La paz robada

ALFONSO SÁNCHEZ ANAYA

Durante muchos años temas como el empleo, la salud y la vivienda ocuparon los primeros lugares en el interés de la gente, pero últimamente la seguridad ha sido la principal preocupación y temor de todos.

Felipe Calderón tomó la decisión de hacer una guerra a la delincuencia organizada, quizá necesaria, pero evidentemente mal articulada y sin estrategia; puso al Ejército, la institución de mayor prestigio nacional, a hacer labores de policía, por lo que ha sido sobreexpuesto e incluso acusado de violación a derechos humanos; el gobierno federal ha querido enmendar la plana y convertir en ley lo que en la vía de los hechos ya sucede, por lo que ha impulsado una nueva Ley de Seguridad Nacional que dé sustento jurídico a la intervención de las fuerzas armadas, el remedio ha resultado peor.

La iniciativa tenía de origen una serie de excesos, claramente violatorios a los derechos humanos, el Senado enmendó el proyecto de ley y lo remitió a la Cámara de Diputados. En la colegisladora se analizó; sin embargo, como ahora sabemos, el gobierno de Calderón presionó en forma determinante para impulsar la iniciativa en los términos que él propuso. Tal iniciativa busca en forma llana dar poderes extraordinarios al presidente de la República en el uso de las fuerzas armadas.

Se pretendió dar facultades al Ejército para realizar cateos en persecuciones; para detener durante 24 horas a presuntos delincuentes e interrogarlos, sin presencia de abogados defensores o garantía alguna; intervenir comunicaciones; rastrear páginas de internet; disolver concentraciones de vehículos; declarar zonas de excepción y eximir a las fuerzas militares de responsabilidad en sus actos.

En este escenario, tanto organizaciones defensoras de los derechos humanos, como diferentes actores sociales y políticos del país, así como su servidor, afirmamos que la iniciativa calderonista contiene más retrocesos que avances de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, sobre todo si consideramos que aun y cuando estamos conscientes de la necesidad del combate al narcotráfico, no podemos estar nunca a favor de escenarios que lesionan al ámbito de los derechos humanos.

Existen otros caminos, hay otras propuestas, por ejemplo mejorar los mecanismos de inteligencia para dar mayor certeza a las operaciones de combate a la delincuencia organizada o, más importante aún, el combate a las causas de origen, como la falta de empleo, educación y bienestar social.

La mejor seguridad que se le puede ofrecer a la ciudadanía es otorgarle empleo a todos como lo establece la Constitución y a los jóvenes la oportunidad de prepararse en las aulas desde el nivel básico hasta el nivel superior de manera universal, laica y gratuita; recuperar los espacios públicos para beneficio colectivo e inculcar una cultura del deporte.

La verdadera reforma en materia de seguridad tiene que ver con seguridad social y no de tipo militar.

Fuente: La Jornada de Oriente