En ocho meses se han registrado 35 actos de represión en Puebla, acusan organizaciones

MÓNICA CAMACHO

Líderes de organizaciones civiles demandaron al Congreso local exhortar al gobernador Rafael Moreno Valle a concluir la represión contra los movimientos sociales, al acusar que se han registrado 35 actos de violencia contra manifestantes y habitantes del estado en los ocho meses que lleva la administración estatal.

Uno de los grupos que respaldó el llamado fue Movimiento Nacional Constitucionalista, cuyo dirigente estatal, Raymundo Reyes Escobar, afirmó que en Puebla impera un “régimen represor” con el que se pretende intimidar a la ciudadanía.

Los inconformes entregaron la petición por escrito a la Secretaría General del Poder Legislativo, la cual deberá turnar el documento a los integrantes de la Comisión Permanente, quienes abordarían el tema en la sesión del miércoles próximo.

Pocas horas antes de encabezar la marcha contra la represión, los líderes de 35 organizaciones se apersonaron en el Congreso local para exigir la intervención de los diputados, ante la intolerancia que ha mostrado el gobierno estatal en el manejo de las protestas sociales.

Alberto Guadarrama Hernández, de Convicción Mexicana por la Democracia, criticó que los actos de represión surgieron desde el inicio del nuevo gobierno y han derivado en agresiones físicas contra habitantes del estado, así como en el encarcelamiento injustificado de personas.

Recordó el operativo de desalojo que encabezó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) contra campesinos de Chignahuapan, así como la aprehensión de defraudados que salieron a las calles para exigir una respuesta a su problema la semana pasada.

Guadarrama responsabilizó de los actos de violencia al titular de la SSP, Ardelio Vargas Fosado, a quien denominó como el “represor más grande” que ha tenido Puebla.

En ese sentido, hizo un llamado al mandatario local a vigilar de cerca las acciones de Ardelio Vargas, así como a cambiar la política de contención de manifestaciones que promueve.

Además de Movimiento Nacional Constitucionalista y Convicción Mexicana por la Democracia, otras de las organizaciones que firmaron la petición al Congreso fueron Proyecto Puebla, Frente Nacional de Comercio Informal, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Urbanas y Campesinas de Puebla, Liga Mexicana de Familias y Redes Productivas, así como la Asociación Civil 18 de Noviembre de Seguridad.

Fuente: La Jornada de Oriente