Indica análisis que el año pasado se registraron 143 abusos cometidos por el Ejército
Recrimina que ninguno de los casos denunciados tenga una respuesta favorable
LAURA REYES MACIEL ( )
Aunque el año 2009 fue catalogado como el año en el que se vigorizaron y fortalecieron las organizaciones sociales en Guerrero, por igual terminó con una imagen desoladora y evidentes actos de represión del Ejército mexicano y el gobierno del estado contra los defensores de los derechos humanos y sectores indígenas de las comunidades más apartadas, concluyó en un análisis el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
En un balance de los hechos más lamentables registrados el año pasado, esa organización no gubernamental destacó la incursión de las fuerzas castrenses a poblados bajo el “pretexto” del combate bélico contra el narcotráfico y la lucha contrainsurgente, lo que ha dejado en la entidad “graves consecuencias”, documentadas algunas ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum): 143 violaciones cometidas por militares, entre torturas y homicidios.
“Desde el 20 de diciembre de 2008 cuando aparecieron decapitados ocho militares (en Chilpancingo), el Ejército tomó el control de varias ciudades. Sin ningún contrapeso y monitoreo por parte de las autoridades civiles, allanaron domicilios, detuvieron ilegalmente a varias personas, las intimidaron, las amenazaron, algunas sufrieron lesiones y torturas”, precisa el análisis.
En las cifras concretas registradas por la Coddehum, tan sólo en 2009 se documentaron 143 casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército, sobresaliendo los allanamientos de morada, que ascendió a 95 casos.
Asimismo se registraron 57 detenciones arbitrarias, relacionadas con el ejercicio; 38 casos de robos, 27 de intimidación, 32 de lesiones, 17 de daños, 13 de amenazas, seis de tortura y uno de homicidio.
Tlachinollan reprochó que todos esos casos, documentados legalmente por sus miembros, fueron turnados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), instancia que hasta la fecha no ha informado cuántas recomendaciones ha emitido para investigar a los responsables y sancionarlos ante las autoridades competentes.
Ejército, igual a amenaza
Todos esas violaciones, cometidas sólo en un año, ha dado como resultado que el poder del Ejército mexicano se vea como una amenaza constante para la población, sobre todo la que se encuentra en las regiones de la Costa Grande, Tierra Caliente y la Costa Chica.
“Se ha transformado en una amenaza para la sociedad en su conjunto, porque emerge como un poder de facto que no tiene ningún control legal ni social y sólo propicia la confrontación, elevando los niveles de violencia, debilitando al mismo tiempo a las instituciones democráticas. La militarización en nuestro estado se ha extendido no sólo contra la delincuencia organizada y el narcotráfico”, alerta dicha organización.
Crímenes sin castigo
Además, incluyeron un recuento de casos evidentes de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales como las de Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce, indígenas de Ayutla; la criminalización a los defensores de derechos humanos como Máximo Mójica, David Valtierra y Javier Monroy. Dos casos recientes son las amenazas telefónicas que han sufrido los miembros del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), por su trabajo persistente de denuncia sobre casos de desaparecidos
También integraron el homicidio de quien fuera presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, que a meses de su asesinato, no se han arrojado “avances serios en las investigaciones ministeriales, por el contrario, se ha permitido la denigración de su imagen y de su trayectoria política”, lo que para Tlachinollan es el reflejo del poco profesionalismo de las autoridades que generan animadversión y desconfianza hacia el órgano investigador.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía Popular
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