Inician pueblos de Guerrero lucha contra labor de mineras extranjeras

Desplegarán hoy más de 700 policías comunitarios en la Costa Chica y la Montaña

El gobierno federal otorgó concesiones a las empresas para explotar yacimientos en una zona de 500 kilómetros

No les “pidieron permiso”, la actividad es contaminante y se llevan las ganancias, dicen


En imagen de archivo, policías indígenas de la comunidad Plan de Ayala, en la región guerrerense de la Costa ChicaFoto Lenin Ocampo

Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada

Domingo 21 de agosto de 2011, p. 26

Chilpancingo, Gro., 20 de agosto. De las 7 horas a la medianoche del domingo, la Policía Comunitaria desplegará a sus aproximadamente 700 integrantes en carreteras, caminos y veredas, así como a la entrada y salida de las 63 comunidades de 10 municipios de la Costa Chica y la región de la Montaña, para informar del inicio de la lucha contra las empresas mineras canadienses e inglesas que pretenden explotar yacimientos de oro y plata, entre otros metales, sin el consentimiento de los pueblos indígenas.

Así lo informó Valentín Hernández, asesor jurídico del grupo de autodefensa conocido también como Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), quien en entrevista telefónica afirmó que los policías comunitarios instalarán retenes y repartirán volantes mediante los cuales informarán de los avances de la lucha contra las compañías mineras.

Recordó que esas empresas extranjeras pretenden explotar yacimientos en un área de 500 kilómetros a partir de concesiones que les fueron otorgadas por el gobierno federal en los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas, Iliatenco y Metlatónoc, principalmente.

Trascendió que este año iniciará la explotación en tres puntos: uno, por la empresa inglesa Hochschild Mining y su filial Minera Zalamera. Ésta explotaría 47 mil hectáreas otorgadas a nombre de proyecto Corazón de Tinieblas, en áreas específicas de los municipios de La Montaña y Costa Chica.

Dos proyectos más son los de San Javier y La Diana y estarán a cargo de la canadiense Camsim Minas SA. El primero tiene 15 mil hectáreas concesionadas por 46 años por el gobierno federal bajo el nombre de Diana a la empresa Camsim.

Se sabe que desde el 21 de octubre de 2010 dichas compañías recibieron los permisos del gobierno mexicano mediante la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Desde entonces, y bajo la influencia de la CRAC, asambleas de 30 núcleos agrarios rechazaron formalmente que esas transnacionales exploten los yacimientos descubiertos debido a que no pidieron permiso a las comunidades y a que su actividad es altamente contaminante y los beneficios para los habitantes son pocos, pues la mayor parte de las ganancias las sacan del país.

Para reforzar este rechazo, la CRAC movilizará este domingo a sus 700 policías comunitarios, en un operativo que además será de “apoyo a la población en materia de seguridad, ya que a partir del lunes 22 de agosto maestros y estudiantes regresarán a sus labores y a clases.”

La movilización servirá también “para posicionar a los compañeros del municipio de Marquelia, en la Costa Chica, que están siendo hostigados por el ayuntamiento y por caciques que no están de acuerdo con la policía comunitaria”. Ellos demandaron la salida de la policía comunitaria pero se equivocan, pues sólo el pueblo, en sus asambleas, es el único facultado para hacer esa petición”, dijo.

Valentín Hernández dijo que la policía va a suspender temporalmente la atención a asuntos de seguridad en la Casa de Justicia asentada en la cabecera municipal de San Luis de Acatlán, una de las tres con que cuenta la CRAC en la región. “(Allí) vamos a proponer que los barrios y colonias se integren a la organización pues esta cabecera no tiene policía comunitaria”, dijo Valentín Hernández.

Recordó que del total de asuntos de justicia y seguridad que se atiende en la Casa de Justicia, “más de la mitad proviene de la cabecera municipal de San Luis Acatlán.

La CRAC fue fundada en 1995 por habitantes de poblados indígenas de las regiones Montaña y Costa Chica de Guerrero. Desde entonces han disminuido hasta 90 por ciento los homicidios, violaciones, abigeato y otros delitos.