ERNESTO FIDEL PAYÁN CORTINAS
Los temas de reforma que manejan cada uno de los poderes públicos, deben sólo tener un resultado: el beneficio a un mayor número de ciudadanos, que las modificaciones realmente permitan ahorros, menos deudas a las administraciones, menos ricos, más distribución de la riqueza y del ingreso, mejor justicia para los desprotegidos, marginados, presionados, la libertad de decidir sobre la vida y el cuerpo de forma personal, la determinación real de que el pueblo defina sobre sus autoridades.
La habilidad de políticos y personajes que analizan varios temas debería comenzar haciendo comparativos y dejar de ser tan abstractos, es una suma tan simple como lo relacionado a la reforma de las elecciones de regidores, habría sólo en Acapulco una reducción de ocho regidores, lo que significaría un ahorro sustancial en el gasto corriente del municipio, en esa misma resta se encontrarían todos los municipios en donde existe el elemento de que será más cara una elección de este tipo, y que sólo es conveniente para los políticos que quieren seguir negociando con esos espacios.
Para acceder a ser regidor existen diferentes maneras, una es mediante procesos internos donde la clase política nefasta pervierte este mecanismo puro y se pone de acuerdo con caciques de diferentes partidos para que lleven a su gente a votar, por lo que siempre se ve a los mismos en los cargos. Otra es que la clase dominante o los monopolios en los partidos hagan su lista y entren los familiares, amigos y gente de su grupo; no piensan en la militancia y lo más grave, la ciudadanía que van a representar queda de lado.
Por último, hay quienes se jactan de comprar regidurías, le prometen tanto dinero para la campaña al candidato y él los apoya para incluirlos en la lista de regidores, por lo tanto el resultado es que los ediles no representan a la ciudadanía, representan a quien los apadrina.
La tan anunciada reforma para la prestación de servicios ahora se envía a los municipios, las consultas y los foros serían una muestra clara para que la ciudadanía exprese sus diferencias o sus coincidencias; se ha manejado como una forma de desarrollar la infraestructura, debe resolverse no sólo de manera genérica e informal, exigiéndose que se paguen los costos antes que termine esta administración, por lo que deben ser claros los números, dónde estará el costo y beneficio, no se debe continuar hablando en abstracto y dejar la puerta abierta para inversores rapaces.
Esta oportunidad para privatizar servicios de salud, educación, seguridad pública, la recolección de basura, distribución de agua potable, entre otros, sólo representan una reducción al gasto público, cualquiera que sea la fórmula matemática este tipo de privatizaciones no otorga ni beneficia al pueblo, ya que todo se tiene que pagar de todas maneras, ¿dónde está lo positivo?, cuando para cualquier servicio se tiene que erogar un recurso, privatizar sólo significa endeudar más a los municipios, estados y naciones; la clase gobernante debe reflexionar, no debe escuchar los cantos de las sirenas de inversionistas o políticos que pueden tener amarrados contratos de prestación de servicios con sus empresas ya constituidas desde hace algún tiempo.
La obligación del estado con la ciudadanía es otorgar servicios suficientes para el bienestar colectivo y el buen desarrollo de una cultura que permita tener la mejor calidad de vida en lo que se pretende ahora privatizar; mientras tanto la pobreza sigue aumentando, por eso la deficiencia de la prestación de servicios públicos y administrados por el estado (educación, agua, limpia, alumbrado), porque lo que gobiernan se han dedicado a saquear esas instituciones en vez de limpiarlas; pretenden que otros usufructúen su responsabilidad que ellos evaden, como padres irresponsables de sus tareas con sus hijos, que en este caso son los ciudadanos.
Hay que precisar que las privatizaciones y las reformas deben tener un único candado, el pueblo debe en cualquier momento modificar, lo que en algún contrato, proyecto o ley perjudique, y mediante consulta o plebiscito modifique lo resuelto por algún poder público.
Casi pasa un siglo desde la reforma de 1917 que señala que el poder emana del pueblo y éste nunca ha podido determinar su destino; la clase política debe entender que no es la dueña de nuestro destino. Los gobernantes en la actualidad deben permitir al pueblo la facultad real de modificar sus gestiones y decisiones bajo consultas precisas y revocar mandatos. El interés colectivo es primero.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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