El gobierno se niega a retirar las denuncias penales contra quienes detuvieron la construcción
JORGE COVARRUBIAS Y
JUAN CARLOS G. PARTIDA
En la segunda de las mesas de “diálogo” con los pobladores de Acasico, Palmarejo y Temacapulín, el director del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (OCLSP), Raúl Antonio Iglesias Benítez dejó en claro que sólo son eso: mesas de diálogo de las que no necesariamente tienen que surgir acuerdos para buscar una solución al problema originado por el repudio y la falta de consenso de la presa El Zapotillo que inundaría a los tres pueblos y obligaría al desplazamiento de sus habitantes.
En la suma de interrogantes que diversos medios de comunicación formularon a éste y otros funcionarios al término de la encerrona que sostuvieron ambas partes en un pequeño salón del hotel Porto Bello de Guadalajara, en el cruce de las avenidas Federalismo y Juárez, ninguno de ellos pronunció una respuesta que produjera alivio a los afectados.
“Los avances son que a final de cuentas estamos conociendo detalles tanto la población de nosotros como nosotros de la población y vamos caminando en torno a esto. Son mesas de diálogo, no necesariamente tenemos que salir con acuerdos, mesas de diálogo”, subrayó Iglesias.
Los funcionarios se veían con el rostro tieso, cansados de estar más de ocho horas escuchando a los pobladores, y en el momento de confrontar a los medios de comunicación –cerca de las 20 horas– exteriorizaron su enfado respondiendo con ambigüedades y evasivas en tono enérgico.
Héctor Castañeda, director de Cuencas y Sustentabilidad de la Comisión Estatal del Agua (CEA) se negó a ratificar con un “no ha mentido” lo dicho por el gobernador del estado, Emilio González Márquez, en el sentido de que más del 50 por ciento de pobladores ya vendieron sus propiedades.
Dijo que la lista de presuntos vendedores se mantiene en reserva y se dará a conocer en el momento apropiado.
Iglesias trató de rectificar sus declaraciones señalando que todavía faltan dos mesas más, la última con carácter resolutivo, sin embargo sacó al tema que todavía les queda el recurso de expropiación, el cual podrían emplear en determinado momento.
La mesa de ayer referente a la sustentabilidad de los grandes proyectos hidráulicos bajo la luz del acuerdo firmado por México con la Comisión Mundial de Represas en lo que concierne al tema de derechos humanos fue ignorado por los funcionarios. Benítez dijo que el documento no aplica para el caso de México.
“La Conagua en torno a El Zapotillo ha cumplido con todos los lineamientos técnicos y legales que expresamente especifica la ley de México y estamos revisando con la población de Temacapulín y sus asesores los criterios de esta Comisión, pero no necesariamente son aplicables en México, lo que tenemos que cumplir legalmente ya lo cumplimos”.
Castañeda agregó que si bien es cierto que los pobladores han sufrido de enfermedades nerviosas, documentadas por un equipo de investigadores de la Universidad de Guadalajara como una consecuencia del desplazamiento forzado, no existe una ley que les obligue a resarcir los daños psicológicos de estas personas.
En opinión de algunos pobladores fue en la rueda de prensa donde los servidores públicos se quitaron la máscara y develaron que no tienen la menor intención de orientar el rumbo del proyecto, llegando al colmo del cinismo y la desvergüenza, sentados ahí sólo para cumplir una formalidad.
“¡Se salen o se ahogan!, les vamos a comprar lanchas y salvavidas para que no se preocupen”, le recordaron a Iglesias Benítez lo que dijo en enero del 2008.
–Es un mito, respondió el funcionario.
–Tenemos video– replicaron los afectados.
El acuerdo de que no se criminalizaría la protesta social celebrado en la primera reunión quedó en letra muerta, toda vez que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se niega a retirar las denuncias penales en contra de quienes encabezaron el campamento en el sitio de la obra. La coordinadora estatal de la Secretaría de Gobernación, Rocío Morgan, explicó que esto no ha sido posible porque las autoridades del organismo serían acreedores a una multa de parte de la Secretaría de la Función Pública por el tiempo en que se detuvo la construcción del embalse.
La Conagua estima que el plantón les ocasionó pérdidas económicas que ascienden a 35 millones de pesos, sin embargo se está realizando un avalúo para determinar qué se paga y qué no.
“Es justamente el problema en que estamos metidos y por el cual no hemos podido proceder en el retiro de las denuncias. Mañana o el sábado la empresa presentará a Conagua todo lo que tendrá que pagar por el paro de la obra”, dijo la funcionaria.
A la par de la encerrona que inició por la mañana y ante el impedimento de ingresar al pequeño salón donde se desarrolló la mesa de diálogo varios activistas aprovecharon los altos de los semáforos para mostrar pancartas y entregar volantes a los automovilistas y a las personas que pasaban por el céntrico cruce, en el cual informaron de la intención del gobierno federal y de los estatales de Jalisco y Guanajuato, de construir una presa para llevar agua a las ciudades de Guadalajara y León a costa de la desaparición de los tres pueblos.
“Los ojos del mundo están puestos en Temaca”, “¿Qué dirías si quisieran inundar Guadalajara para llevar agua a Temacapulín?”, formaban parte de las consignas que escritas en grandes letreros eran mostradas a la ciudadanía.
Fuente: La Jornada de Jalisco
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