Gloria Muñoz Ramírez
Los indígenas sentenciados por la
masacre de Acteal, algunos de ellos confesos, que han sido liberados desde
2009, sí están regresando a sus comunidades, lo que contraviene los acuerdos y
declaraciones oficiales de que serían reubicados. Su reinserción a la vida
comunitaria no sólo es una afrenta para las víctimas, sino que vuelve a poner
en peligro a sus familiares y la endeble paz de la región.
Las personas que viven en Acteal
comienzan a vivir situaciones de riesgo y de tensión, tanto que su vida normal
después de las liberaciones se ve coartada, advierte el director del Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y no es para menos.
El pasado 10 de abril otros 15
indígenas sentenciados por participar en la matanza de 45 hombres, mujeres y niños
de la organización civil Las Abejas, ocurrida el 22 de diciembre de 1997,
fueron liberados por disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), instancia que hizo, incluso con asesinos confesos, lo que no ha hecho
con el preso político más emblemático: Alberto Patishtán.
Fallas al debido proceso,
violación de sus derechos, argumenta la SCJN. Por tanto, son libres y aunque
supuestamente no pueden regresar a Acteal, lo cierto es que aseguran que los
paramilitares han vuelto poco a poco al territorio.
La condena internacional por la
matanza logró que el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, se
quedara sin trabajo y saliera de la escena pública. Aunque jamás se consignó a
los autores intelectuales, decenas de indígenas fueron sentenciados y luego
liberados. Chuayffet declaró esta semana que la matanza marcó la parte más
triste de su vida como político; hoy enfrenta el conflicto magisterial y el
rechazo a su reforma educativa.
Con la reciente liberación suman
ya 73 personas consignadas fuera de prisión, quedando sólo siete tras las rejas
por los hechos de Acteal, debido a un proceso que se inició en 2009 cuando, a
partir de una investigación del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE), la SCJN empezó a revisar las sentencias con el argumento de que hubo
irregularidades en el debido proceso.
Y el resultado es que el peligro
para las comunidades continúa, pues aunque después de su liberación los ubican
en una finca, paulatinamente regresan a Chenalhó donde viven sus familias, lo
que pone en riesgo a los sobrevivientes.
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