Procampo igual a proclientelismo

Procampo igual a proclientelismo

DENISE DRESSER

He allí los resultados de 15 años de Procampo: Narcotraficantes subsidiados. Recursos desviados. Beneficiarios simulados. Productores que cobran sin haber acreditado su trabajo o sin haber sembrado. Transferencias estatales multimillonarias a quienes menos las necesitan. Coincidencias entre los nombres registrados en el padrón y los nombres de funcionarios vinculados con la operación del programa. Esas irregularidades y muchas más están presentes en un instrumento de política pública mal concebido, mal instrumentado, mal aplicado y de consecuencias contraproducentes para el campo. Porque Procampo no ha aumentado la competitividad, pero sí ha reforzado las clientelas. No ha promovido la comercialización, pero sí ha creado un terreno fértil para la corrupción. No ha fomentado la productividad laboral del México rural, pero sí su manipulación política.

El problema no es que el Estado haya abandonado al campo –como algunos reclaman–, sino que su intervención allí ha sido poco eficaz. La canalización de recursos al México rural no basta para garantizar su desarrollo, y Procampo es la mejor muestra de ello. El envío creciente de apoyos no ha sido suficiente para asegurar su buen aprovechamiento. A pesar de que Procampo representa el 5% del PIB agrícola, los apoyos no se han traducido en un sector más competitivo ni en una producción creciente ni en el mejoramiento del nivel de vida de los productores más pobres. Procampo, sin duda, ha tenido consecuencias, pero lamentablemente no las buscadas.

Un programa ideado para afrontar la marginación ha contribuido a perpetuarla. Un programa concebido para proporcionar alivio temporal ha construido clientelas permanentes. Un programa diseñado para proveer pagos directos a los productores pequeños ha servido para enriquecer aún más a los grandes. Todo ello, producto de una iniciativa estatal con objetivos poco claros, métodos poco precisos y mecanismos de evaluación poco eficientes. Como lo sugiere la investigación de Mauricio Merino –Los programas de subsidios al campo: las razones y sinrazones de una política mal diseñada–, la podredumbre detrás de Procampo nace de una profunda imprecisión sobre el problema público que se quería resolver. Y la falta de claridad en las reglas lleva a la corrupción que logra doblarlas. Una y otra vez, los procedimientos formales de Procampo son manipulados para desviar los recursos que reparte.

Por ello, según el portal de Internet Subsidios al campo en México, capos como Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, y familiares de El Chapo Guzmán, son algunos de los beneficiarios de Procampo. Beltrán Leyva ha recibido 313 mil 966 pesos desde 1994 para la siembra de 22 hectáreas de maíz, soya y un cultivo ‘no definido’. Jesús, Ofelina y Aureliano Guzmán Loera, hermanos de El Chapo, han percibido 376 mil 198 pesos como apoyo para trabajar sus tierras. Además, Leobardo Elenes Salazar, sobrino del capo del cártel de Sinaloa, ha obtenido 98 mil 801 pesos para la siembra de sorgo y maíz desde 1996. En pocas palabras, recursos del Estado usados para financiar a quienes lo retan. Dinero del gobierno canalizado a quienes debilitan y combaten su autoridad.

Peor aún, Procampo entraña apoyos masivos destinados a funcionarios, a centrales campesinas, a amigos. Implica subsidios enviados que tan sólo exacerban la desigualdad. Contribuye a la escandalosa concentración de apoyos otorgados al campo. Porque, de acuerdo con estudios recientes, 5% de los agricultores más ricos concentran 44% de los recursos totales entregados; en contraste, 80% de los beneficiarios más pobres han recibido apenas 27% de los fondos durante los últimos 14 años. Y en el padrón hay coincidencias peculiares: nombres de beneficiarios federales y estatales que –por lo visto– han supervisado el programa al mismo tiempo que se aprovechan de él. Un programa ideado para los minifundistas ha terminado por favorecer a quienes en realidad no lo son.

Mientras tanto, los involucrados en Procampo saben que el programa se ha pervertido, pero todos se oponen a revisar sus reglas de operación. Ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales ni las organizaciones campesinas quieren tocarlo porque han tejido relaciones de beneficio mutuo: te doy dinero y me garantizas estabilidad, te doy cheques y me premias con votos. Por eso el gobierno de Felipe Calderón anuncia la extensión de los programas de apoyos directos al campo durante cinco años más. Por eso la CNC no exige una revisión fundamental del programa, sino más recursos y puntualidad en los pagos. Por eso la Conago no cuestiona la lógica de Procampo, sino insiste en el mantenimiento de los subsidios que entrega. Todos apuntalando un programa capturado, un programa manipulado, un programa politizado que será muy difícil remodelar.

Porque Procampo no ha creado una clase campesina pujante, vigorosa y competitiva. Pero sí ha tejido una red clientelar exigente, manipuladora y voraz. No ha producido una orientación comercial, sino una exigencia social. Hoy, debido a las consecuencias colaterales del programa, el ímpetu prevaleciente no es la modernización del campo mexicano, sino la preservación de los subsidios distorsionados que se concentran allí. La energía no se destina a crear, sino a preservar. Las acciones no se encaminan a nivelar el terreno de juego para los desposeídos, sino a mantener los ingresos adicionales de los privilegiados. Las negociaciones en torno al México rural no buscan su transformación, sino asegurar la anuencia política de quienes lo controlan: funcionarios federales y gobernadores estatales y centrales campesinas y quienes están a cargo del padrón de beneficiarios.

Procampo, entonces, ha sido un programa útil, más no para quienes fue creado: funciona muy mal para los campesinos, pero funciona muy bien para la clase política. Es un instrumento que permite premiar la lealtad y aprovechar la consanguinidad; permite construir redes clientelares útiles para el gobierno en turno; permite perseguir objetivos electorales a base de padrones amañados y cheques distribuidos; permite la interlocución con poderosas organizaciones campesinas capaces de bloquear cualquier gestión gubernamental. Procampo no ha cumplido con los objetivos para los que fue creado formalmente. No ha aumentado la productividad, ni impulsado la competitividad ni mejorado las condiciones de los más pobres en el campo. Más bien ha sido una chequera con la cual comprar paz social.