Nelly Olivos
nelly24olivos@yahoo.com.mx
En materia de defensa y promoción de un ejercicio periodístico sin restricciones, se ha recurrido al apoyo de instancias internacionales para que dicho tema sea primordial de la política nacional. Por ello, los relatores de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue, visitan nuestro país de forma oficial.
Se tiene contemplada una agenda amplia de entrevistas con integrantes de organizaciones civiles, periodistas y autoridades. Por ejemplo, para el 11 de agosto, en el marco de la sesión de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se tiene planeado una reunión con ambos personajes y en la que probablemente se discuta un mecanismo de protección para periodistas.
Eduardo Bertoni, entonces relator de la CIDH, visitó México en 2003 y entre sus recomendaciones destaca la lucha contra la impunidad:
“La falta de investigación sobre actos de intimidación contribuye a crear un ambiente de amedrentamiento para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e investigación en los estados señalados, desalentando la denuncia de actos violatorios de los derechos humanos o llevando a la autocensura. A su vez, tiene un efecto directo sobre la libertad de expresión al enviar un mensaje alentador a los perpetradores de dichos crímenes, quienes se encuentran amparados bajo la ausente o lenta investigación, permitiéndoles continuar con su accionar”.
Observación que el gobierno mexicano ha estado lejos de cumplir, pues de nueva cuenta en el marco del Examen Periódico Universal, febrero de 2009, los integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU señalaron que la nación mexicana tenía que “investigar los casos de agresiones y actos de violencia y amenazas contra periodistas y defensores de los derechos humanos, a fin de someter a la justicia a los autores, e intensificar los esfuerzos para garantizar que la investigación de las agresiones contra los defensores de la libertad de expresión se haga a nivel federal.”
Así que ya podemos esperar que entre las “nuevas recomendaciones” emitidas por Catalina Botero y Frank La Rue se encuentre la exigencia de investigar los crímenes contra periodistas y de nuevo la promesa de la autoridad para llevar a cabo su labor investigativa con profesionalismo y eficacia.
Es de esperar que las autoridades correspondientes traten de justificar su labor en defensa de la libertad de expresión con la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y que sustituye a la anterior Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, instancia que fue criticada constantemente por organizaciones y periodistas al no considerar deleznable el procedimiento de investigar primero a las víctimas antes que a los victimarios.
El optimismo
La apuesta por la presión internacional para forzar a las autoridades a asumir su responsabilidad ante el tema de los agravios contra la libertad de expresión llevó a que la Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en contra de Periodistas y Medios de Comunicación visitara México en 2008.
El trabajo de los 13 organismos internacionales que conformaron dicha misión concluyó con el informe Libertad de prensa en México: La sombra de la impunidad y la violencia.
Ante el angustioso panorama que enfrentan los periodistas mexicanos están los oídos sordos de las autoridades, por lo que los organismos civiles apuestan por la presión internacional para que se tomen cartas en el asunto.
Así lo deja ver Brisa Solís, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), al señalar que “se esperan recomendaciones muy concretas al Estado” y que la situación actual se dé a conocer a nivel internacional ya que “lamentablemente, el gobierno mexicano hace caso muchas veces a partir de que hay presión desde fuera, dado que no estamos siendo escuchados aquí, esperamos que las recomendaciones sirvan para que la comunidad internacional sepa lo que está pasando en México”.
Labor que ha mantenido ocupadas a las organizaciones no gubernamentales, pues luego de estar presentes en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Cencos y la organización Artículo 19 participaron en la audiencia sobre libertad de expresión de la CIDH; mientras que por su parte la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos los casos de homicidio de los periodistas Héctor Félix Miranda, Víctor Manuel Oropeza y Benjamín Flores, asesinados en 1988, 1991 y 1997, respectivamente. La SIP también ha presentado el caso de Alfredo Jiménez Mota, desaparecido en 2005
Aunque es mucho el optimismo que diferentes organizaciones tienen en estos mecanismos internacionales, es necesario señalar que tales instancias no son la panacea que permitirá terminar con la impunidad en materia de crímenes contra periodistas. Por ejemplo, la Corte Interamericana informó que en el caso de Benjamín Flores “no puede dar trámite al caso porque no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna"..
Aparte de los tecnicismos legales y reglas, es necesario tomar en cuenta que la Corte Interamericana recibe, en promedio, 2 mil casos al año y emite unas 10 sentencias en el mismo lapso.
Tanto Artículo 19 como Cencos estimaron que ante el panorama adverso que enfrentan los periodistas en nuestro país (desde el año 2000 son 67 profesionales de los medios de comunicación los que han perdido la vida y 11 se encuentran desaparecidos desde 2003) es necesario aprovechar todas las herramientas y recursos que permitan garantizar un libre ejercicio de nuestra profesión, sin esperar que mágicamente se resuelvan los conflictos que enfrentan los trabajadores de los medios de comunicación. Esperemos, pues, las recomendaciones de Catalina Botero y Frank La Rue para exigir a las autoridades su cumplimiento expedito.
Fuente: Forum
Difusión: Soberanía Popular
No hay comentarios:
Publicar un comentario