ALEJANDRO GUTIÉRREZ
Madrid, (proceso.com.mx).- El diario español El País abordó hoy en su sitio web el caso de Jorge Carrasco, periodista de la revista Proceso, amenazado de muerte por “una oscura trama de funcionarios y exfuncionarios corruptos de Veracruz relacionados con el crimen organizado”.
“Llevo más de diez años cubriendo seguridad y justicia, el gran tema inacabable del sexenio del expresidente Felipe Calderón, pero nunca te imaginas que vayan a ir a por ti”, inicia el relato de Carrasco al corresponsal de El País en México, Luis Prados.
El motivo de dicha amenaza, que describe como “su pecado”, fue investigar el asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, cometido el 28 de abril del 2012.
Desde que conoció de la amenaza de muerte, hace más de un mes, la vida de Jorge Carrasco y su familia se volvieron “una pesadilla cotidiana”, escribe Prados. “Continuos cambios de domicilio, con el sospechoso asalto en uno de ellos por parte de unos ladrones que no se llevaron nada, y el hecho de no poder ir a ninguna parte sin la escolta que le ha proporcionado la Secretaría de Gobernación”.
Carrasco señala: “Es una alteración total de tu vida personal, pero tiene un efecto mucho más pernicioso: sólo un suicida volvería a escribir sobre el caso de Regina y Veracruz. Me han quitado mi libertad de expresión”.
El caso es uno más en la escalada de acoso que sufre la prensa en el México de la guerra contra el narcotráfico, sostiene El País. “Desde el año 2000, según Reporteros sin Fronteras, han muerto 83 periodistas, una veintena están desaparecidos y muchos más amenazados”, apunta.
Prados recuerda que el asesinato de Regina, asfixiada en su casa de Xalapa, Veracruz, conmocionó a la sociedad mexicana. En esa entidad han muerto violentamente nueve periodistas desde 2011.
Recuerda el tenso encuentro que, tras el asesinato de la corresponsal, mantuvieron el fundador de Proceso, Julio Scherer García, el director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, el subdirector, Salvador Corro y el propio Carrasco con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte y su equipo de seguridad.
Como resultado de esa reunión se decidió que Jorge Carrasco fungiera como representante del semanario a lo largo de la investigación oficial.
El corresponsal de El País destaca que tiempo atrás Proceso descubrió las vinculaciones del gobierno de Fidel Herrera, antecesor y padrino de Duarte, con el narcotráfico, tras lo cual la revista fue secuestrada en esa entidad, como sucede cada que se publica algo que les incomoda a las autoridades.
Sin embargo, para perplejidad de Carrasco, las investigaciones siguieron un extraño derrotero. “Como llamar a declarar a periodistas locales, tomarles las huellas dactilares, incluso las dentales a algunos de ellos, o que de las ocho huellas encontradas en el lugar del crimen se decidiese que sólo servía una”, relata.
Pero el Estado concluyó que los asesinos de Regina eran delincuentes comunes. Conclusión que Proceso no aceptó, apunta.
“Regina tenía un gran conocimiento de la descomposición de la vida política que se venía produciendo en Veracruz. Le pedimos a la Procuraduría del Estado que siguiese esa línea, pero no nos hicieron ni caso”, cuenta Carrasco.
El contexto en el que se produjo el asesinato de Regina, apunta el diario, fue en pleno reajuste del control de la plaza y una guerra entre los Zetas y el cártel de Jalisco Nueva Generación, con su facción, “Los Matazetas”.
El pasado 14 de abril, en vísperas de cumplirse el primer año del homicidio, la revista publicó un reportaje de Carrasco donde demostraba la serie de inconsistencias de la investigación y la impunidad de los asesinos. Esa misma noche empezaron las amenazas.
Carrasco relata al periodista hispano que dos fuentes de su máxima confianza le informaron que “funcionarios y exfuncionarios del gobierno y de la Procuraduría de Veracruz habían mantenido varias reuniones para acordar acciones hostiles contra él, como ordenar la búsqueda de información sobre su persona en todas las bases de datos del país y enviar hombres al Distrito Federal para capturarle. Dicho con las propias palabras del hampa –según el reportero—, la orden era ´que si no se dejaba subir (llevar a Veracruz), darle piso (matarle)´”.
Prados recuerda que la revista dio parte a las autoridades federales y publicó un comunicado en el que responsabiliza al gobierno de Veracruz de “cualquier agresión que pudiera sufrir a partir de estos hechos”.
El semanario recogía también que el gobernador Duarte y su equipo de seguridad habían negado tajantemente su participación en esas reuniones y se comprometían a respetar el trabajo y la integridad del periodista amenazado. El diario español intentó, sin éxito, ponerse en contacto con el gobernador.
Mientras el caso sigue abierto, apunta, “Jorge Carrasco, vive bajo la protección policial, con la única defensa de las letras contra las armas”.
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