domingo, 3 de enero de 2010

En 2009, violación a derechos humanos en todos los rubros


Escrito por RAÙL MORALES VELÁZQUEZ
Sábado, 02 de Enero de 2010 00:00

CUERNAVACA. Como parte del balance sobre la situación de los derechos humanos en Morelos en el año 2009, la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre la situación que prevalece en el estado de Morelos, concluyendo que hay violación de derechos en todos los sectores de la población.

José Martínez Cruz y Juliana García Quintanilla voceros de la CIDH y de la Red Todos los Derechos para Todos respectivamente realizaron un balance en los que en materia de derechos humanos y señalaron que “en el camino hemos encontrado muchas personas que han sido afectadas en sus derechos humanos y denunciado la constante agresión que se vive en pueblos y comunidades indígenas, hemos acompañado la lucha por la tierra y la defensa del medio ambiente, la autonomía y el derecho a decidir de las mujeres en sus cuerpos y sus vidas, documentado la militarización con sus agresiones físicas y allanamiento de domicilios particulares, detenciones arbitrarias, ejecuciones y tortura, en este año que termina se han documentado ampliamente la criminalización de los movimientos sociales, retomado en el reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que da cuenta de varios casos, entre los que se documenta la agresión vivida por Cristóbal Martínez, ayudante municipal de San Antón en Cuernavaca y la represión contra el magisterio y el pueblo de Xoxocotla”, entre otras cosas.

En su informa anual mencionan la “violencia feminicida” creciente, en donde argumentan que los asesinatos en contra de mujeres han marcado a Morelos como un estado donde la vida de las mujeres está en grave riesgo. “Hay un incremento en la violencia sexual contra las mujeres y contra defensoras de los derechos humanos como resultado de la militarización que el Estado mexicano está promoviendo en distintas partes del país en la lucha contra el narcotráfico, lo que indica que el Estado simula que hace algo para recibir recursos, pero en realidad no hay la voluntad de combatir el problema de violencia de género de manera efectiva, como quedó documentado en el informe presentado por Amnistía Internacional”, además detalla sobre las ejecuciones extrajudiciales encubiertas en contra de jóvenes detenidos, desaparecidos y ejecutados, mismos que se ha incrementado de forma grave y se ha encubierto con supuestos enfrentamientos entre bandas criminales, cuando en más de siete de esos 38 casos documentados en 2009 se ha comprobado la participación de elementos policíacos y militares.

“El caso de la ejecución extrajudicial de uno de los principales dirigentes del Concejo de Pueblos de Morelos indica el grave riesgo en que se encuentran quienes participan en los movimientos sociales en Morelos, Miguel Ángel Pérez Casales, indígena de la comunidad náhuatl de Santa Catarina, del municipio de Tepoztlán, Morelos, fue asesinado el 31 de octubre de 2009 y seguimos exigiendo una investigación a fondo y de manera imparcial para establecer con claridad los móviles del atentado y localizar a los responsables de privarle la vida, ya que hasta el momento permanece en la impunidad este crimen”.

La militarización en Morelos ha cobrado vidas de manera creciente

Para ilustrar las consecuencias de la militarización, la CIDHM expone el caso de Oswaldo Sánchez Cabrera, quien falleció a consecuencia de las heridas de bala de calibre 7.62 de uso exclusivo del Ejército, el 20 de septiembre pasado, en un retén instalado en el poblado de Apuyeca, en Xochitepec, Morelos. Ante estos hechos la familia presentó una denuncia penal contra elementos de la 24 Zona Militar, misma que dio origen a la carpeta de investigación SC01/7513/0.

Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aceptó integrar las quejas por presuntas violaciones cometidas por elementos del Ejército Federal Mexicano, denunciadas por las familias Zamora Gómez y Jaimes por los allanamientos, detenciones arbitrarias, tortura, privación ilegal de la libertad, robo, entre otras violaciones a sus derechos humanos cometidas en los municipios de Cuernavaca y Jiutepec, del estado de Morelos.

En sendos oficios recibidos por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, la CNDH notificó que ambas quejas quedaron integradas con número de expediente CNDH/2/2009/3978/Q en el caso de la familia Zamora Gómez, y con el número CNDH/2/2009/3799/Q en el caso de los primos Silverio Iván Jaimes Filio y Jorge Raúl Jaimes Jiménez, por hechos ocurridos en el mes de agosto de 2009, sin embargo, se sigue utilizando la vía de la justicia militar para investigar estos casos, lo que ha significado la garantía de impunidad en la mayoría de estos casos.

El 22 de marzo cerca de media noche tanquetas y vehículos artillados del Ejército Mexicano de la 24 Zona Militar tomaron por asalto el centro del pueblo de Ocotepec, comunidad indígena ubicada al norte de Cuernavaca, Morelos, en donde impusieron un férreo control mediante el emplazamiento de metralletas y armas de grueso calibre, deteniendo y sometiendo a 15 elementos de la Ronda de Vigilancia de Ocotepec, tomando a punta de pistola las instalaciones de la Ayudantía Municipal.

Los activistas sociales consideraron que el sistema de justicia está en crisis. Los datos son devastadores, sólo se denuncia uno de cada cuatro delitos y de los denunciados el 97% quedan en la impunidad.

Ante todo ello ahora más que nunca le toca a la sociedad civil responder al discurso oficial con la verdad: con los hechos, la documentación de casos, los testimonios de las víctimas y con las estadísticas recabadas a partir de los hechos al nivel nacional y estatal que dan cuenta del panorama de los abusos cometidos en el marco de los operativos de seguridad pública. Hasta que el Estado se muestre capaz de reconocer la gravedad de la situación y responder poniendo fin a la impunidad, serán necesarias iniciativas civiles como la presente, acciones conjuntas para fortalecer la capacidad de la sociedad para demandar un país de respeto por las garantías fundamentales, del estado de derecho conforme a las obligaciones libremente contraídas por el Estado en materia de derechos humanos. Por un país de no más abusos.

Fuente: La Jornada de Morelos
Difusión: Soberanía Popular

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