ALEJANDRO CALVILLO UNNA*
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, así como muchos otros organismos internacionales y nacionales, reconocen que parte importante de la economía mexicana está cooptada por monopolios. Un estudio encargado por la Comisión Federal de Competencia señala que los monopolios en México significan entre un 30 y 40 por ciento de sobreprecios en una gran diversidad de productos y servicios.
Pero no sólo parte importante de la economía está capturada por los monopolios, también la democracia. Televisa, con un control dominante del mercado de la televisión, es capaz de crear candidatos a la presidencia, de subir su rating, de convertirlos en personajes protagonistas de las noticias así como de los programas de variedad. Televisa decide a quien cubre y a quién borra de la pantalla que está instalada en la intimidad de la mayor parte de los hogares del país. Así como Televisa ha producido artistas de pésima calidad, negándole este espacio esencial de difusión a la enorme variedad de excelentes creadores artísticos de nuestro país, de la misma manera produce ahora un candidato a la presidencia, un candidato de oropel, surgido de las filas más corruptas del priísmo mexiquense, con todas las consecuencias que esto puede acarrear en el momento extremadamente crítico que vivimos.
Un primer paso contra los monopolios, que puede convertirse en caída, se ha dado contra Telcel. Recientemente, la Comisión Federal de Competencia (CFC) decidió imponer una multa a Telcel de cerca de mil millones de dólares. La primera multa por prácticas monopólicas que se acerca al monto que se impone contra este tipo de prácticas en otros países. Sería la primera vez que en México se impone una multa por práctica monopólica que tiene un carácter realmente disuasivo, es decir, que lograría hacer que muchas empresas se lo pensaran muy bien antes de realizar este tipo de prácticas. Anteriormente, el máximo de las multas aplicadas rondaba los 86 millones de pesos, lo cual es irrisorio para empresas como Coca Cola, a la que se le aplicó este monto cuando se demostró que estaba desarrollando una estrategia para desplazar a su competencia de las tiendas de abarrotes. En el proceso se encontró que Coca Cola, para implementar esta práctica, había gastado más de 160 millones de pesos en solamente un año, por lo cual, una multa de 86 millones no significaba una merma que realmente fuera disuasiva a sus prácticas monopólicas.
La multa impuesta a Telcel está en el limbo actualmente. Telcel pidió la reconsideración de la multa y al mismo tiempo la recusación, es decir, el retiro del presidente comisionado de la CFC de este proceso argumentando que públicamente ya había tomado partido contra Telcel en el caso. De los cinco comisionados que conforman la CFC, uno se había ya excusado de participar en el caso por conflicto de intereses y el propio presidente comisionado no podría participar en evaluar la procedencia de su propia recusación. Tres fueron los que votaron para decidir si el presidente comisionado seguía en el caso o no. Dos de los comisionados votaron por su salida del caso y sólo uno porque se mantuviera en él. Estos dos comisionados son los mismos que habían votado en contra de la aplicación de la sanción a Telcel. Así las cosas, la maniobra de Telcel ha dejado una comisión con sólo tres miembros, dos de los cuales ya votaron anteriormente contra la multa impuesta a la empresa. El resultado es de esperarse.
Existe otro resultado que es previsible y que a muchos nos preocupa: las elecciones del 2012. La amenaza a los ciudadanos viene desde dos frentes: 1) los partidos políticos convertidos en partidocracia que se niega a una reforma política que nos debería permitir a los ciudadanos la revocación del mandato, quitarle el fuero a los legisladores y la nominación de candidatos ciudadanos; y 2) Televisa empujando al candidato de su conveniencia, el que le puede garantizar seis años más de impunidad.
Como lo ha expresado el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: no saldremos de la profunda descomposición social en que nos encontramos si no realizamos una reforma política profunda y urgente ante la situación de emergencia que vivimos, y si no desmantelamos las prácticas monopólicas y abrimos los mercados a la competencia: una competencia en productos y servicios que como primer paso debe permitirnos ejercer nuestro derecho a la información (competencia en la tv abierta), y tener acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación (celulares y banda ancha móvil a precios accesibles).
*Director de El Poder del Consumidor A.C., miembro de Consumers International
Fuente: La Jornada de Jalisco
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