La noche de ayer varias mujeres se manifestaron en la plaza Lerdo para repudiar el asesinato de la activista Marisela Escobedo Ortiz, ocurrido el 16 de diciembre, en la capital del estado de Chihuahua, frente al palacio de gobierno.
Mayela García Ramírez, integrante de la organización Observatorio del Género y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, recordó que Escobedo Ortiz llevaba dos años luchando por el acceso a la justicia, pues tras el juicio del asesino confeso de su hija, Rubí, éste fue liberado por los jueces.
“Esto solamente nos habla de la grave impunidad que existe en Chihuahua y en el país, esto sólo puede ocurrir cuando el estado ha construido las vías de la impunidad, por eso es que los delitos no se sancionan de acuerdo con las leyes”, lamentó.
Afirmó que los homicidios de Rubí y Maricela son una muestra de que el Estado no garantiza la vida de las mujeres ni el acceso a la justicia, “lo que se puede envidenciar es que el Estado quiere que las mujeres continuemos en un plano de desigualdad y de vulneración de todos nuestros derechos”.
Enfatizó que particularmente las mujeres constituyen más de la mitad de la población, y explicó que los homicidios contra las mujeres ocurren cuando están en su casa, escuela, trabajando o transitando en las calles, sin cometer algún delito, y por el hecho de ser mujeres, el Estado las coloca en un nivel de vulnerabilidad a tal grado, que la violencia se va recrudeciendo con muertes violentas, que serían evitables si el Estado cumpliera con garantizar los derechos humanos.
Explicó que el día después del asesinato de Marisela Escobedo, organizaciones de mujeres de todo el país se manifestaron en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), sin embargo, lamentó que las autoridades del gobierno federal hayan reprimido la protesta, que, dijo, fue pacífica, pues envió a decenas de granaderos que intimidaron a las defensoras de los derechos humanos.
Finalmente, Mayela García dijo que ese día se acordaron unos puntos que el día de ayer tenían que haberse expresado y resuelto públicamente, pero no fue así, y eran el acceso a la justicia, cumplimiento a la sentencia, la reparación del daño a los familiares, pero solamente ocurrió lo contrario, pues asesinaron al cuñado de Marisela y quemaron la carpintería de su viudo.
“El Estado está completamente fuera de poder garantizar a la ciudadanía la paz, la seguridad y la vida libre y en igualdad”, concluyó.
Fuente: La Jornada de Veracruz
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