jueves, 27 de agosto de 2015

Violaciones a los derechos humanos del periodista Ramón Alfonso Sallard por parte del GDF

Verdad legal y verdad histórica

Es una verdad legal que el Gobierno del Distrito Federal me fabricó un delito y me encarceló injustamente. Violó el debido proceso. Hay una sentencia absolutoria que así lo establece y que la administración capitalina no se atrevió a impugnar. Esa es también una verdad histórica. ¿Por qué entonces recibo un trato distinto al del extesorero del SME, a quien se le ofreció una disculpa pública hace unos días y se le entregará una indemnización, aparentemente cuantiosa, por concepto de reparación del daño? ¿Por qué, si yo inicié las acciones legales mucho antes que él, y su caso fue posterior al mío? La respuesta es política, no jurídica.

La Casa de los Derechos de Periodistas hizo énfasis en la violación al debido proceso, en tanto que la CDHDF se centró en las violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información. El CCTI documentó la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como también otras violaciones graves a mis derechos humanos: Derecho a la vida y privación ilegal de la libertad. Hoy estoy exigiendo que mi caso se vea en conjunto, y no de manera parcial, para atenuar la responsabilidad de los cómplices en el complot, así fuera por acción u omisión.

A partir de hoy trataré de responder a las seis preguntas básicas del periodismo: qué, quiénes, cuándo, cómo, dónde y por qué.

Insisto: que cada quien se haga responsable de sus actos, de sus palabras y de sus silencios.

Ramón Alfonso Sallard.

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 Texto íntegro del oficio que presentó la CDP al GDF. La respuesta de Miguel Ángel Mancera, vía Juan José García, fue: "Gánenme en juicio y me disculpo". En enero de 2013, vale decir, Mancera todavía gozaba de popularidad.


Casa de los Derechos de Periodistas A.C.
Solicitud de intervención
Ciudad de México, a 25 de enero de 2013.

Lic. Juan José García Ochoa


Subsecretario de Gobierno
Gobierno del Distrito Federal



Estimado Juan José:
Le presento el caso del periodista Alfonso Sallard López, para el que solicito su intervención.



Antecedentes:



Por iniciativa de nuestro Asociacdo, el periodista Miguel Badillo Cruz se recibió la solicitud de apoyo del periodista Alfonso Sallard López el viernes 18 de enero de 2013. Se abrió expediente. De acuerdo con nuestro Protocolo de Procedimientos de Protección la primera condición para abrir expediente es que la petición sea presentada directamente por el afectado y/o por un Asociado. Se cumplió la condición.



El mismo día fueron enterados del asunto la Presidenta, Judith Calderón Gómez, y el Coordinador de Asuntos Jurídicos, Edgar Omar Viniegra Ávila. Ambos avalaron que la Asociación iniciara un Procedimiento de Protección Correctiva. Tal procedimiento fue respaldado, el 25 de enero, por el abogado Manuel Fuentes Muñiz, integrante del Consejo Directivo de la Asociación.



Procedimiento de Protección Correctiva:



Esta Coordinación realizó una evaluación del caso, tras considerar el testimonio como la documentación que presentó el periodista Alfonso Sallard López los días 18 y 25 de enero. Después de ello determinó adoptar su caso e iniciar un Procedimiento de Protección Correctiva por las siguientes razones:



1. El periodista sufrió un encarcelamiento injusto de seis meses por una acusación falsa y un indebido proceso judicial en el Distrito Federal. Fue exonerado después de ese tiempo por falta de elementos probatorios. Este hecho interrumpió el ejercicio de su profesión, le afectó su honorabilidad y credibilidad profesionales, dañó seriamente a su patrimonio y lo puso en situación de vulnerabilidad. El encarcelamiento injusto y sus efectos pueden ser considerados como agravios a la libertad de expresión y a la libertad de prensa del periodista y a sus derechos de presunción de inocencia y del debido proceso.



2. El periodista funge como Presidente y Director General de la empresa Periodismo desde la izquierda S.A. de C-V., misma que tenía como productos El Periódico (diario) y otras publicaciones tanto impresas como por vía electrónica- El encarcelamiento injusto también impidió la continuidad de los trabajos de dicha empresa. Por tanto, el encarcelamiento injusto y sus consecuencias pueden ser considerados como agravios a la libertad de expresión y a la libertad de prensa contra una empresa legalmente constituida y el Derecho a la Información del sector de población al que llegaba.



