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ALEJANDRO GUTIéRREZ

España sigue estremeciéndose debido a las revelaciones y el proceso judicial seguido contra una red de corrupción integrada por funcionarios y líderes del derechista Partido Popular, encausados por el juez Baltasar Garzón. Mariano Rajoy, dirigente del PP, exige inhabilitar al magistrado por prevaricación, en un escándalo que involucra a empresarios cercanos al expresidente José María Aznar pero que ya le costó el puesto al ministro socialista de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

 

MADRID.- Luego de dos años de sigilosas investigaciones contra una red de corrupción, el juez Baltasar Garzón inició acciones judiciales contra 37 personas ligadas al Partido Popular español (PP) como parte de la llamada operación Gürtel. Estas indagatorias provocaron un escándalo político que podría llevar ante los tribunales a integrantes del comité nacional de ese partido, incluidos su tesorero y un eurodiputado, y a otros representantes populares de Madrid, Valencia y Málaga. De rebote, ya provocó la dimisión del ministro de Justicia, el socialista Mariano Fernández Bermejo. 

La asistencia del ahora exministro a una cacería de venado en la provincia de Jaén, los días 7 y 8 de febrero, donde coincidió con el juez Garzón, provocó la controversia política. El encuentro tuvo lugar un día después de que el magistrado de la Audiencia Nacional ordenó la detención de cinco de los implicados, por considerar que cometieron los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude fiscal y tráfico de influencias.

El juez Garzón, conocido en el mundo por perseguir judicialmente al genocida chileno Augusto Pinochet, a dictadores argentinos y a miembros de Al Qaeda, no fue ajeno al golpeteo que estos días se vive en España. Versiones difundidas aquí sostienen que la inusitada arremetida política en su contra le causó incluso una baja de presión arterial por estrés que lo llevó a ser hospitalizado de urgencia. Dos días después de ser dado de alta, la mañana del 25 de febrero, la dirigencia del PP acudió ante el Tribunal Supremo para presentar una querella criminal por prevaricación contra el magistrado.

El PP exige que el caso pase al Tribunal Superior de Madrid y al de Valencia, toda vez que entre los presuntos implicados hay funcionarios con fuero constitucional. Incluso demanda que Garzón sea inhabilitado por un período de 10 a 20 años. Un jurista consultado por Proceso a condición de reservar su identidad consideró esta exigencia como "un alarde público sin posibilidad de prosperar en lo legal".

El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, criticó la querella el jueves 26: "Me parece inaceptable que el PP, desde el Parlamento, haya lanzado intimidaciones muy serias al juez Garzón. Esto es una pérdida de referencia".

El escándalo estalló en pleno desarrollo de las elecciones del domingo 1 de marzo en las comunidades autonómicas de Galicia y el País Vasco, de gran influencia en España, y radicalizó las posiciones de los partidos, en particular la del PP que, bajo un fuerte golpeteo político y mediático, acusó a Fernández Bermejo de "instrumentalizar" la justicia para "hundir a la derecha".

Este es un extracto del reportaje que publica la revista Proceso en su edición 1687 que empezó a circular este domingo 1 de marzo.