martes, 4 de agosto de 2009

Avala Congreso de Honduras analizar posible amnistía política



Tegucigalpa, 4 de Agosto.- El Congreso de Honduras expresó hoy su voluntad de discutir un eventual proyecto de decreto de amnistía, pero circunscrita “exclusivamente para los delitos políticos” cometidos en el marco del golpe de Estado del 28 de junio pasado.

Los diputados, por mayoría, aprobaron el dictamen presentado la noche del lunes por una comisión especial que recomendó discutir un eventual proyecto de ley de amnistía pero sólo por delitos políticos, y no del orden común, indicó este martes el portal en internet del diario La Tribuna.

El comité fue formado por siete diputados de los diversos partidos con representación legislativa para analizar el Acuerdo de San José, planteado el 22 de julio anterior por el presidente costarricense y mediador en el conflicto hondureño, Oscar Arias.

Arias propuso para resolver la crisis generada por el golpe de Estado -que derrocó y mandó al exilio al presidente Manuel Zelaya- la restitución del mandatario, una amnistía política, un gobierno de unidad nacional y adelantar las elecciones, entre otros puntos.

El dictamen aprobado de la comisión señaló que tras una semana de análisis concluyó que al Congreso le compete dos puntos del Acuerdo de San José: el de la amnistía política y el referido al retorno de los poderes del Estado a su integración previa al 28 de junio.

Sobre el primero, el comité recomendó que el poder Legislativo, “en estricto apego a nuestra Constitución y sus leyes… debe expresar su voluntad política de discutir el proyecto de decreto de amnistía que oportunamente se presentará”, lo cual fue avalado por el pleno.

La comisión aclaró que, en congruencia con la propuesta del Plan Arias, “la amnistía deberá circunscribirse ‘exclusivamente para los delitos políticos con ocasión de este conflicto, antes y después del 28 de junio del 2009, y hasta la firma de este acuerdo’”.

Sobre Zelaya hay varias órdenes de aprehensión giradas por el Ministerio Público tanto por delitos políticos como del orden común, como son enriquecimiento ilícito.

Sobre el segundo punto, la comisión remarcó que el retorno de los poderes del Estado a su integración previa al 28 de junio “deberá ceñirse a lo prescrito por nuestra Constitución y sus Leyes, así como en el respeto y acatamiento de las decisiones jurisdiccionales”.


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