PATRICIA MAYORGA
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- A siete meses de que la empresaria Carla Herrera Guerrero demandó al Club Campestre por discriminación, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua sigue sin proceder legalmente contra 14 directivos de dicho centro recreativo, a pesar de las pruebas que los incriminan.
Harta de esperar justicia, la empresaria advirtió que si la dependencia no actúa en los próximos 15 días interpondrá una denuncia ante organismos internacionales para hacerse escuchar.
Herrera Guerrero demandó al Club Campestre en octubre pasado, luego de que los directivos de dicho centro le negaron la inscripción a su esposa Liliana Victoria Aún Caraveo al considerar que el matrimonio entre ambas mujeres es “inmoral y un mal ejemplo” para los socios. En esa ocasión, la única salida que le dieron es que la inscribiera como su sirvienta para permitirle el acceso.
En marzo de 2012 la empresaria intentó de nueva cuenta inscribir a su pareja, pero el Club se negó a hacerlo otra vez. Carla Herrera presentó una denuncia ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred), y el 30 de julio siguiente la institución resolvió a favor del matrimonio.
El abogado defensor, David Peña Rodríguez, dio a conocer que las autoridades estatales integraron la carpeta de investigación por el delito de discriminación contra 14 personas señaladas como responsables, y hay suficientes elementos, dijo, para formular la acusación.
Detalló que, como primer paso, un grupo de diputadas federales presentará un punto de acuerdo ante el Congreso de la Unión para exhortar al gobierno de Chihuahua a concluir el caso, y si en 15 días no se realiza la imputación respectiva, las agraviadas acudirán ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
David Peña explicó que con la recomendación de la Conapred, los acusados reconocieron haber cometido irregularidades, por lo que admitieron el ingreso de Liliana Victoria al Club Campestre, pero expulsaron a Carla.
“Resulta contradictorio cuando no sólo se reconocen irregularidades, sino que se comete un nuevo acto de discriminación. Queremos pensar que no es de manera deliberada, pero con esa defensa se actualiza delito de discriminación”, señaló.
Peña Rodríguez mencionó que los directivos del Club Campestre no sólo negaron la inscripción a la empresaria, sino que atacaron su vida personal. Los documentos que lo comprueban, dijo, se encuentran en la carpeta de investigación.
“Lo que nos preocupa es que la Fiscalía, a pesar de declaraciones de los responsables y argumentos de la Conapred, se siga resistiendo. Tenemos confianza en las autoridades, pero lo que consta en carpetas es suficiente, hay sustento para hacer una imputación”, reiteró.
El abogado señaló que si el caso llega a la CEDAW, ésta pedirá información al gobierno mexicano y éste, a su vez, tendrá que obligar al gobierno del estado a que explique su actuación.
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