Por: Arturo Huerta González
En las últimas décadas los gobiernos han privilegiado las políticas de libre movilidad de mercancías y capitales, así como la disciplina fiscal, la estabilidad del tipo de cambio, y la reducción de la inflación. Ello lo han conseguido a costa de no tener política económica a favor de la competitividad, del sector productivo, como del crecimiento económico, y del empleo. Los sectores favorecidos han sido los que nos venden productos desde el exterior, que han inundado el mercado interno con sus productos, a costa de que el país tenga menos industria, menos sector agrícola, y menos empleo formal. Asimismo, el sector financiero ubicado en el país, gana aquí lo que no obtiene en su lugar de origen, y aparte no otorga créditos al sector productivo, por lo que es disfuncional a la dinámica económica y a la generación de empleo.
Desde 1982 la economía nacional y su capacidad para generar empleo formal, viene creciendo por debajo del crecimiento de la población económicamente activa (aquella que se incorpora anualmente al mercado de trabajo), por lo que la economía informal, el subempleo y desempleo han crecido, conjuntamente con la miseria, dado que en estos sectores los trabajadores no obtienen salarios estables, ni cuentan con prestaciones laborales, lo que ha polarizado la mala distribución del ingreso.
Ante el creciente proceso de exclusión, la emigración de trabajadores creció significativamente hacia los Estados Unidos en la década de los años 80, como en los años 90, llegando a representar dicha emigración alrededor de medio millón de mexicanos anualmente. A inicios del presente siglo, ante los problemas de recesión económica y de desempleo presentes en la economía estadounidense, como ante los mayores obstáculos en la frontera de dicha país, se ha reducido la emigración de compatriotas a tal país. La economía nacional continúa sin ofrecer oportunidades de empleo bien remunerado, lo que ha llevado a que sectores crecientes de desempleados, o jóvenes que buscan empleo y no lo encuentran, ingresen al crimen organizado. Según datos de la Cámara de Diputados (La Jornada, 31/3/2013) el narcotráfico se ha constituido en la quinta fuente nacional de empleo, llegando a dar empleo a alrededor de medio millón de personas. Mientras la economía sigue sin ofrecer fuentes de empleo bien remunerado, el crimen organizado seguirá atrayendo mano de obra dados los mejores salarios ofrecidos. La falta de expectativas de crecimiento y de mejoras al bienestar de la población, ha llevado a algunos a preferir vivir bien pocos años, que una larga vida de miseria y de carencias.
El gobierno dice que ataca al crimen organizado, pero no combate las causas que lo han potenciado, que por un lado son las altas ganancias que ofrece, y por otro, la falta de fuentes de empleo bien remunerado en la economía formal. No lleva a la cárcel a los que lavan el dinero, y están a la cabeza de las organizaciones criminales, dado que lo que ingresa anualmente por lavado de dinero (entre 30 y 40 mil dólares), le es funcional a la economía, para incrementar reservas internacionales, para financiar la apertura comercial y financiera, como para mantener estable el tipo de cambio, y baja la inflación. Asimismo, la entrada de capitales que proviene por el narcotráfico, genera empleo que no ofrece la economía nacional, y además aumenta el consumo que permite cierto dinamismo de la economía. Si el gobierno combate el lavado de dinero, se comprometería el monto de reservas internacionales, como el financiamiento del libre movimiento de mercancías y capitales, y la estabilidad del tipo de cambio, la baja inflación, así como el empleo y el consumo derivado de tal práctica delictiva. El gobierno decide mantener las cosas tal cual, combatiendo al menudeo, o algunos transportes de cargamento, pero no al lavado de dinero, ni a las grandes cabezas. Por otro lado, no tiene capacidad de generar empleo bien remunerado, para reducir el caldo de cultivo que ingresa al crimen organizado permanentemente ante la falta de opciones de trabajo digno, bien remunerado, ya que tendría que modificar radicalmente la política macroeconómica predominante. Es decir, para estimular la inversión producida, para generar empleo en la economía formal, habría que bajar la tasa de interés, incrementar el gasto público deficitario, y salarios, como trabajar con tipo de cambio flexible, para incrementar demanda, y mejorar la competitividad de la producción nacional frente a importaciones, y así asegurar niveles de rentabilidad en el sector productivo para impulsar la inversión y la generación de empleo en el sector manufacturero y agrícola. El gobierno no hace eso, pues comprometería las ganancias del sector bancario–financiero, para el cual trabaja. Mientras ello siga, y no se modifique la política macroeconómica que tanto defienden los tomadores de decisiones, no hay viabilidad de frenar el desempleo y subempleo, ni la economía informal, ni las grandes desigualdades de ingreso existentes, por lo que seguirá el crecimiento del crimen organizado, y seguirá siendo de las principales fuentes de empleo en el país, por lo que continuará el contexto de violencia que predomina a lo largo y ancho de nuestro territorio.
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