3. El periodista considera que tales hechos lo pusieron en condición de extrema vulnerabilidad porque se dañó su personalidad profesional, fue afectado su patrimonio personal, se lastimó la imagen y continuidad de la empresa que representa y que, por lo tanto, corre riesgos porque enfrenta severos obstáculos para recuperar, como persona física, las fortalezas profesionales y patrimoniales que tenía antes del encarcelamiento, así como las propias de la empresa que está compuesta por alrededor de 200 socios, entre comunes y preferentes. Tal vulnerabilidad le hace correr otro tipo de riesgos, incluso de agresiones de segundas o terceras personas vinculadas al expediente judicial.


4. El periodista Alfonso Sallard López considera que la acusación falsa y el indebido proceso judicial tuvieron como origen una decisión política, tomada en las oficinas del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para impedir que él y la empresa que representa prosiguieran haciendo el tipo de periodismo que realizaban durante la línea de tiempo 2009-2010. Este enfoque tendrá que probarse en caso de iniciar una querella judicial.


Acciones de protección



De acuerdo con el Protocolo de Procedimientos de Protección, la Casa de los Derechos de Periodistas le propuso al periodista Alfonso Sallard López un programa mínimo de Protección Correctiva, que él aceptó para su implementación inmediata. Tal programa consiste en lo siguiente:



• Con el fin de frenar, desvanecer o impedir un posible conflicto con las actuales autoridades del Gobierno del Distrito Federal (del cual el periodista podría sufrir más afectaciones) solicitar una entrevista personal con el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en la que se le explique esta injusticia. Mientras tanto el periodista se compromete a no ventilar la injusticia, ni judicial ni mediáticamente.



• Con el fin de allegarle fortalezas para que pueda recuperar el control de su vida y su profesión de periodista, solicitarle al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dos acciones de justicia: una declaración pública de su gobierno acerca del proceso judicial indebido y de la honorabilidad como periodista del afectado; y encontrar la vía para una indemnización económica como reparación del daño.



• Con el fin de prevenir agravios o amenazas, la Casa de los Derechos de Periodistas y el periodista Alfonso Sallard López acuerdan seguir un protocolo de Autoprotección, por el cual él tomará medidas precautorias, preventivas y cautelares que dificulten algún tipo de agresión física contra su integridad o la de su familia, y la Asociación realizará un monitoreo sistemático de incidencias de seguridad.



Por todo lo anterior, respetuosamente solicitamos su intervención para que el periodista Alfonso Sallard López pueda entrevistarse con el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera a la brevedad posible y se logre encaminar este caso hacia una resolución.



Agradecemos de antemano su atención y quedo atento a sus respuestas.



Atentamente



Rogelio Hernández López



Coordinador del Programa de Protección de la CDP



Integrante del Mecanismo de Prevención y Protección a Periodistas, Colaboradores Periodísticos, así como a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Situación de Riesgo con Motivo del Ejercicio de sus Actividades en el Distrito Federal.



Consejero del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal.



c.c.p. Judith Calderón Gómez, Presidenta de la CDP
c.c.p. Omar Viniegra, Coordinador Jurídico de la CDP
c.c.p. Alfonso Sallard López, periodista adoptado por la CDP

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"Les comparto también este otro documento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Por cierto, ya reactivaron el asunto después de dos años de mantenerlo en la congeladora. Aunque no soy optimista de un organismo que ha actuado de manera obsequiosa con el actual jefe de Gobierno del DF, espero, al menos, que su titular actúe con decencia. O que exhiba su conflicto de intereses, como socia fundadora que fue de la CDP. Espero que Manuel Fuentes, apoderado legal de la empresa editora de El Periódico (con poderes notariados legalmente) y adversario de Perla Gómez en la presidencia de la CDHDF, no sea un obstáculo para que emita ya, a la brevedad posible, la recomendación que obligue al GDF a la disculpa pública y a reparar el daño causado por la utilización política del aparato de justicia." Ramón Alfonso Sallard.



