Laura Itzel Castillo
15 de Ene de 2014
En uno de los vagones del Metro, una mujer embarazada comenta con su pareja que ella ya no se va a atender en el hospital de Pemex, que tendrá que ir al IMSS, según le informaron en la dependencia en la que labora. “¿Cómo, pues no que Pemex no se privatizaba?”, pregunta, alarmado, el muchacho. “Pues cuernos”, contesta ella, haciendo el ademán. “Así me lo dijo mi jefe”, añade. “No creo”, refuta él, “¿a poco nos engañaron?”.
Con la aprobación de la reforma energética sin la participación del pueblo, los mexicanos atestiguamos el atraco más grande que se le haya hecho a la nación, después de la entrega de más de la mitad de nuestro territorio a nuestro vecino del norte por parte de Antonio López de Santa Anna.
Ahora con los compromisos hechos por Enrique Peña Nieto con Estados Unidos, este gobierno entreguista junto con la genuflexión de los legisladores entrenados para obedecer instrucciones, sin asumir su papel de representantes populares, votaron a ojos cerrados, sin conocer mínimamente el contenido del dictamen y sin preocuparles que sean conocidos como traidores a la patria.
No parece casual que a 20 años de firmado el Tratado de Libre Comercio ahora se acuerde ofrendar el petróleo para el usufructo de las poderosas empresas transnacionales. “Dios nos escrituró un establo, y los veneros del petróleo el diablo”, escribió Ramón López Velarde. A pesar de todo, “la reforma energética puede ser combatida mediante un amparo”, señalaron los integrantes del grupo de ingenieros petroleros Constitución del 17, encabezados por su presidente, Francisco Garaicochea, y por Raúl Jiménez, los dos jubilados de Pemex. Seguramente existen muchos caminos jurídicos; sin embargo, lo importante es que éstos vayan acompañados de la lucha social y organizada en defensa de nuestros derechos como nación libre y soberana.
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