jueves, 17 de octubre de 2013

El tiempo corre y continúan ausentes las medidas efectivas contra la pobreza.




Hoy, en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Amnistía Internacional (AI) ha hecho un llamado a las autoridades mexicanas para que éstas cumplan con su obligación de garantizar el acceso a los derechos que permitan a las personas escapar de la pobreza.

De acuerdo a cifras dadas a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), más de 53 millones de personas se encuentran viviendo en situación de pobreza, de las cuales más de 20 millones de personas en el país se enfrentan a la pobreza alimentaria.

Amnistía Internacional considera lamentable que pese a esas escandalosas cifras, y de los reiterados compromisos de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, la pobreza pareciera estar relegada a un segundo plano en las políticas públicas.

Además, sorprende a la organización la continuada negativa a firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PFPIDESC). Negativa que pone en duda la seriedad el compromiso de esta administración en el combate a la pobreza.

Este protocolo posibilitaría a las personas que sufran de violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, acceder a un mecanismo de investigación de carácter confidencial, que permite a un Comité de las Naciones Unidad investigar estas presuntas violaciones en el territorio de cualquier Estado que lo haya firmado. Abriendo así una vía para que las personas que se enfrentan a la pobreza puedan reclamar sus derechos.

Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades mexicanas a tomar todas las acciones necesarias para que este Protocolo se firme y ratifique a la brevedad.

Así mismo, la organización insta a las autoridades mexicanas a no limitarse a la firma y ratificación del PFPIDESC y definan estrategias efectivas para terminar con esta tragedia, estrategias que deberán contar con objetivos claros y medibles, que integren una prospectiva de derechos humanos y consideren la participación efectiva de organizaciones de la sociedad civil para su planeación e implementación.