Calificación de la Queja por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal: 


VIDEO: 10 millones de ejemplares para 2012 Y Laura Itzel Castillo

El Periódico que según Marcelo Ebrad no existió y por eso encarceló arbitrariamente a su Director General, el Periodista Ramón Alfonso Sallard, violando sus derechos humanos a la vida, la libertad, integridad física y psicológica, propiedad y honra.

Represión policial a jóvenes en el metro Zócalo

Represión de la policía del DF contra jóvenes que realizaban Metro Popular en la estación Zócalo, al término de la Acción Global por Ayotzinapa. Agosto 26 de 2015.


El Periódico censurado por Marcelo Ebrard cuando era Jefe de Gobierno del DF







Este es un testimonio contundente de que El Periódico existió. No como sostuvo la PGJDF y el Juez 37 Penal del DF al dictar el Auto de Formal Prisión, quienes afirmaron que éste había sido un invento.

martes, 25 de agosto de 2015

Presentación del libro “Descolonizar el Pensamiento Crítico y las Rebeldías”


Gilberto López y Rivas

Raùl Zibechi

Sesiòn de preguntas y respuestas

De arriba, nunca, jamás llegarán la verdad y la justicia. EZLN


EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.

MÉXICO.

16 de Agosto del 2015.

A la Sexta Nacional e Internacional:

Al Congreso Nacional Indígena:

A l@s de abajo en el mundo:

A quien corresponda:

Una vez más se remarca que, de arriba, no vendrán la verdad ni la justicia.

Nunca.

Jamás.

De arriba sólo hay que esperar simulación, engaño, impunidad, cinismo.

El criminal de arriba siempre tendrá absolución y recompensa.  Porque quien lo juzga es el mismo que le paga.  Son los mismo criminales y jueces.  Son cabezas venenosas de la misma Hidra.

Y ahora tenemos un nuevo ejemplo:

Como zapatistas que somos, nos hemos dado cuenta de que, gordos y contentos, han regresado a sus casas en el poblado de La Realidad, dos de los autores intelectuales del asesinato del compañero maestro Galeano.  Supuestamente estuvieron presos por el asesinato de nuestro maestro y compañero.  Sabemos ya que han sido declarados inocentes del crimen por los mismos que los financiaron y apoyan: los gobiernos federal y estatal de Chiapas.  El autodenominado “juez” Víctor Manuel Zepeda López, del ramo penal de Comitán de Domínguez, Chiapas, el día 12 de agosto de este año, sentenció que los señores Carmelino Rodríguez Jiménez y Javier López Rodríguez son inocentes, a pesar de que ellos y sus cómplices de la CIOAC-Histórica saben que son culpables de organizar el crimen.  No los únicos, pero también lo son.

A escondidas los llevaron de vuelta a La Realidad.  Les dijeron que no se mostraran mucho y fueran discretos, pero la soberbia de quien se sabe impune frente a la justicia de arriba, les suelta la lengua.  Ahí declaran, a quien quiera escucharlos, que no estuvieron presos, sino guardados en una casa donde recibían todas las atenciones y la felicitaciones del gobierno estatal de Manuel Velasco y de los líderes de la CIOAC-Histórica por el asesinato del maestro Galeano, y que les dijeron que tenían que esperar un tiempo para volver a su pueblo “y seguir con lo que quedó pendiente”.

Ahora falta que salgan a declarar a su favor sus cómplices: Pablo Salazar Mendeguchía, Luis H. Álvarez, Jaime Martínez Veloz, Juan Sabines Guerrero, Manuel Velasco, Manuel Culebro Gordillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Rosario Robles.  Estas personas son algunas de quienes domaron a la CIOAC-Histórica y la convirtieron en lo que es ahora: una banda paramilitar útil para el acarreo de votos y para el asesinato de luchadores sociales.

También falta que los periodistas progres los entrevisten y los presenten como víctimas del “feroz” Galeano (él solo contra más de dos decenas de criminales cioaquistas), reediten la mentira de un enfrentamiento, publiquen sus fotos amañadas, y cobren con la mano derecha el servicio prestado, vehículos con chofer incluidos, mientras en sus medios ensalzan el “gran” desarrollo del suroriental estado mexicano de Chiapas y, con la mano izquierda, celebran su “compromiso con las luchas sociales”.

