Demanda la organización internacional dar “fuerte protección” a los sobrevivientes y testigos
REDACCIÓN
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) exigió al gobierno mexicano una investigación exhaustiva sobre el asesinato de los tres dirigentes de la Unidad Popular (UP) de Iguala, y analizar las imputaciones que existen “sobre agentes del Estado”, así como dar “una fuerte protección” a los sobrevivientes.
En un comunicado, la organización con sede en Washington refirió que las víctimas eran integrantes de una misma organización que realiza campañas de defensa a campesinos y comunidades marginadas, y temían por su vida tras recibir amenazas.
“Las víctimas temían por su vida, específicamente a manos de funcionarios locales”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “La PGR debería intervenir a fin de ayudar a garantizar una investigación independiente que analice todos los posibles móviles de este delito”.
La organización refiere que según documentos obtenidos por Human Rights Watch, los victimados habían presentado una denuncia contra el alcalde y el jefe de la policía municipal de Iguala porque tenían temor de que “pudieran ordenar matarlos como represalia por sus actividades”.
Asimismo, Vivanco pidió también protección para los testigos pues “no puede haber ninguna investigación efectiva de estos asesinatos aberrantes si los testigos no se sienten seguros para hablar”.
En su comunicado, relató que Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, sustraídos por desconocidos el 30 de mayo, habían tenido conflictos con el alcalde José Luis Abarca Velázquez, quien había dicho a Cardona que “nomás falta que te andemos cuidando para que no te maten con tantos problemas que tienes”.
Los activistas –relata Human Rights Watch– habían sido seguidos en vehículos y por desconocidos, a los cuales les tomaron fotografías.
Por tales razones, la organización internacional consideró que al haber muchas imputaciones directas respecto a la participación de funcionarios locales “la intervención de las autoridades federales ofrecería mayores posibilidades de independencia y efectividad”.
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