Gobierno obtuso y gazmoño

LEOPOLDO GAVITO NANSON - LUNES, JUNIO 27, 2011

Ayer fue el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo algo sustantivo para la definición de las políticas públicas mexicanas recientemente reiteradas en el escenario de la catarsis empática de Javier Sicilia y el presidente Calderón. Dijo Ban Ki-moon que “a menos que reduzcamos la demanda de drogas ilícitas nunca podremos abordar plenamente el cultivo, la producción o el tráfico (…) Las familias, las escuelas, la sociedad civil y las organizaciones religiosas pueden hacer su parte para librar de drogas a sus comunidades. Las empresas pueden ayudar a proporcionar medios legítimos para ganarse la vida. Los medios de comunicación pueden aumentar la conciencia sobre los peligros de los estupefacientes”. En 1987 la Asamblea General de la ONU estableció el 26 de junio como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas con la idea de contribuir a acabar con el problema. Lejos de desaparecer, desde diferentes ópticas se cuestionan las leyes prohibicionistas que convirtieron al narcotráfico en el tercer negocio criminal más lucrativo del mundo. Sólo después de las armas y la trata de personas.

Richard Nixon, defenestrado y uno de los peores presidentes estadounidenses, a pesar de la apertura con China, fue quien declaró hace 40 años la guerra contra las drogas. El 16 de junio de 1971. Las incursiones bélicas de Estados Unidos por el sureste asiático terminaron con importaciones masivas de heroína introducida a ese país por sus propios transportes militares. El famoso caso de Frank Lucas y la Blue Magic, su marca de heroína.

Hoy, hay más oferta y más consumo de drogas que en cualquier otra época. Sólo en los últimos 10 años el consumo de las drogas extraídas de la amapola ha aumentado 35 por ciento. La cocaína poco menos de 30 y la marihuana poco menos de 10 por ciento.

Recientemente, David Brooks, corresponsal de La Jornada en Nueva York, consignó en un reportaje que la industria de drogas ilícitas tiene un valor de unos 320 mil millones de dólares. El uno por ciento de todo el comercio mundial.

Hoy día, Estados Unidos gasta algo más que 40 mil millones de dólares anuales en la guerra contra las drogas. El gobierno de Felipe Calderón no ha hecho público el dato en México, pero lo fue a decir Ernesto Cordero a Washington. “El gasto en seguridad consume cada año recursos públicos por 200 mil millones de pesos”; esto es, casi 17 mil millones de dólares que no incluyen la ayuda internacional. Para logarlo, se recorta el gasto real en educación, se castiga el presupuesto de las universidades públicas, y se siembra el territorio nacional de muerte y terror. La opacidad respecto al gasto es casi total. La Auditoría Superior de la Federación reporta cosas como esto: “La ASF no pudo evaluar la administración del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, porque el SESNSP –Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública–, al no acceder de manera oportuna y permanente al sistema, no acreditó dar cumplimiento a su función como administrador del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública. La falta de acceso oportuno del SESNSP a los registros del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública limitó: que el SESNSP hubiera asegurado la disponibilidad de la información contenida en las bases de datos del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública”.

Recientemente ECP citaba la evaluación de la Comisión Mundial antidrogas que llanamente afirmaba que la guerra global contra las drogas ha fracasado y que era necesaria una aproximación como problema de salud pública, no como problema de seguridad pública o nacional. Tal proposición fue rechazada por el gobierno estadounidense.

Pero por cada persona que es arrestada, enjuiciada y llevada a la cárcel por tráfico y consumo de drogas, el gobierno norteamericano invierte 450 mil dólares. Entre Bolivia, Perú y Colombia, producen la totalidad de la cocaína mundial. En 10 años, no han logrado la mínima reducción de las hectáreas cultivadas. Por el contrario, se ha obligado a buscar refugio a 2 millones de personas, hay miles de campesinos encarcelados y una severa degradación del medio ambiente debido a la fumigación con herbicidas. Entre éstos últimos, el llamado Rodeo de la tristemente célebre empresa Monsanto. O, cuando se opta por el uso de agentes naturales, el Fusarium oxysporum, una especie de hongo causante de la enfermedad de Panamá en los bananeros y de más de un centenar de enfermedades en otras tantas especies vegetales.

Más de 150 años de criminalizacion (desde la guerras del opio) ha traído como resultados poderosísimas empresas criminales, economías complementarias internacionales, concentración de capital y tecnología en las empresas criminales más fuertes, ampliación del consumo, más muertos por balas que por sobredosis, jóvenes desesperados y dispuestos a todo por asegurar sus dosis, desde el uso de hipodérmicas infectadas por VIH hasta rentarse como gatilleros y carne de cañón.

Pese a los miles de millones de dólares, la cantidad de policías contratados, los llamados daños colaterales sobre la sociedad, las comunidades indígenas y el medio ambiente, el objetivo de reducir la producción de drogas no ha sido alcanzado. En suma, el desastre con muchísimos muertos.

Y seguirán. El jueves pasado, pese a los momentos de afectada empatía, la hipocresía oficial, el Presidente sigue empeñado en una visión dogmática incapaz de incorporar la evaluación como instrumento de políticas.

Al reclamo de Sicilia de que no hay un solo dato positivo que sustente la eficacia de su estrategia de combate al crimen organizado, Calderón insistía repetidamente que mientras no hubiera propuestas viables para combatir el crimen organizado y la violencia que genera, seguirá usando al Ejército y enfrentará la crítica “aunque sea injusta”.

Es algo como decir que mientras no haya un menú sano seguirá apegado a la dieta escatológica.

El jueves Calderón pidió ser perdonado. El domingo, La Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró que el gobierno de Felipe Calderón omite sancionar a militares implicados en desapariciones forzadas y violaciones a mujeres indígenas. Para el presidente de la CIDH, Diego García Sayán, la falta de voluntad política se observa en la renuencia de las autoridades mexicanas a responder a las sentencias sobre el luchador social Rosendo Radilla y las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

*Es Cosa Pública

leopoldogavito@gmail.com

Fuente: La Jornada de Veracruz