Pero…

Como zapatistas que somos, miramos y escuchamos no sólo nuestra rabia, nuestro coraje, nuestro odio hacia quienes allá arriba se sienten dueños y señores de vidas y destinos, de tierras y subsuelos; y hacia quienes se venden, con sus movimientos y organizaciones, traicionando su historia y principios.

Como zapatistas que somos, también miramos y escuchamos otros dolores, otras rabias, otros odios.

Miramos y escuchamos el dolor y la rabia, hechos reclamo en los familiares de miles de desaparecid@s y asesinad@s nacionales y migrantes.

Miramos y escuchamos la tenaz búsqueda de justicia de los familiares de los niños y niñas asesinadas en la guardería ABC en Sonora.

Miramos y escuchamos la rabia que se hace digna y rebelde huelga de hambre de anarquistas pres@s en México y en otras partes de mundo.

Miramos y escuchamos la rabia en los pasos incansables de los familiares de los 47 ausentes de Ayotzinapa.

Miramos y escuchamos la rabia en el pueblo hermano Nahua de Ostula, agredido por el ejército.

Miramos y escuchamos la rabia en el pueblo hermano Ñahtó de San Francisco Xochicuautla por el despojo de sus bosques.

Miramos y escuchamos la rabia del pueblo hermano Yaqui por los presos injustamente y por el robo descarado de su territorio.

Miramos y escuchamos la rabia por la burla que es la investigación por el asesinato de Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Nadia Dominicque Vera Pérez, Mile Virginia Martin Gordillo y Rubén Espinosa Becerril, en la Ciudad de México.

Miramos y escuchamos la rabia del magisterio democrático que resiste la guerra mediática, policíaca y militar que padecen por el delito de no rendirse.

Miramos y escuchamos la indignación de quienes, en el norte revuelto y brutal, son atacados por el color de su piel y por ese color son sentenciados y condenados.

Miramos y escuchamos la rabia y el dolor por las mujeres desaparecidas, asesinadas por el delito de ser mujeres; por l@s diferentes atacad@s porque el Poder no tolera lo que se sale de su estrecho pensamiento; por la niñez que es anulada sin que siquiera alcance una cifra en las estadísticas de la macroeconomía.

Miramos y escuchamos que sólo se reciben mentiras y burlas de quienes dicen administrar la justicia y en realidad sólo administran la impunidad y fomentan el crimen.

Miramos y escuchamos en todas partes las mismas promesas de verdad y justicia, y las mismas mentiras.  Ni siquiera cambian las palabras, como que ya tienen un escrito que leen, y mal, todos los de arriba.

Ya es el tiempo en que, cuando el de abajo pregunta por qué se le ataca, la respuesta del de arriba es “por ser quien eres“.

Porque en este mundo que dolemos, el criminal está libre y el justo está preso.  Quien asesina es premiado y quien muere es calumniado.

Pero también miramos y escuchamos que cada vez son más las voces que desconfían, que no se dejan, que se rebelan.

Nosotras, nosotros, como zapatistas que somos, ni confiamos antes, ni confiamos ahora, ni confiaremos después en los de arriba, cualquiera que sea el color de su bandera, cualquiera que sea el modo de su palabra, cualquiera que sea su raza.  Si está arriba, lo está porque oprime a los de abajo.

No tiene palabra el de arriba, no tiene honor, no tiene vergüenza, no tiene dignidad.

De arriba, nunca, jamás llegarán la verdad y la justicia.

Tendremos que construirlas desde abajo.  Entonces el criminal pagará hasta que quede cabal la cuenta.

Porque lo que arriba no saben es que cada crimen impune no hace sino enardecer el odio y la rabia.

Y cada injusticia cometida no hace sino abrir el camino para que esos odio y rabia se organicen.

Y en la balanza romana de nuestros dolores, pesaremos lo que nos deben.

Y pasaremos la cuenta… y la cobraremos.

Entonces tendremos, sí, la verdad y la justicia.  No como una limosna de arriba, sino como una conquista de abajo.

La cárcel será entonces para los criminales y no para l@s just@s.

