Amnistía Internacional (AI) se encuentra profundamente preocupada por la seguridad del personal de la Posada Belén, un albergue de migrantes en Saltillo, Coahuila, dirigido por el sacerdote católico Pedro Pantoja Arreola.
El 19 de diciembre, un hombre no identificado rompió la ventanilla de un automóvil perteneciente al sacerdote Pedro Pantoja Arreola y robó un maletín que contenía documentos de trabajo con información sensible. El 27 de diciembre, el auto del coordinador del albergue, Javier Martínez Hernández, también fue objeto de un asalto cuyos autores se llevaron nuevamente documentos confidenciales importantes. En ninguno de los casos los asaltantes se llevaron objetos valiosos que podrían haber robado.
El 30 de diciembre Pedro Pantoja recibió una llamada de amenaza hacia todo el equipo de la Posada Belén, diciendo: “Se los va a llevar la chingada”. Días después se recibió otra llamada con información falsa sobre la localización de los documentos robados.
Tras este patrón de agresiones y amenazas AI está convencida de que, de no tomarse medidas prontas y efectivas para proteger al alberge y al personal que allí labora, su seguridad estaría riesgo.
En 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al gobierno mexicano para que proporcionara medidas de protección al padre Pedro Pantoja Arreola y al resto de los colaboradores del albergue. Sin embargo, los trabajadores del albergue han manifestado su preocupación por la falta de formación de los agentes encargados de protegerlos, y de una serie de incumplimientos de las medidas de protección.
AI llama a las autoridades a brindar de manera urgente medidas de protección efectiva para el equipo que colabora en la Posada Belén, de acuerdo con los deseos de los propios afectados.
Así mismo la organización solicita a las autoridades que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre los robos de información y la amenaza telefónica en contra de colaboradores de la Posada Belén.
Finalmente AI recuerda a las autoridades que tienen la obligación de implementar las medidas de protección ordenadas por la CIDH de forma pronta y efectiva, y que el personal que participe en la implementación de estas medidas deberá estar adecuadamente capacitado y equipado para llevar a cabo su labor.
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