Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. advirtió en el Senado sobre el riesgo que implica abrir Pemex cuando México es parte del TLCAN y podría verse obligado a otorgar contratos preferenciales a las empresas (de EU), o ser llevado a un panel internacional de controversia en caso de negarse. El asunto cobra inusitada relevancia y urgencia si se tiene presente que desde octubre de 2012 México negocia su participación en el Acuerdo Trans-Pacífico (ATP) que, según documentos filtrados, otorga derechos y privilegios extremos a las corporaciones sobre inversión, tierras, recursos naturales, industrias y para desactivar las empresas estatales, con intención de revertir la proyección geoeconómica y política del vasto y dinámico sector estatal chino.
La noción de renegociar el complejo petro-eléctrico mexicano protegido en el TLCAN por los artículos 27 y 28 de la Constitución, ya había sido puesta en la agenda de Peña Nieto por John D. Negroponte (JDN), embajador de EU durante la negociación del TLCAN y ex-director del Consejo Nacional de Inteligencia, máximo organismo del espionaje imperial. En octubre de 2010 dijo desde Toluca que ya era tiempo de buscar nuevas formas de colaboración mediante la negociación de una segunda fase (del TLCAN) y que...el asunto... delicado tendrá que ponerse en la mesa. Se refería al sector energético, carta clave en los procesos de sucesión presidencial para su despojo a la nación. EPN llegó a Los Pinos cuando culminaba el debilitamiento intencional de Pemex iniciado en 1983, por lo que a finales de 2011 y para beneplácito de la Casa Blanca y las mayores (ExxonMobil, Chevron, etcétera) durante su gira por EU, ofreció abrir la energía, endosando el diseño empresarial y de seguridad nacional de EU.
JDN sabía que estaban en curso las negociaciones para el ATP, que incluye a EU, país miembro con el mayor y más poderoso número de corporaciones, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Corea del Sur, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam. Sabía que para México esa era precisamente la segunda fase del TLCAN y que una vez despejados los obstáculos constitucionales, el control del crudo y del negocio caerían, como fruta madura en manos de las mayores, gracias al ATP. Calificado como un TLCAN plus, los críticos lo llaman un NAFTA con esteroides por su capítulo sobre inversiones.
Pese al secretismo se conocen borradores obtenidos por Public Citizen analizados por Lori Wallach (review of TPP) que confirman que el ATP amplía los poderes de las corporaciones equiparándolas con los atributos que se asignan a las naciones y que contiene 29 capítulos de los que sólo cinco son sobre comercio. El texto lo elabora el gobierno de EU con 600 consejeros corporativos, entre otros de Monsanto, Bank of America, Chevron, ExxonMobil, además de Halliburton, principal proveedora de la técnica de fracturación hidráulica o fracking que devasta salud humana y animal, ambiente y atmósfera para extraer gas y petróleo en lutitas, donde además asesoran sobre medio ambiente, regulación de empresas estatales, flujos de capital, nuevas prerrogativas en materia de inversiones, derivados, permisos, salud y seguridad públicas, Internet, costos de medicinas, patentes y derechos de autor y tribunales internacionales del tipo manejado por el Banco Mundial, MIGA, etcétera, pero más opacos porque estarán formados por tres jueces, abogados de firmas de tres de los signatarios del ATP, en función de juez y/o parte según el caso.
El ATP permite a los inversionistas entablar juicios directos contra gobiernos en busca de compensaciones ilimitadas ante leyes ambientales, laborales, de defensa del consumidor que en su criterio limiten su capacidad para obtener ganancias. Hasta el momento, dice la UNCTAD, ExxonMobil y Dow Chemical han lanzado más de 450 juicios contra 89 gobiernos”. En juego decenas de miles de millones de dólares. De una muestra de 675 millones de dólares, 70 por ciento fue a favor de petroleras y mineras.
Bajo el ATP se limita la capacidad estatal para regular la inversión extranjera, incluyendo la adquisición de tierras y el control de los recursos naturales, dando preferencia a bancos de inversión tipo Citigroup, Morgan Stanley. Esos tribunales a modo estarán a cargo de los contratos entre gobiernos e inversionistas extranjeros (textual): en relación a los recursos naturales controlados por una autoridad nacional, tales como su exploración, extracción, refinación, transporte, distribución o venta; o suministrar servicio público... como la generación y distribución de electricidad, gestión del agua o telecomunicaciones, o realizar proyectos de infraestructura: construcción de carreteras, puentes, canales, represas, ductos, que no sean para el uso exclusivo o predominante del gobierno.
Diego Valadés acertó por mucho. Con tocar el 27 y 28 de la Constitución, se desatan los leones.
jsaxef.blogspot.com
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