su parte la Comisión Permanente de la Asamblea Legislativa (ALDF) acordó crear una comisión especial para dar seguimiento a las investigaciones, la cual tendrá diez integrantes y quedará supeditada a la Comisión de Procuración de Justicia.
El punto de acuerdo prevé la creación de mesas de trabajo con autoridades de la PGJDF y la Secretaría de Desarrollo Social para analizar el marco legal en que se desenvuelven los albergues.
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