PABLO ALARCÓN-CHÁIRES
La Corte Penal Internacional, cuya sede se encuentra en La Haya, Holanda, es la instancia que tiene como finalidad juzgar a personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad, considerados los más graves dentro del derecho internacional. Su normatividad tiene sustento en el Estatuto de Roma, el cual fue firmado y después ratificado por México, el 28 de octubre de 2005.
Ayer 11 de octubre, un connotado grupo de ciudadanos mexicanas y mexicanos intelectuales, artistas, periodistas, académicos y abogados, respaldados por más de 10 mil firmas, dieron a conocer los argumentos que sustentan una denuncia dirigida al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno-Ocampo.
Dicha denuncia es contra Felipe Calderón Hinojosa (presidente de México), Joaquín Guzmán Loera (narcotraficante), Genaro García Luna (actual secretario de Seguridad Pública), Guillermo Galván Galván (actual secretario de la Defensa Nacional), Francisco Saynez Mendoza (actual secretario de Marina) y demás autoridades, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México (véasehttp://www.petitiononline.com/CPI/petition.html). La posibilidad de enjuiciar internacionalmente a Calderón ya había sido sugerida por Netzaí Sandoval Ballesteros meses antes (La Jornada, 14 de mayo de 2011).
Este hecho inaudito pretende hacer vigente los tratados y convenios en materia de derecho penal internacional que ha firmado nuestro país. La contribución principal de esta denuncia quizá no sea únicamente someter a juicio al actual mandatario Calderón Hinojosa, sino la de romper con viejos mitos y esquemas de impunidad que han cobijado desde siempre a los gobernantes mexicanos. Además presenta, en la misma bandeja, la oportunidad de someter ante tal instancia judicial a personajes no forzosamente relacionados con el ejercicio del gobierno en México.
Los argumentos que sostienen esta denuncia –que se presentará el próximo 25 de noviembre- refieren una guerra contra el narcotráfico cuyos resultados son tangibles en más de 40 mil muertos en los últimos cuatro años; 120 mil desplazados, y mil 226 niños, niñas y adolescentes muertos en fuego cruzado o ataques directos. También coloca a México dentro de los tres países más peligrosos para ejercer profesionalmente como periodista.
De acuerdo con el documento, a pesar de los llamados de organismos internacionales dedicados a vigilar a los gobiernos en materia de derechos humanos, el mexicano actualmente insiste en utilizar al Ejército y la Marina como cuerpos policiacos, lo cual ha agravado la situación. Este documento cita que el papel del Ejército en la muerte de niñas y niños, en la tortura y muerte de civiles a pesar de saber su inocencia, logrando encubrir además estos hechos para evitar castigar a los responsables. Respaldado en el Estatuto de Roma, el documento hace evidente sendos incumplimientos en la materia, refiriendo la participación de la fuerza castrense en la violación sexual de mujeres, actos reprobables que han sido encubiertos y fomentados por la impunidad, según menciona.
Al referir el problema de los migrantes, la denuncia señala que el Ejecutivo federal, siguiendo una política impuesta por el vecino país del norte, incluso “…ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos de Norteamérica…”.
Por otro lado, acusa a los cárteles de la droga de reclutar menores de edad y de utilizar prácticas de intimidación francamente de agravio humanitario, además de otras violaciones considerados en el Estatuto de Roma.
Si esta denuncia procede, será un parte-aguas en la historia de México. Lo que ciudadanos de otros países han venido haciendo desde hace décadas al juzgar a sus gobernantes, resultaba para los mexicanos y mexicanas una quimera.
Por lo pronto, Felipe Calderón estos últimos días ha hablado del carácter humano de su gestión y ha manifestado su preocupación por los desaparecidos en el país.
palarcon@oikos.unam.mx
Fuente: La Jornada de Michoacán
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