NORMA TRUJILLO BÁEZ
Campesinos indígenas integrados en la Unión de Todos los Pueblos Pobres, Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme (Tinam), Comuneros del valle de Tuxpang (UECVT), Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y otras organizaciones de la zona centro del estado, dieron a conocer que algunas comunidades de la región en la que se pretende construir la presa hidroeléctrica El Naranjal no están de acuerdo en que se declare área natural protegida porque consideran que con ello vendrá la expropiación de sus terrenos, además que con la declaratoria, el gobierno y la empresa, cuando los campesinos ya no sean propietarios podrán llevar a cabo el proyecto hidroeléctrico.
Ante ello, en conferencia de prensa los campesinos piden que se haga una cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico El Naranjal y se pronunciaron contra la declaración que hiciera el gobernador del estado, Javier Duarte, el pasado 5 de junio, que una parte, por el lado de Amatlán, desde la Barranca de Metlac –la cuenca hidráulica del Río Blanco hasta Cuitlahuac– será decretada como área natural protegida.
Los campesinos, Adolfo Tlaxcala Ixmatlahuacan perteneciente al Tinam e Ignacio Romero Carrera representante de la UECVT, dijeron que en los pueblos de la sierra de Zongolica y los valles, aún existe pobreza, miseria, desempleo, desnutrición, migración, y estos factores se agudizarán si el gobierno impide que esas tierras de uso ejidal, las trabajen, “esto es lo que pasará con la declaratoria de área natural protegida”.
Asimismo dijeron que seguirán luchando, porque “la declaratoria tiene varias formas de trabajar a conveniencia los gobiernos junto con los empresarios porque ahorita podemos protestar, pero cuando salga a luz pública un decreto de área protegida, ellos pueden meter al Ejército, las tierras quedarán en resguardo del gobierno, nosotros no estamos de acuerdo, los Amatlán hasta quieren festejar, nosotros no, de esa manera nos van despojar a los demás compañeros, si así lo están haciendo, con esa declaratoria va ser más esos amarres con las trasnacionales”, objetaron.
Esa declaratoria –agregaron– tiene fuertes implicaciones jurídicas y políticas, porque la tierra bajo el régimen ejidal o comunal pasaría a la tenencia federal, y con ello el gobierno tendrá todo el poder legal para disponer de esas tierras una vez que se publique ese decreto.
Asimismo dieron a conocer que en el Ejido Zapoapan la empresa ya compró el 15 por ciento de las mil 560 que comprende el ejido en donde, se ha trazado, pasará la obra; en Amatlán ya compraron 10 por ciento y han pagado a los campesinos 60 mil pesos por hectárea, de igual manera llegan prestanombres de la empresa a los Zíchiles, Amatlán, El Naranjal, Fortín, Ixtaczoquitlán, según que para hacer estudios para llevar a cabo proyectos de ecoturismo.
Así, los afectados piden que el gobierno de Veracruz no permita la instalación de la presa hidroeléctrica del Naranjal, lo cual devastaría toda la región, pero que tampoco decrete el área como protegida, pues la zona es fértil en siembra, y las familias de la región viven de ello.
“La imposición de los 112 megaproyectos de plantas hidroeléctricas en el estado de Veracruz, que pretende hacer el gobierno de Javier Duarte, para el beneficio de empresas nacionales y trasnacionales, y en perjuicio irreversible contra cientos de poblaciones rurales, evidencia la discriminación (...) el dinero se va para el capital privado, mientras que para la población sólo hay obras de relumbrón y empleos informales, y otros miserables paliativos”, reclamaron.
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