Y la vida, digna, justa y en paz, será para tod@s.

Eso, sólo eso.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Subcomandante Insurgente Moisés.                Subcomandante Insurgente Galeano.


México, agosto del 2015.

Conferencia de prensa . Caso Presos en Huelga de Hambre



DENUNCIA POR HOSTIGAMIENTO DE LA PGR AL COMPAÑERO DAVID CABAÑAS BARRIENTOS


A LA OPINIÓN PÚBLICA:

Los integrantes de la Organización Política Nacional Izquierda Democrática Popular (IDP) denunciamos lo siguiente:

El pasado  6 de agosto a las 9.30 de la mañana, se presentaron dos hombres que dijeron ser de la PGR al domicilio del compañero David Cabañas Barrientos en el D.F., y descaradamente le preguntaron por su hermano Manuel Serafín Gervacio quien fue desaparecido por el Estado Mexicano en Acapulco, Guerrero en septiembre de 1974, fecha de la que hasta hoy ninguna autoridad ha dado explicación de su paradero, exigencia que  ratificamos hoy.

Dada la ofensiva represiva del Estado Mexicano no dudamos que esta "visita" de la PGR al compañero David, ex preso político por más de 8 años, recluido en un penal de máxima seguridad y puesto en libertad por absolución, miembro de nuestra organización Izquierda Democrática Popular (IDP), tenga el objetivo de intimidar, advertir o más claramente amenazar con también convertirlo otra vez en víctima del régimen que asesina, desaparece y tortura a quien se opone y lucha en contra de que lleve a la práctica sus  políticas privatizadoras. Responsabilizamos al Estado Mexicano de toda agresión a David Cabañas, a su familia y de cualquier compañero de los movimientos populares del país.

Además exigimos junto a nuestro pueblo y sus organizaciones la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, presentación con vida de los más de 152 miembros de la familia Cabañas desaparecidos y de más de 1500 desaparecidos durante la denominada guerra sucia de los años setenta, así como  juicio y castigo a todos los responsables de estos delitos de lesa humanidad. También  Llamamos a la unidad de todo el pueblo y exigimos la libertad de todos los presos políticos y cese a la ofensiva contra todos los movimientos populares del país.

¡POR LA PATRIA EL PODER POPULAR!

COLECTIVO DE PODER POPULAR LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS DE
IZQUIERDA DEMOCRATICA POPULAR

IDP

viernes, 21 de agosto de 2015

COMUNICADO DEL PDPR - EPR

COMUNICADO DOS

AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
A TODAS LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO
AL MAGISTERIO DEMOCRÁTICO
¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!

El terrorismo de Estado es una realidad inocultable en el país; constituye política represiva de la actual junta administrativa, en donde los crímenes de lesa humanidad como la detención-desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos políticos, la represión generalizada contra la CNTE son una constante a lo largo y ancho del país. Las interminables listas de víctimas del terrorismo de Estado dejan al descubierto día a día este actuar de la actual junta administrativa y el odio de clase contra el pueblo.

Dentro de este contexto se sitúa la intensificación de la permanente ofensiva represiva contra la CNTE en lo general y en lo particular contra la sección 22 del SNTE en Oaxaca, expresada en un conjunto de medidas punitivas y autoritarias como el asalto policiaco-administrativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en acción conjunta del gobierno estatal y federal.

Una venganza política del Estado contra la CNTE por haber desenmascarado el carácter antipopular de la democracia burguesa, por ser parte del sindicalismo independiente de los trabajadores de la educación, por oponerse de manera combativa a las reformas burguesas de carácter neoliberal y por constituir un contingente en lucha en la defensa de la educación pública como derecho inalienable del pueblo mexicano.

Ofensiva represiva a exigencias de la oligarquía que pretende eliminar todo obstáculo para la realización de sus inversiones en la privatización de la educación pública y la mercantilización de los derechos constitucionales, oligarquía que no ceja en sus intentos por apropiarse de la rectoría absoluta de la educación pública.

