Esta vez parece ir en serio la promesa del gobierno federal de buscar a desaparecidos. De confirmarse estaríamos ante una rara victoria contra la impunidad.
A partir de noviembre de 2012 se supo de una lista de 25 mil desaparecidos elaborada por la Procuraduría General de la República (PGR). La semana pasada un organismo estadounidense, Human Rights Watch (HRW), presentó en México un detallado informe sobre 249 personas en esa condición y la subsecretaria de Gobernación, Lía Limón, informó que ya habían localizado la lista de la PGR con 27 mil 523 casos y esta semana precisó: son 26 mil 121. Una barbaridad que reconfirma que el gobierno de Felipe Calderón minimizó, negó e ignoró el costo social de la guerra.
Si respetáramos la tradición, en estos momentos ya habríamos escuchado la temida promesa gubernamental de que "se investigará hasta las últimas consecuencias" (en español de México quiere decir que no harán nada). En esta ocasión el procurador Jesús Murillo Karam fue mesurado en el compromiso. Aun así, en las décadas que he acompañado el tema nunca había visto condiciones tan propicias para que el gobierno cumpla con su obligación de investigar lo sucedido.
En el terreno conceptual están pasando de la negación a la fusión de las doctrinas de los derechos humanos y la seguridad nacional. Es un viraje profundo que revisaré en otra ocasión. Por ahora sólo subrayo que es una ruptura con la visión policiaca-militar que caracterizó al sexenio pasado.
El cambio fue desencadenado por la acción organizada de familiares de las víctimas que metieron el tema en la agenda nacional e internacional. Tuvieron éxito por la legitimidad de su causa y porque han contado con el respaldo de buena parte de la opinión pública nacional y extranjera. Un ejemplo sería la cobertura tan plural y amplia concedida al informe de HRW.
Otro ingrediente ha sido el nombramiento de personas con experiencia y compromiso en el área de seguridad y derechos humanos. Otro elemento es que los titulares de estos cargos han integrando equipos con perfiles formados en la defensa activa de los derechos humanos. Ejemplifico esto último con tres dependencias. En Gobernación la subsecretaria Lía Limón nombró a Juan Carlos Gutiérrez, en Seguridad Pública, Manuel Mondragón invitó a Patricia Colchero a dirigir el área de derechos humanos y el subprocurador Ricardo García Cervantes se hace acompañar de Eliana García. A falta del espacio para detallar las biografías de Juan Carlos, Patricia y Eliana, créanme si les digo que cuentan con las credenciales para hacerme abrigar esperanzas de que va más en serio el respeto a los derechos humanos.
¿Hasta dónde llegará la promesa? Imposible anticiparlo porque el viraje no está del todo dado. Las resistencias vendrán cuando la "búsqueda" de los desaparecidos o la protección de víctimas potenciales se acerque a los presuntos responsables. No estoy pensando solamente en el ex presidente Felipe Calderón con quien seguramente ya hay un compromiso de impunidad; sino a los aportes a la barbarie hechos por un buen número de gobernadores y funcionarios.
El entramado de las élites políticas y de las violaciones a derechos trasciende sexenios. Cabe entonces preguntarse si desaparecerá la exigencia de esclarecer lo sucedido en la Guerra Sucia, si llegaremos a la paradoja de que el priismo de 2013 considere la creación de una Comisión de la Verdad independiente que reciba el mandato de las grandes violaciones de los derechos humanos. Tal vez estoy siendo demasiado optimista, pero deberán atender el pasado si quieren construir futuro.
La variable principal seguirá siendo la capacidad que tengan las víctimas para mantenerse unidas mientras interactúan con las dependencias encargadas de atender sus casos, sin perder el respaldo de sus aliados. Fue gratificante observar a Alejandro Martí, María Elena Morera y Javier Sicilia entregando en el Senado las reformas a la Ley de Víctimas. ¿Se mantendrá esta alianza? Independiente de ello, existen las condiciones para que se mantenga el entendimiento informal entre víctimas, organismos de derechos humanos, intelectuales y periodistas. El viraje se haría más fácil si se incorporara con mayor determinación la hasta ahora timorata Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eso depende de lo que haga la Comisión de Derechos Humanos del Senado y en particular su titular Angélica de la Peña.
Nada está escrito salvo que la política pública es de quien la cabildea y monitorea, que la búsqueda de los desaparecidos es una batalla estratégica que puede llevar a una derrota de la impunidad y que bajo ciertas condiciones la gente cuenta.
LA MISCELÁNEA
Wilbert Torre escribió Narcoleaks, un libro ameno que ilumina pliegues inéditos sobre los orígenes y evolución de la guerra. Se presentará el próximo sábado 2 de marzo a las tres de la tarde en el Auditorio Bernardo Quintana de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.
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