RAÚL VARGAS LÓPEZ*
Poco y mal se ha hablado sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos que fue aprobada en la Cámara de Senadores, y luego enviada a las legislaturas locales de las entidades federativas del país, con la finalidad de atender el procedimiento constitucional marcado en el artículo 135 de la Carta Magna. Con el voto del estado de Tamaulipas, se logró la mayoría simple favorable para que entren en vigor las modificaciones constitucionales correspondientes.
En Jalisco la derecha se ha movilizado en vano para denunciar supuestos retrocesos en la legislación nacional y estatal de aprobarse las modificaciones constitucionales propuestas y han mostrado su peor rostro para oponerse a las reformas en materia de derechos humanos de mayor importancia que México ha discutido y aprobado en los últimos 21 años a partir de la creación de la Comisión Nacional de derechos Humanos (CNDH).
Desde la reforma constitucional de 1992 que otorgaba personalidad jurídica propia a la CNDH y la de 1999 que le daba total independencia del Poder Ejecutivo, no se había llevado a cabo en el texto constitucional una reforma de esta envergadura que modernizará los derechos fundamentales de los mexicanos.
Esta modificación constitucional contempla proteger los derechos humanos de segunda y de tercera generación que forman parte de los tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano y que el Senado ha ratificado, e incorpora a nuestra Constitución Política los principios de universalidad, interdependencia, invisibilidad y progresividad en materia de derechos que han sido desarrollados en el marco normativo internacional humanitario.
Por tal motivo, el origen de la propuesta la hace particularmente valiosa. Es una iniciativa cuyo origen bien puede calificarse como puramente legislativo y ciudadano, ya que nació del trabajo coordinado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con académicos y organizaciones no gubernamentales. Debe destacarse que se trata de una reforma a contracorriente de la tendencia impuesta por la actual administración federal que ha presentado y promovido modificaciones legales de corte persecutorio y limitativo de los derechos humanos pero ninguna iniciativa para ampliarlos, perfeccionarlos o definirlos mejor.
En un ambiente en el que las opiniones y acciones del gobierno federal, de algunos representantes del sector empresarial y de la derecha en general se definen por continuar limitando y restringiendo las libertadas ciudadanos, esta reforma es particularmente valiosa y significativa. Con ella, el constituyente permanente tiene la oportunidad de dar respuesta a la tendencia por restringir libertades y en su lugar privilegiar la ampliación y consagración de los derechos fundamentales al tiempo que señala mayores obligaciones al estado para garantizar su pleno ejercicio. Nadie se había preocupado antes por darle centralidad a la promoción, respeto y defensa de los derechos humanos. Hoy tenemos la gran oportunidad de colocar en el centro de la agenda nacional y de la opinión pública un tema que mejorará la calidad de vida democrática nacional y abrirá nuevos derroteros de lucha por la igualdad y la libertad para todos los mexicanos.
Con el reconocimiento de los derechos humanos en el texto constitucional, toda violación de ellos, incluidos los señalados en los tratados internacionales firmados por nuestro país y en las leyes generales, puede ser reclamada y revertida mediante los instrumentos legales que los hacen valer, entre ellos el recurso de amparo. Así, el juicio de amparo se revolucionará, en cuanto a su materia, pues pasará de proteger exclusivamente los derechos derivados de la capacidad de acción de las personas a hacer valer los derechos reconocidos de por sí a cada individuo y que el Estado debe tutelar.
Con la modificación de 10 artículos de la Constitución, la propuesta de reforma busca pasar de la letra muerta de garantías que amparan derechos imposibles de hacer valer a la construcción de mecanismos efectivos que procuren el pleno goce de los derechos y libertades para todas las personas.
Gracias a los cambios constitucionales, se armoniza la constitución con tendencia internacional del derecho humanitario, que señala un piso mínimo de derechos humanos que bajo ningún concepto, así existiera una grave perturbación del orden público o una gran catástrofe natural, se pueden suspender. En este caso se encuentran los derechos de los niños, los derechos de conciencia, como la libertad de profesar creencias religiosas; el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, y el derecho a la protección de la familia, entre otros.
Por todo lo expuesto, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, apoyaremos con nuestros votos la reforma constitucional propuesta por el Congreso de la Unión y daremos inicio, a la brevedad, a la revisión de nuestra propia Carta Magna y leyes secundarias para hacerla coherente con la reforma federal y de dar garantías al cumplimiento estricto de los derechos humanos.
*Diputado coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRD en el Congreso del estado de Jalisco
Fuente: La Jornada de Jalisco
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