Es desaparición forzada y no “levantón”

Escrito por Marco Aurelio Palma Apodaca y José Martínez Cruz

Desaparecidos bajo los presidentes:

Gustavo Díaz Ordaz (1964 - 1970): uno

Luis Echeverría(1970 - 1976): 337

José López Portillo (1976 - 1982): 179

Miguel de la Madrid (1982 - 1988): 20

Carlos Salinas de Gortari (1988 - 1994): 12

Ernesto Zedillo (1994 - 2000): 11

Vicente Fox (2000 - 2006): uno

Felipe Calderón (desde 2006): al menos 4*

*Cifras basadas en el registro del Comité Eureka y en la prensa

Son el número de personas desaparecidas por cuestiones políticas en cada sexenio en México desde que tuvo lugar la primera, la de Epifanio Rojas, profesor, en 1969. Desde entonces bajo todos los presidentes mexicanos sin excepción se han aplicado como estrategia antiinsurgente.

Sin embargo la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y este país ha ratificado los acuerdos internacionales para erradicarla. El propio gobierno de Felipe Calderón firmó hace dos años la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Sin embargo la continuidad de esta práctica y sobre todo la denegación de justicia en México ha causado que la desaparición forzada en México llegase hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Aunque el mayor número de desaparecidos se dieron durante los años de la llamada guerra sucia, el registro del Comité Eureka sigue sumando y ya han llegado a los 565 desaparecidos políticos –son las cifras modestas pues hay quiénes hablan de miles de casos– sin que a la fecha alguno de los responsables haya sido juzgado. La impunidad perpetua que este crimen de lesa humanidad se siga cometiendo. El gobierno de Calderón ya tiene un lastre de cuatro desaparecidos políticos como tales pero junto a estos, ya sea a manos de la policía o a través de paramilitares, desde la frontera sur en Chiapas hasta en el norte en Chihuahua, aumentan los asesinatos de activistas y políticos y los ataques a periodistas, encubiertos por el cajón de sastre de la narcoviolencia.

“Ahora en lugar de desapariciones, se les dice ‘levantones’ del crimen organizado. Aunque hay cosas que recuerdan escuadrones de la muerte. En Chihuahua por ejemplo, llega un grupo armado y mata a un grupo de estudiantes que están festejando, ¿pero qué es eso? Ya no se puede diferenciar a un sicario de un marino”, explica Rosario Ibarra, quien asegura que detrás de la guerra contra el narcotráfico hay mucha represión a la protesta social.

Durante los años 70 y 80 se sucedieron los golpes de Estado en América Latina que se saldaron con miles de muertos, presos y desaparecidos políticos. Mientras tanto México se erigía como un oasis de estabilidad socialdemócrata que acogía los exiliados del resto del continente. Sin embargo, detrás de esa fachada internacional, a nivel interno el país se fracturaba después de décadas de partido único y una pobreza y corrupción enquistada. Las universidades eran un hervidero y aparecieron 29 guerrillas urbanas y campesinas. En este marco, el gobierno implementó el terror de Estado disfrazándolo de paramilitares y escuadrones de la muerte en lo que se conoce como guerra sucia. Saltaron a la luz pública las masacres de Tlatelolco en el 68 y la del Jueves de Corpus en el 71, donde grupos paramilitares conchavados con la policía y el ejército golpearon y asesinaron a centenares de estudiantes, pero fuera de plano también hubo miles de ejecuciones extrajudiciales y al menos 534 desaparecidos documentados. 40 años después siguen impunes y silenciados.

Uno de los casos más mediáticos es el de Jesús Piedra Ibarra, quien ya lleva 35 años desaparecido. Fue detenido por la policía el 18 de abril de 1975 en Monterrey por pertenecer a la guerrilla Liga Comunista 23 de Septiembre. Tenía 21 años y estudiaba medicina. Nunca fue presentado a las autoridades competentes, nunca lo vio un abogado, nunca tuvo un juicio. Poco después de su captura fue llevado a un prisión clandestina y torturado. Y la misma suerte corrieron los otros 533 militantes de izquierda que desaparecieron entre el 1969 y 1981, durante los mandatos de Gustavo Díaz Ordaz y Luís Echeverría.

Sin embargo, Ibarra nunca se dejó abatir y a las pocas semanas se mudó a la Ciudad de México para enfrentarse a todos las instituciones, mandos militares y cárceles legales y clandestinas donde pudo acceder. “Fue un viacrucis terrible, sola en esta ciudad y tocando todas las puertas”. Pero bien que las tocó, pues a los tres años ya había organizado un grupo de mujeres, madres, esposas o hermanas de desaparecidos de todo el país. Era el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados de México, conocido como Comité Eureka. En Morelos, José Ramón García Gómez fue desaparecido el 16 de diciembre de 1988 y así continúa hasta la fecha.

Ante la situación alarmante de violaciones a los derechos humanos y el incremento de casos de desapariciones forzadas en nuestro país, organizaciones de derechos humanos, sociales y de familiares de víctimas, convencidos de la importancia y la necesidad imperante que existe en estos momentos de hacerle frente a delitos como éste, decidimos emprender un esfuerzo y realizar actividades conjuntas, poniendo en el centro nuestro objetivo común, que es lograr la presentación con vida de todos los desaparecidos del país, así como el castigo a los responsables.

En este sentido, una de las primeras tareas que se plantea desarrollar es una campaña nacional contra las desapariciones forzadas en México, la cual tiene como finalidad exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país, sin importar si fueron víctimas de este delito por motivos políticos o no. Poniendo como punto primordial que el esclarecimiento de todos los casos de desapariciones forzadas, son responsabilidad única y exclusiva del Estado y por lo tanto la exigencia debe ser dirigida hacia él.

De esta manera, las organizaciones que hemos iniciado estas tareas creemos necesario hacer extensiva la invitación a otras organizaciones interesadas en esta problemática, pues sólo la unidad de esfuerzos y experiencias podrá brindarnos las herramientas necesarias para obtener resultados. Por ello reiteramos el llamado a todas las organizaciones de nuestro país a sumarse a esta campaña que se está gestando, y que se tiene pensado inicie el 30 de agosto de 2010 (día del detenido-desaparecido) así como a otras tareas que se pretenden desarrollar en el marco de esta campaña .

cidhmorelos@gmail.com

Fuente: La Jornada de Morelos

Difusión: Soberanía Popular