Lunes, 01 de Noviembre de 2010 00:00
Escrito por Cecilia González Arenas
Hace algún tiempo el diputado Pablo Escudero del PVEM presentó la iniciativa de reforma al artículo 91 de la Ley del IMSS, que proponía entregar vales a los derechohabientes del Instituto cuando no hubiese el medicamento en la institución. Algunos medios de comunicación lo dieron a conocer; pero con el país tan agitado por las masacres, inseguridad y violencia generalizada, no se volvió a tratar el tema. Ahora es una reforma a la ley controversial y muy cuestionada porque las posturas de las bancadas de diputados son opuestas. Al parecer, el Senado se tomará su tiempo para estudiar su aprobación, lo cual es esperanzador.
El PRI apoyó de inmediato al PVEM aduciendo que no podrían oponerse a que los enfermos obtuvieran las medicinas que les son indispensables, cuando la institución carezca de ellas. El argumento es impecable; pero hay varios aspectos que no se tomaron en cuenta: la diferencia de costos de los medicamentos, ya que al mayoreo como seguramente los adquiere el IMSS, cuestan mucho menos que en las farmacias particulares que surtirían los vales. Para el investigador Alberto Barranco, si una medicina cuesta de mayoreo 10 pesos, en las farmacias se vende a 80, precio que sería cobrado al Seguro Social, lo cual constituiría un gran negocio para las farmacias.
El 22 de octubre tuvo que suspenderse la sesión por la negativa de la izquierda a aceptar la reforma que, dijeron, sería una trampa privatizadora ya que el Instituto debe contar con los medicamentos que necesita y no otorgar vales para beneficio de intereses particulares. Se empezó a nombrar a la citada reforma como la “Ley Simi”, en clara alusión al parentesco del dirigente del PVEM con el dueño de la cadena de farmacias de similares y otras. Podría pensarse que los vales fuesen para medicinas de patente que son mucho más caras; pero prevalecería la tendencia de beneficiar a los parientes.
En la votación del 25 de octubre, la izquierda representada por el PRD y el PT (al parecer, después se sumó Convergencia), se opusieron tajantemente a la reforma bajo los siguientes argumentos expresados por el diputado Alejandro Encinas quien señaló que hubo desaseo desde el origen. “(No se siguió) El procedimiento de cómo se elaboran las leyes, un dictamen que no fue discutido en la Comisión de Seguridad Social y la falta de opinión de la de Salud y Presupuesto…Es una clara política de privatización la renuncia del Estado para cumplir con su obligación y se comprometen las finanzas del IMSS… El primer paso de la privatización es entregar los vales para medicinas, mañana serán para consultas y después para hospitalización externa y a desmantelar la institución”.
Es una verdad incontrovertible que en el IMSS hay un desabasto del 30 por ciento en medicamentos en todo el país. Eso se debe a la gran corrupción que impera en las adquisiciones de todos los entes públicos y en especial en éste, el más doloroso porque implica a la salud de los mexicanos; pero también en la distribución que se lleva a cabo en clínicas y hospitales. Se agregaría a la corrupción la impunidad que le va adjunta.
Por su parte, el presidente Calderón se congratuló de la aprobación de la reforma porque hay en cartera otra a la que se ha referido el secretario de Salud como propuesta de “reconfigurar” el sector salud y crear un sistema único que atienda a la población a nivel federal. En dicha reforma los mexicanos pagarían para recibir atención clínica por medio de impuestos generales. De esa forma se desaparecería al IMSS y se otorgaría a la SSA la facultad de financiamiento así como dejar al arbitrio de los Estados la decisión de brindar atención médica o negarla.
Estos dos asuntos preocupan porque se observa que hay tendencia a la privatización de los servicios públicos. Eximir al IMSS de la obligación de proporcionar la atención integral que incluye los medicamentos, es una forma de privatizarlo. Está pendiente el asunto de las guarderías concesionadas por el IMSS, en especial la ABC que tanto dolor ha causado y que sigue impune. Y lo que propone el distinguido secretario de Salud, francamente se ubica en el absurdo absoluto. ¿En dónde quedan los postulados de la Revolución que tanto presume defender el PRI? ¿Y la creación de instituciones para apoyar a la clase trabajadora? Todo se va a ir por el caño de los intereses particulares y del neoliberalismo a rajatabla, aunque se destruya al país.
En relación con la clase trabajadora, los mexicanos contemplan con estupor e incredulidad la forma en que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha encargado de desmantelar a los sindicatos independientes en vez de procurar el apoyo a los trabajadores. Así sucedió con los mineros, luego con los electricistas y más reciente con los pilotos y sobrecargos de Mexicana de Aviación. Y ahora estos diputados que actúan en contra del interés del pueblo, hacen dudar de que México se dirija a su progreso, autonomía, democracia y desarrollo económico.
Fuente: La Jornada de Morelos
Difusión: Soberanía Popular
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