Miércoles, 24 de Noviembre de 2010 00:00
Escrito por Agencias
CÓRDOBA, ARG. La dictadura argentina (1976-83) puso en pie una maquinaria organizada desde el poder estatal que desplegó una metodología de tormentos, dijo una querellante al iniciarse ayer martes los alegatos en un juicio en la ciudad de Córdoba (centro) contra el ex dictador Jorge Videla y otros 30 acusados.
“Se trató de una maquinaria organizada de poder estatal, que actuó al margen del ordenamiento jurídico, (...), donde la cárcel se transformó en un campo clandestino de detención”, describió María Elba Martínez, abogada del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) de la provincia de Córdoba.
Martínez, representante de 13 de las 31 víctimas, cuyos asesinatos perpetrados en la Unidad Penitenciaria (UP) 1 de Córdoba se analizan en este juicio, resumió ante el tribunal que “en la cárcel se desplegó una estructura metodológica de tormentos”, entre los que citó “golpes y golpizas que en más de una vez generaron hemiplejía” y “la falta de alimentación adecuada”.
Agregó que “en el aspecto psicológico generaban un estado de humillación continua, la desnudez a la que eran obligadas las mujeres en las requisas, el manoseo o las acciones depredadoras. Y situaciones de amenaza continua (...) que generaba un estado de pánico y horror permanente”.
Videla, de 85 años, como jefe de la dictadura (1976-81) y Luciano Menéndez, de 83, como ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército con jurisdicción sobre 11 provincias, son los dos mayores jerarcas acusados junto a policías y otros militares en el juicio por el asesinato de 31 presos políticos en Córdoba.
La abogada del Serpaj inició con su acusación la serie de alegatos de los querellantes que seguirá el miércoles y el jueves, mientras que la fiscalía presentará el suyo el martes 30 y al día siguiente lo harán las defensas de los imputados.
En su exposición, Martínez y su colega Hugo Vaca Narvaja recordaron ante el tribunal la metodología utilizada para fusilar opositores, acusación central de este juicio iniciado el 2 de julio pasado, consistente en aplicar la llamada ley de fugas al matar a los presos indefensos durante presuntos intentos de fuga.
“Llegar a esta instancia es como un sueño, algo que pensamos en varios momentos de la vida que no iba a ser posible”, dijo Vaca Narvaja, cuyo padre –también abogado– fue uno de los fusilados en la UP1 el 12 de agosto de 1976.
El abogado precisó que en el alegato “vamos a explicar fehacientemente y dar datos concretos de cómo el exterminio fue para cambiar las relaciones sociales y económicas”, al sostener que “las cosas suceden en un marco histórico y político con fines absolutamente claros”.
“En este momento estamos juzgando a los responsables materiales del genocidio. O sea, los militares fueron el brazo armado del genocidio. Pero el genocidio fue planificado en otros estratos sociales y creemos que es una tarea pendiente para la justicia investigar estos estratos”, advirtió.
Unas 30 mil personas desaparecieron en la dictadura, según organismos humanitarios.
Vaca Narvaja estimó que durante el juicio “ha quedado acreditado de manera indubitable la complicidad tanto de la Iglesia como de los grupos económicos y de la justicia que tenía a cargo los presos y sabía perfectamente que existía en Córdoba un campo de concentración como el de Auschwitz en Alemania y nada hacían al respecto”.
En Córdoba, a 700 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, funcionó además el centro de exterminio de prisioneros políticos La Perla, por donde pasaron unas tres mil personas.
Videla fue condenado a prisión perpetua por un tribunal civil en el histórico Juicio a la Junta de Comandantes en 1985, aunque fue indultado en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999). Pero su juicio se reabrió después con varias causas, entre ellas la del robo de unos 500 bebés a sus padres desaparecidos.
Fuente: La Jornada de Morelos
Difusión: Soberanía Popular
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