Violencia institucionalizada comandada por un grupo oligárquico que pretende concentrar y centralizar más el poder económico y político para imponer una hegemonía absoluta en función de sus intereses de grupo y de clase, para destruir todo esfuerzo e iniciativa popular que busca mejorar las condiciones materiales de existencia del pueblo como es el derecho a la educación pública y que los trabajadores de la educación ejerzan legítimamente su derecho a asumirse como sujetos políticos en la práctica del sindicalismo independiente.

La cruzada represiva nacional contra los trabajadores de la educación tiene sus antecedentes inmediatos en la política asumida por éstos antes, durante y después del proceso electoral, por ser parte del conjunto del movimiento popular independiente que se resiste a que sus derechos sean conculcados y sus demandas sean ahogadas en el autoritarismo, la demagogia y la represión en nombre de la democracia burguesa.

Así como también, en los dichos y señalamientos policiacos que se vertieron desde los monopolios de la comunicación y las plumas mercenarias por mandato expreso del CISEN y la PGR, al señalar dolosamente a trabajadores de la educación de tener vínculos con la guerrilla, específicamente con nuestro partido y ejército, con el claro propósito de armar un expediente judicial que justifique desde actos represivos hasta crímenes de Estado contra trabajadores de la educación, luchadores sociales y revolucionarios. Que el pueblo sepa que ninguno de los acusados dolosamente desde algunos medios de comunicación pertenece a nuestro partido y ejército.

Políticos de oficio de toda índole han cerrado filas una vez más para atentar contra los intereses y derechos del pueblo, es el caso del servilismo del gobierno perredista-panista de Oaxaca para con la oligarquía, su vocación represiva evidencia que la filiación política dentro de la democracia burguesa es en esencia antipopular y represiva, sello característico de estos politicastros.

Funcionarios de gobierno federal encabezados por Emilio Chuayffet Chemor a las órdenes del grupo oligarca representado por Claudio X González, son los directamente responsables de todos los crímenes de Estado que se han cometido y se cometan contra los trabajadores de la educación; responsabilidad compartida por todos aquellos voceros oficiosos del Estado mexicano.

Dentro de los más recientes crímenes de Estado está la múltiple ejecución extrajudicial cometida en el Distrito Federal el viernes 31 de julio. Este múltiple crimen tiene patente de Estado, es inocultable el sello característico de los asesinatos políticos cometidos por el PRI desde antaño.

Todos los hilos del cometido de este crimen apuntan hacia el gobierno priista de Veracruz confabulado con el gobierno federal, porque Rubén Espinosa Becerril, fotoperiodista de la revista proceso, en su trabajo se destacó por ser crítico de las políticas gubernamentales, por lo cual no dejó de ser hostigado hasta el último día de su existencia, razón por la que se encontraba desplazado de manera forzada en el DF, cuyo jefe de gobierno le hace el juego a ambos gobiernos priístas.

La activista política y ambientalista Nadia Vera Pérez que fue violada y torturada antes de ser asesinada, al igual que al resto de mujeres ahí ultimadas, también tiene el signo de cómo castigan los gobiernos priistas a los opositores políticos; a la vez es evidente la mano de los grupos paramilitares patrocinados por las empresas transnacionales.

Múltiple crimen de Estado que por todos lados pone en evidencia la típica acción de terrorismo de Estado y contrainsurgencia impulsadas por el Pentágono. Otra prueba de la autoría del crimen son las líneas de investigación que el Estado desliza y que sólo conducen a la impunidad, al pretender diluirlo en la mítica "delincuencia organizada", presentando chivos expiatorios que como en todos los casos resultan ser parias del capitalismo.

La lucha de los trabajadores de la educación por la defensa de la educación pública, así como la lucha contra el terrorismo de Estado no es exclusiva de ningún sector por separado, constituye necesidad política enfrentarlo en un sólo frente con la acción popular combativa; al terrorismo de Estado se le combate con la organización de la autodefensa de las masas; a las leyes neoliberales se les hace frente con la acción política de las masas generalizada en todo el país bajo un frente unitario contra el gobierno antipopular y represivo.

Construyamos juntos estrategia y táctica de forma creativa y combativa que se equipare y supere la embestida gubernamental-oligarca. El pueblo tiene el derecho de recurrir a cualquier forma de autodefensa.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A SEGUIR EXIGIENDO LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS DE AYER Y HOY!
¡A ORGANIZAR LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO!
¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PAÍS!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA GENERAL DE ZONA
DEL
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

AÑO 51

República mexicana, a 12 de agosto de 2015.

Comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias – Liberación del Pueblo

Comunicado No.6

A todos los pueblos del Mundo.

A todos los pueblos de México


HERMANAS, HERMANOS.

Desde nuestra trinchera les damos un fraternal saludo. Hemos permanecidos callados, lo que no es sinónimo de desánimo, no es querer ignorar o no querer ver todo lo que acontece en el país; trabajamos en silencio para que los órganos de inteligencia del Estado Mexicano no puedan saber dónde estamos.

A los padres y familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, a casi un año de que se cumpla el primer aniversario del peor crimen de lesa humanidad, les refrendamos nuestra solidaridad y compromiso de actuar, estamos en pie de lucha en espera del llamado del pueblo para actuar en consecuencia.

A los maestros del estado de Oaxaca les damos un fraternal y combativo saludo, desde nuestra trinchera ponemos su disposición la voluntad de accionar de manera coordinada en la lucha para contrarrestar el embate del gobierno asesino y represor que encabeza el sátrapa, ratero y vende-patria Enrique Peña Nieto para imponer la nefasta reforma educativa que conlleva la privatización de la educación en México.

El gobierno asesino, envió a Oaxaca más de 20,000 elementos de la División de Gendarmería y de la Policía Federal al estado de Oaxaca, entrenados por mercenarios franceses e israelitas para disolver la protesta social, pretenden en esa entidad poner en funcionamiento nuevas estrategias para el aniquilamiento de los opositores al sistema, con el uso de equipo sofisticado para reprimir.

Hace un año y nueve meses hicimos una declaración de guerra contra el Estado Mexicano, hoy decimos que está vigente. El Magisterio Popular de Oaxaca no está solo; si está planeando reprimir para acabar con ellos, le decimos al Estado mexicano que al hacer sus cuentas, sumen a las FAR-LP y demás movimientos que están unidos en la defensa de Oaxaca.

A todos nuestros hermanos de lucha y que todavía no se integran al movimiento, es el momento de decir no a la política fratricida del gobierno, el pueblo de Oaxaca y de México lo demandan.

¡¡Viva el pueblo de Oaxaca!!.
¡¡Viva el Magisterio Popular de Oaxaca!!.
¡¡Viva Ayotzinapa!!.
¡¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!!

Comandancia General:

Emilio, Camilo, Tlacaélel, Esperanza.

Dictan nueva orden de aprehensión contra Suástegui, informa el gobierno a sus abogados

*Es la sexta causa penal contra el vocero del Cecop, y se emite cuando el Tribunal debe resolver si es liberado, dice Vidulfo Rosales. Se evidencia la intención de mantener a los luchadores sociales en prisión, señala

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El gobierno del estado confirmó que la Fiscalía General del Estado pidió una nueva orden de aprehensión contra el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, por ataques a las vías de comunicación.

Con esta acusación sumarán seis causas penales en contra de Suástegui, denunció el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, que se encarga de la defensa del vcero del Cecop.

Después de una reunión con funcionarios del gobierno del estado, ayer en el Palacio de Gobierno, Vidulfo Rosales informó que ahí les dijeron que en unos días se emitirá una nueva orden de aprehensión contra el luchador social, pero añadió que lo grave es que se emite justamente cuando magistrados del Tribunal Superior de Justicia tienen que resolver un recurso de apelación que redundaría en su libertad.

Aclaró que el vocero del Cecop aún no ha sido notificado y la defensa ya tenía antecedente de la nueva orden de aprehensión.

Ayer, en la reunión, los funcionarios del gobierno estatal justificaron la nueva acción penal en que grupos de derecha lograron influir en la Fiscalía General del Estado, en alusión a los protestas contra la libertad de Suástegui en Acapulco.

Aunque el gobernador insiste ante la prensa en que nunca se comprometió a liberar a los luchadores sociales en prisión, porque esa tarea sólo corresponde a los jueces y magistrados, Rosales Sierra dijo que funcionarios del gobierno del estado llamaron a los abogados defensores de Suástegui porque les preocupa esta situación.

