Después que salieran bajo fianza de la cárcel de Temuco, ciudad capital de la chilena región de la Araucanía, dos comuneros mapuche informaron que mantendrán medidas de presión en apoyo a la treintena de presos de esa comunidad indígena de Chile que mantienen huelga de hambre de más de dos meses.
"Nosotros no hemos reconocido nada y vamos a seguir en la huelga hasta el final", afirmaron Sergio Catrilaf y Pablo Canío ante la prensa luego de que se concretara su puesta en libertad este martes.
Catrilaf explicó que con la libertad que les otorgó el Juzgado de Garantía de Temuco "va quedando demostrado que ya es insostenible la mentira del Ministerio Público".
Indicó que la liberación es un ejemplo de que los indígenas no son un peligro para la sociedad y sostuvo que han planteado "la revolución de ideología mapuche", desde su propia cosmovisión y "jamás la violencia política o la revolución armada".
"Una vez más los fiscales están reconociendo que no somos un peligro para la sociedad, nosotros jamás hemos planteado siquiera el concepto de la violencia política", sostuvo el comunero.
Por otro lado, en Chile, intereses económicos podrían influir en la aplicación al pueblo mapuche de la Ley Antiterrorista, instrumento heredado de la dictadura militar del general Augusto Pinochet (1973-1990).
El grupo Matte, empresa dedicada al sector forestal en el país austral, ha sido una de las corporaciones más acusadas por el caso de los mapuche, que exigen volver a tener acceso a sus tierras ancestrales.
A esta empresa se le ha señalado de ocupar tierras reclamadas por los indígenas. Del mismo modo, al grupo Matte se le ha denunciado por causar graves daños ambientales, con la expansión de monocultivos forestales, industrias de celulosa y energéticas.
"Dentro de los espacios territoriales que se reclaman, existen lugares de significación cultural, social, espiritual-religiosa Mapuche", indica el sitio Web Mapuexpress. El grupo pertenece a la familia Matte-Larraín, integrada por tres hermanos y su madre.
En el contexto de la aplicación de la Ley Antiterrorista, 32 indígenas fueron puestos a la orden de la Justicia chilena por sus protestas a favor del reconocimiento de sus tierras, en manos de empresas privadas.
Desde el 2009, la región en la que se asienta la comunidad mapuche permanece militarizada, situación que es rechazada por los indígenas chilenos. Los originarios demandan un proceso judicial justo y rechazan la Ley instaurada durante la dictadura de Pinochet.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) le aconsejaron a Chile que realizara una revisión de la cuestionada legislación, por considerar que perseguía "a miembros de las comunidades indígenas, en particular la mapuche".
Fuente: TeleSur
Difusión: Soberanía Popular
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