GLORIA LETICIA DÍAZ
MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones de derechos humanos pidieron hoy la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el Estado mexicano a fin de que se ponga freno a abusos cometidos en el país.
En la sesión que se llevó a cabo en la ciudad de Washington, estuvieron presentes funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, entre ellos la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la expanista Lía Limón García, quienes se estrenaron en las seis audiencias que se desahogaron durante la jornada.
Los representantes gubernamentales sostuvieron ante el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que acciones como la firma del Pacto por México y la promulgación de la Ley General de Víctimas eran muestra plena de la voluntad del gobierno priista para respetar los derechos humanos.
La serie de audiencias, en las que estuvo presente en todo momento el relator de México, Rodrigo Escobar Gil, inició con la revisión del caso Digna Ochoa, quien fue encontrada muerta en su despacho el 19 de octubre de 2001, y cuyo expediente se encuentra en proceso de ser admitido para un informe de fondo por la CIDH.
Durante la exposición del caso, identificado con el número 12.229, a cargo de la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Alejandra Nuño y David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), fue evidente la reticencia de las tres últimas administraciones perredistas del gobierno del Distrito Federal para aceptar pruebas de los representantes de la familia Ochoa y Plácido que, en su opinión, modifican la conclusión oficial de 2003 en el sentido de que la abogada y activista se suicidó.
Los representantes de los peticionarios reprocharon que después de acudir a recursos como el amparo en dos ocasiones, se mantuvo la decisión de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) del no ejercicio de acción penal sin integrar las pruebas que evidenciarían, según ellos, que Digna Ochoa fue víctima de asesinato, luego de haber sido amenazada durante años por la defensa activa en casos en los que involucraba la participación del Ejército en violaciones a derechos humanos.
Sin embargo, el representante de la PGJDF, Jorge Antonio Mirón Reyes, pidió a la CIDH no admitir el caso y responsabilizó a los defensores por no haber recurrido a la revisión de un último amparo, también perdido por la defensa.
La jornada siguió con la revisión para admisión del caso de las mujeres agredidas sexualmente en Atenco, identificado con el número 12.846. En la audiencia, Bárbara Italia Méndez habló en nombre de las mujeres torturadas sexualmente y rechazó el ofrecimiento de una solución amistosa ofrecida por el gobierno de Peña Nieto.
El maratón continuó con la audiencia en la que organismos de derechos humanos cuestionaron la exhibición pública de los detenidos por parte de dependencias federales y estatales, específicamente en el Distrito Federal.
Por parte de los peticionarios, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia, recordó que el organismo formuló una recomendación por la que demandó a la PGJDF la supresión de la medida de exhibición de personas detenidas, arraigadas o víctimas de delito, por considerar que es una práctica cruel, inhumana y degradante, y que afecta los derechos a la intimidad, al buen nombre, al honor y a la honra, así como que deriva en graves daños en el ámbito social y laboral de las personas sometidas a esa práctica.
El representante de la PGJDF apuntó que la recomendación fue admitida en parte, y que se mantenía la práctica, debido a que en al menos 20 casos la exhibición había servido para que otras víctimas denunciaran a sus agresores, amén de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha declarado inconstitucional la exhibición de personas.
En tanto que la representante de la Procuraduría General de la República (PGR), la exdiputada federal del PRD, Eliana García Laguna, manifestó que la dependencia estaba haciendo una revisión del tema y que se presentaría una propuesta al respecto en la Conferencia Nacional de Procuradores, para evitar prácticas que vulneren los derechos humanos de los detenidos, y que, en todo caso, sólo se presentarían imágenes para “favorecer la cultura de la denuncia”.
El relator Escobar Gil manifestó que es “inadmisible” la exhibición de personas, y que no se disculpa ni porque la SCJN no haya hecho un pronunciamiento ni por considerar que favorecía a la cultura de la legalidad.
Por su parte, la comisionada Rosa María Ortiz, relatora de la niñez y la adolescencia, indicó que hay estudios muy serios que muestran que la exhibición de detenidos puede incitar a menores a delinquir “porque esa es la única forma en que pueden salir en medios de comunicación”.
Y preguntó si el Estado mexicano tenía algún informe que mostrara lo contrario, pero el cuestionamiento no fue atendido por ninguna autoridad presente.
Enseguida, se desahogaron dos audiencias vinculadas con políticas públicas en materia de derechos humanos, aplicadas por el actual gobierno, así como por el grupo parlamentario del PRI en el Congreso de la Unión.
Cristina Hardaga, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Jaqueline Sáenz, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Stephanie Brewer del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y Daniel Joloy de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, cuestionaron que en el Pacto por México no se haya incluido como tema de agenda la modificación al Código de Justicia Militar, como ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en cuatro sentencias, así como las “contrarreformas” a la reforma Constitucional en materia de derechos humanos aprobada en julio de 2011, impulsadas por legisladores priistas, y la concentración del poder de las fuerzas policiacas en la Secretaría de Gobernación, a través del proyecto de la Gendarmería Nacional.
Explicaron que en el primer bimestre de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió más de 200 denuncias contra miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y cuestionaron la permanencia de la figura del arraigo, pese a la existencia de nueve recomendaciones de organismos internacionales por desaparecerlo, tras considerar que se cometen graves violaciones bajo esa figura.
Asimismo, denunciaron la falta de operatividad del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas, y el sistemático hostigamiento contra activistas, como lo demuestran el hecho de que en el último bimestre del año fueron agredidos 42 defensores y de 2006 a la fecha fueron asesinados 61.
Luego, los mismos defensores y familiares de desaparecidos, Nadin Reyes, hija de Francisco Reyes Amaya, y Diana Iris García, madre de Daniel Cantú García e integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), reclamaron la inoperancia de la Ley General de Víctimas, que se dé preponderancia a la reparación económica antes que a la búsqueda de los familiares y que no se atienda la crisis humanitaria que significa la laguna jurídica de tener un pariente desaparecido, ello en términos patrimoniales.
Los nuevos funcionarios, Lía Limón, Eliana García y el director de la Unidad de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de la Segob, Juan Carlos Gutiérrez, pidieron tiempo a los defensores para resolver sus inquietudes, con el argumento de que llevaban sólo tres meses en los cargos y que apelaron al cambio de discurso del nuevo gobierno que, desde su óptica personal, es un paso importante.
La última audiencia tuvo que ver con una queja de representantes de pueblos indígenas rarámuris y tepehuanes porque las autoridades nunca les pidieron su opinión para llevar a cabo la construcción de un proyecto turístico en Barrancas del Cobre, Chihuahua, que, en su opinión, acarreará daños ecológicos, provocará la expulsión y modificara los usos y costumbres en dicho territorio.
Los representantes del Estado dieron vueltas al asunto, se refirieron a la situación geográfica de la zona afectada, de la cantidad de habitantes de habla indígena en la región, del nuevo programa Cruzada Nacional contra el Hambre, y del Pacto por México, nuevamente.
La perorata tuvo que ser interrumpida por Rosa María Ortiz y los funcionarios reconvenidos por el comisionado Escobar Gil. Ambos señalaron que los indígenas “no habían viajado desde tan lejos para escuchar esos discursos, sino para tener respuestas a sus demandas”.
Ante la incapacidad de responder, los representantes del Estado Mexicano se comprometieron a mandar en una fecha indeterminada una respuesta a sus inquietudes.
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