Patricio Cortés
pcortesc@yahoo.com.mx
* El manejo de las presas por la CNA fue determinante en Tamaulipas * No es la primera ocasión que se inunda Monterrey * Preocupantes declaraciones de Luege Tamargo * Se pueden fincar responsabilidades penales * Enorme retraso en obras hidráulicas en Tabasco * Advierten sobre una gran inundación para octubre * Falta mantenimiento a las presas * El gobierno federal trabaja en la inmediatez
Nuevamente lluvias “atípicas” han inundado amplias zonas del país, nuevamente los recursos para atender a los damnificados son insuficientes y fluyen lentamente. Hay serias dudas sobre la capacidad de prevención del gobierno mexicano.
Apenas en 2007 vimos a Tabasco inundado casi en su totalidad por las lluvias “atípicas”. En 2008 y 2009 la misma entidad repitió el problema en Contalpa y en la Zona de los Ríos, respectivamente. No es la primera vez que Monterrey se inunda en esta década y hoy muchos se preguntan cuántas veces más sucederá.
En la revista Forum (número 175, marzo de 2008), el ingeniero Mario Govea Sansón, coordinador de Energía Eléctrica del Instituto de Investigaciones y Estudios de Energía, declaró: “Por qué crees que fue lo de la inundación de Tabasco, por cumplirles con sus utilidades, con la generación, lo que ellos deben de percibir. Entonces cuando se vino el problema de la inundación fue porque ya no podían sostener, tenían que generar al máximo y abrir las compuertas. Eso ya lo sabía (Alfredo) Elias Ayub desde el año pasado y lo reconoce en el proyecto de obras de inversión y ¿quién les hace algo? Mejor corrieron a Carmen Aristegui (de Hoy por Hoy en W Radio) por haber sacado esa nota el 19 de noviembre”.
Tan sólo el pasado 8 de julio, en Tamaulipas (uno de los estados recientemente afectados) el gobernador Eugenio Hernández reprochó a las autoridades federales el manejo de las presas que fueron determinantes en la inundación.
Incluso Sabás Campos, director de la Comisión Estatal de Agua, exigió públicamente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que entregara en tiempo y forma información sobre la evolución hidrométrica de las cuencas. Recordó que la extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos las vaciaba al 20 por ciento cuando empezaban las lluvias para evitar inundaciones, asegurando que había sobre almacenamientos cuando se desbordaron.
Lo más preocupante fue la declaración del titular de la Conagua, José Luís Luege Tamargo, sobre la ingerencia de intereses privados: “hay serias dificultades políticas a la hora de tomar decisiones por los propios intereses de los distritos de riego, donde la Conagua requiere la participación del gobierno estatal y saben perfectamente cuál es la dificultad a la hora de tomar una decisión de vaciado de las presas”.
Ante esto el presidente de la Unión Nacional de Juristas, Eduardo Miranda Esquivel dijo a Forum que de comprobarse la negligencia hay una responsabilidad por acción u omisión y se pueden fincar responsabilidades civiles o penales a los funcionarios involucrados. Incluso dijo que si alguien recibe daños en su patrimonio por el mal estado de la infraestructura gubernamental debe ser indemnizado.
“El gobierno no solamente tiene la obligación política sino legal de indemnizar a quienes se hayan visto afectados”, advierte el jurista afirmando que “la falta de previsión que es una obligación del Estado y también incurre en responsabilidades”.
El instrumento financiero del gobierno federal para afrontar este tipo de contingencias es el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), sin embargo ya se anunció que estos recursos se han agotado. Eduardo Miranda Esquivel aclara que aunque se agote el Fonden se pueden hacer los ajustes para que haya el dinero para las indemnizaciones, por ejemplo se pueden reetiquetar recursos.
Otro caso donde comúnmente vemos inundaciones es en Valle de Chalco, estado de México, en cuyo caso fincar responsabilidades “es mucho más complicado porque se debe a una mala planeación, donde es más difícil determinar a los responsables”, reconoce el jurista.
Aclara que aunque la Constitución no habla directamente de la indemnización en estos casos, sí hay distintos ordenamientos jurídicos que hablan de ello, así como de responsabilidades económicas, legales e incluso penales. Por lo consecuente, cuando son funcionarios menores pueden ser juzgados en los tribunales y en caso de altos funcionarios podría proceder el juicio político.
Por su parte Francisco Alcibíades García Lizardi, presidente de la Comisión de Protección Civil del Senado de la República, advierte que en Tabasco puede volver a ocurrir una gran inundación, pues no se han hecho los trabajos de infraestructura pertinentes.
“Hoy en día (tercera semana de julio) solamente se ha cubierto de la obra prometida presupuestalmente entre el 15 y el 17% y las grandes lluvias en Tabasco se van a dar entre octubre y noviembre, a finales de este año tendremos problemas”, sentencia.
“Parece que nos sorprendemos con los fenómenos que estamos viviendo, pero el gobierno federal no está atendiendo con la responsabilidad del caso, las obras de infraestructura hidráulica que requiere el estado de Tabasco y vendrán las lamentaciones si no prevenimos y hacemos la inversiones adecuadas. Nos gana la prioridad de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, pero Tabasco es un problema latente”.
