El día de hoy, hemos venido desde diferentes estados de la República mexicana, activistas de Amnistía Internacional para encontrarnos con nuestros compañeros y compañeras de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y de Peace Brigades International para manifestar nuestra profunda preocupación por el pésimo estado de los derechos humanos en Guerrero, que ha afectado particularmente la seguridad de defensores y defensoras de derechos humanos.
Hemos venido también a visitar a Raúl Hernández, prisionero de conciencia declarado por Amnistía Internacional, para expresarle nuestra solidaridad y para compartirle los mensajes que activistas de más de 50 países nos han hecho llegar para él. Todas y todos ellos exigen su liberación inmediata e incondicional.
Raúl Hernandez es hoy un emblema de la verdadera respuesta con que defensores y defensoras de derechos humanos se encuentran en México cuando ante su propia realidad marcada por la discriminación, la inseguridad, la falta de voz y la desposesión, deciden alzar la voz.
Amnistía Internacional exige dignidad a un lado de las comunidades organizadas que han hecho suyo el derecho de oponerse a los abusos del poder. Y así, nuestros más de 2.2 millones de miembros en 150 países y territorios respaldan, reconocen y respetan el trabajo valiente de defensoras y defensores que, como Raúl, han padecido las consecuencias de un Estado como el mexicano que ha sido incapaz de construir en el interior lo que en el exterior reivindica y defiende.
Raúl Hernández debe ser liberado de manera inmediata y sin condiciones. El pueblo indígena Me´Phaa debe ser escuchado en sus demandas. Amnistía Internacional condena terminantemente las amenazas, intimidaciones y agresiones de que son objeto defensores y defensoras de derechos humanos en el estado de Guerrero. La impunidad no puede ser más la respuesta oficial ante estos hechos. Las autoridades del estado tienen importantes explicaciones que dar, no solo ante la sociedad guerrerense, sino ante la comunidad nacional e internacional que ha manifestado en repetidas ocasiones su consternación por estos hechos. Y sobre todo, deben las autoridades tomar medidas urgentes si en verdad desean enviar un mensaje de compromiso con los derechos humanos.
Amnistía Internacional continuará denunciando públicamente, nacional e internacionalmente, la arbitrariedad que significa el encarcelamiento de Raúl Hernández.
Agradecemos y admiramos profundamente la valentía con que la OPIM ha enfrentado los abusos del poder, a través de la organización comunitaria. Sepan que miles de activistas, miembros y simpatizantes de Amnistía Internacional en todo el mundo alzan la voz de diferentes maneras para juntos y juntas reivindicar la dignidad humana.
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