FERNANDO ACOSTA RIVEROS
Opositores al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se pronunciaron el pasado domingo 12 de junio en Ciudad Juárez, Los Ángeles y Stanford. Exigieron la desmilitarización, propusieron el diálogo entre las diferentes organizaciones culturales, económicas, políticas y sociales mexicanas para poner fin a la llamada guerra contra el narco o combate a la delincuencia. En el sexto mes del año aumenta el deseo de construir un país independiente, pacífico y progresista.
La incapacidad y negligencia de las autoridades federales, estatales y municipales, salvo honrosas excepciones, tiene harta a la población. “Humanizar a la autoridad y lograr que se rompa la impunidad”, sugirió en Ciudad Juárez, Chihuahua, el activista Pietro Ameglio al concluir el recorrido de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad. Exigir mediante la movilización y las protestas, a quienes se consideran gobernantes, que cumplan con sus obligaciones, respeten la Constitución y protejan la vida de la población.
Andrés Manuel López Obrador, el ex candidato que ganó la elección presidencial de 2006, visitó Los Ángeles, abogó por una reforma migratoria que respete los derechos humanos de los mexicanos que van a trabajar a Estados Unidos, ante la ausencia de empleos en su país de origen. Sugirió alcanzar una relación de respeto entre las dos naciones, como lo han manifestado a gobernantes estadunidenses en los últimos 50 años otros líderes políticos de países de nuestra América entre quienes destacan: Fidel Castro Ruz, de Cuba; Salvador Allende Gossens, de Chile y Evo Morales Ayma, de Bolivia.
En Stanford se desplegó una manta desde una avioneta para preguntarle al usurpador de la presidencia mexicana: ¿cuántos muertos más?”. Parece que no le conmueven 40 mil víctimas, ni el dolor de sus familiares. Felipe Calderón anda de fiesta intentando convencer a quienes lo escuchan sobre su legitimidad y las bondades de los gobiernos dirigidos por integrantes del Partido Acción Nacional (PAN). Corrupción, incapacidad y negligencia son las tres principales cartas de presentación del PAN y del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Con el PRIAN la mafia seguirá fuerte, continuará su proyecto de militarización, reprimirá, romperá cualquier diálogo y continuará la guerra.
Desde otras naciones, amigas y hermanas de México, se ha condenado la llamada guerra contra el narco y las atrocidades cometidas contra la población. El principal aliado y promotor de las actividades del narco en nuestra América es el sistema capitalista que en su versión neoliberal multiplicó la corrupción y el crimen. Argentina, Colombia y México han sido escenarios desde 1990 donde algunas de sus autoridades se convirtieron en cómplices de las mafias. Un escándalo por lavado de dólares implicó a familiares del presidente Carlos Saúl Menem en junio de 1991. La Casa Rosada anunció entonces la creación de una fuerza antinarco mientras Terence Todman, embajador estadunidense en Buenos Aires, daba órdenes y emitía declaraciones irrespetuosas contra los argentinos que se oponían al neoliberalismo.
La corrupción iba al alza en la patria de Benito Juárez y el entonces secretario de Comercio, Jaime Serra Puche, defendía las gestiones del salinismo para conseguir un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá que garantizaría “el crecimiento y el desarrollo de la economía”. El gobierno de Bush intervenía decididamente en Bogotá, Buenos Aires y Ciudad de México. César Gaviria Trujillo, Carlos Saúl Menem y Carlos Salinas de Gortari eran reconocidos por el imperio como “arquitectos de la modernización continental”.
Gabriel García Márquez, cuya novela Cien años de soledad tuvo amplia difusión y éxito editorial en Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México, se pronunciaba en Colombia a favor del diálogo, por la desmilitarización y un cambio de estrategia económica y política en su país en el año 1991. “El grado de horror a que ha llegado el problema del narcotráfico, transformado en narcoterrorismo, creo que es el resultado de una ceguera total, o de una incapacidad total, o de una negligencia total de nuestros gobernantes”, expresaba el autor deNoticias de un secuestro a su colega y amigo mexicano Enrique Maza.
Hace 20 años un grupo de colombianos, entre quienes se destacó el religioso católico Rafael García Herreros, propuso al gobierno de César Gaviria Trujillo que se escucharan las propuestas de Pablo Escobar Gaviria, jefe del cártel de Medellín y fundador del grupo Los Extraditables en un intento por frenar la violencia del narco que llenaba de luto y dolor a muchas familias, como por ejemplo a las esposas e hijos de Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez, ex candidatos a la presidencia por la Unión Patriótica, el Nuevo Liberalismo y la Alianza Democrática Movimiento 19 de Abril. Los cuatro aspirantes a gobernar Colombia fueron asesinados por sicarios, donde se comprobó la complicidad entre militares, narcotraficantes, latifundistas, empresarios privilegiados y funcionarios gubernamentales que se oponían a un cambio pacífico, mientras defendían el neoliberalismo y la “civilización occidental”.
Pablo Escobar Gaviria se entregó a las autoridades el 19 de junio de 1991, convirtió su cárcel, llamada “La Catedral”, en un club de diversiones y un buen día se escapó. En diciembre de 1993 murió pero el narco siguió ejerciendo su poder porque en Colombia los gobiernos privilegiaron la represión, la militarización, la intimidación a opositores y el exterminio de la población. Todo eso en nombre de la democracia, el neoliberalismo y la modernidad.
Fuente: La Jornada de Michoacán
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