Respecto a la polémica sobre el manejo de las presas, el senador opta por guardar distancia: “Ahí sí técnicamente yo no me atrevería a hacer ningún juicio, ni darle ninguna información porque no es mi papel. El papel de la comisión es muy claro, legislar en materia de protección civil. Tenemos una propuesta de ley para que los recursos del Fonden fluyan de manera más ágil porque los reglamentos actuales son todas las trabas del mundo”.
El legislador opina que ha habido irresponsabilidad de los gobiernos municipales al autorizar la construcción de casas y mercados en lo que es el cauce de un río, pero nos dice que no hay ninguna iniciativa para prohibirlo a nivel federal: “No lo contemplamos porque la autonomía de los estados es evidente. Cada estado tiene su propia Constitución y sus propios reglamentos”.
En el mismo tenor, Francisco Alcibíades García Lizardi trae a colación los desastres ocurridos en la entidad que lo eligió: “Tanto desastre nos demuestra que algo hemos hecho mal. En Baja California el 4 de abril tuvimos un terremoto que destruyó los sistemas de abasto, pero como no hubo muertos no hay gran espectacularidad mediática (7.2 grados, o sea más intenso que el de Haití). Es una zona sísmica que de alguna manera la hemos contagiado con la planta de energía que tenemos en Cerro Prieto, porque le hemos generado algunos problemas al subsuelo por la extracción de vapores para generar energía eléctrica, que además toda va hacia Estados Unidos. Está participando activamente, esa planta, con fisuras en la falla Cerro Prieto-Valle Imperial”.
Desde otra trinchera Gustavo Castro Soto, coordinador de la organización Otros Mundos Amigos de la Tierra, considera que el incremento de las inundaciones se debe al exceso de presas y represas, pues tan sólo en el país hay medio millar.
Sobre las inundaciones afirma: “Ahora con ese calentamiento global no se puede calcular, en un patrón constante, la cantidad de precipitación pluvial en las cuencas porque o va a haber más o va a haber menos inundaciones o sequías. No garantizan seguridad para la población”.
El activista afirma: “Nos va quedando cada día más claro que las presas no son sustentables. El 60% de los ríos del mundo se ha represado rompiendo ciclos hidrológicos, acabando con humedales y manglares. El 30% de los peces de agua dulce ha desaparecido a causa de las presas que generan el 5% del calentamiento global”.
Advierte que existe la posibilidad de que haya importantes inundaciones en Chiapas (donde radica) y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende construir otras cinco presas a partir de 2012, las cuales no son necesarias: •“La auditoría que hizo la Federación el año pasado a la CFE, arroja que se utilizó el 45% de la capacidad eléctrica instalada en el país. Una de las razones es que la generación se ha ido privatizando, sin embargo pretenden construir más presas”.
“El problema no son las presas en sí mismas, sino el modelo que sustenta esa forma. Para controlar inundaciones lo mejor es dejar los ríos vivos y que el ciclo hidrológico viva su ciclo normal. Cuando se hacen represas para controlar inundaciones es porque se construyen poblaciones en lugares naturalmente inundables para recarga de acuíferos. A la hora de hacer una presa para controlar inundaciones agravas el problema porque eso implica deforestar poblaciones y aumenta el cauce por no haber capa vegetal; eso incrementa el volumen de agua y es un circulo vicioso”, expone.
Manifiesta que hay otras opciones para dotar del agua necesaria a las ciudades: “Tenemos que cambiar el modelo de planeación urbana, por ejemplo en muchas ciudades se pueden invertir los recursos de la construcción de una presa en sanear todas las tuberías, pues hay ciudades donde la mitad del agua que entra se va por mal mantenimiento. Hay otras formas de planeación urbana incluso incentivos fiscales por captación de agua de lluvias”.
A esto se suma la falta de mantenimiento de las presas, sobre todo las concesionadas: “El desazolve de presas es sumamente caro y casi ningún país está dispuesto a gastar dinero en eso. Por eso a los 30, 35 años las presas concesionadas regresan al Estado porque hay tanto sedimento que ya no es costeable. Lo que hacen es levantar la cortina más, inundar más terreno porque es más barato y la otra es abandonar las presas y hacer otra en otro lado. En la medida que hay mayor deforestación, hay mayor sedimento porque no hay capa vegetal que detenga la tierra y la arena”.
Reconoce que con la creciente privatización del agua los riesgos aumentan pues los capitales privados toman aún menos medidas de seguridad para garantizar la ganancia. “Además de eso están privatizando el agua, están promoviendo las pequeñas microhidroeléctricas para las empresas. Eso está implicando privatizar el derecho de los ríos con una concesión sobre el agua superficial y evitar que la gente tenga acceso al agua en los ejidos, violentando el derecho de tener acceso y calidad de agua”, denuncia el activista.
De acuerdo con el Centro de Investigación Mario Molina es un hecho que la Tierra se sobrecalentará en más de un grado (puede llegar a niveles mucho más altos si no se toman ya medidas correctivas) y eso se verá reflejado en mayores huracanes.
En la exposición de motivos del proyecto de Ley General de Protección Civil, recién elaborado por el Senado, se reconoce que tan sólo en la agricultura se pierden 2 millones de hectáreas anuales por los efectos de los huracanes.
Los resultados de cada uno de estos “desastres naturales”, demuestran que seguimos con la guardia abajo. La pregunta es ¿aprenderemos algún día?
Fuente: fórum
Difusión: Soberanía Popular
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