Agregó que las autoridades estatales evidencian que la intención es mantener a los luchadores sociales en prisión.
Detalló que en las cinco causas penales contra Suástegui están señalados 30 activistas opositores al proyecto la Parota, de los cuales sólo están detenidos dos, el vocero y María de la Cruz Dorantes.

Desconoce por qué no se aplicaron todas las órdenes de aprehensión, “no sé qué esperan, creo que calculan los momentos políticos. Para ellos era imperativo detener a Marco Antonio y líderes visibles”.

Reconoció que la estrategia contra el Cecop funcionó, “ya lograron el objetivo de mermar fuerzas, de debilitar, el Cecop atraviesa por eso, el debilitamiento de su estructuras, sí está causando efectos la acción del Estado”.
El 29 de septiembre se giró la sexta orden de aprehensión

Se dictará una nueva orden de aprehensión en contra del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, por el delito de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte girada en septiembre del 2014. Es la sexta orden de aprehensión, y el sexto proceso penal su contra.

Según fuentes de la Fiscalía General del Estado, hay una sexta orden de aprehensión en contra de Suástegui Muñoz, bajo la causa penal 150/2014-I y la averiguación previa TAB/SC/03/0409/2014.

Según un oficio 188/2014, firmado por la Fiscalía del Estado de la que tiene copia El Sur y fechado el 29 de septiembre del año pasado, se libró orden de aprehensión contra el vocero del Cecop y otros tres integrantes.

En dicho oficio se ordena a la policía ministerial aprehender a Marco Antonio Suástegui Muñoz, Francisco Cortés Mendoza, Carlos Victoriano Loeza y José Facundo Hernández Ángel “por ser probables responsables del delito de ataques a las vías de comunicación y a los medios de transporte cometidos en agravio de la sociedad”.

En dicho documento no se precisa cuándo se cometió el delito, pero se indicó que dicho expediente está radicado en el Juzgado Décimo Penal, y allí se libró la orden de aprehensión con fecha 23 de septiembre del 2014, y fue notificada el 29 de ese mismo mes y año. (Carlos Moreno).


Fuente: El Sur

Situación Jurídica del Vocero del CECOP Marco Antonio Suástegui.


Sesión de preguntas y respuestas en conferencia de prensa caso Marco Antonio Suástegi. Agosto 14 de 2015.


LIBERTAD A MARCO ANTONIO SUÁSTEGUI DIRIGENTE DEL CECOP; EXIGEN DEFENSORES COMUNITARIOS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL

México DF, 14 de agosto de 2015

BOLETÍN DE PRENSA

LIBERTAD A MARCO ANTONIO SUÁSTEGUI DIRIGENTE DEL CECOP; EXIGEN DEFENSORES COMUNITARIOS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL

El 17 de junio de 2014 la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero detuvo a Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), movimiento que desde el 28 de julio de 2003 se opone de manera pacífica a la imposición de la presa La Parota en Guerrero, México, quienes han sido ejemplo y esperanza de muchos movimientos por el territorio y en defensa de la vida. El CECOP es piedra angular de la lucha en contra de las presas y en defensa de los ríos en México y fundador del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).

A más de un año de su injusta detención, las organizaciones abajo firmantes, junto a muchas otras que se han sumado a esta causa, urgen a la Segunda Sala Penal en Acapulco tomar una decisión expedita, independiente y justa, que contemple las pruebas presentadas por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que representan a Marco para que se declare su libertad inmediata.

Durante una visita al penal de La Unión, Zihuatanejo, Guerrero, el pasado 12 de agosto, diferentes organizaciones de la sociedad civil que hoy respaldan este boletín conocieron de primera mano el testimonio de Suástegui que relató las violaciones a derechos humanos que ha sufrido desde su detención y las amenazas de las cuales ha sido víctima. El día de su aprehensión, sin que se le mostrara una orden en su contra, Marco fue sometido a tratos inhumanos y degradantes por parte de las autoridades que lo detuvieron al haber sido duramente golpeado y haber sufrido el arranque de 3 uñas de los pies. En el traslado al penal federal de máxima seguridad de Tepic en Nayarit –que fue ilegal por incurrirse en violaciones al derecho al debido proceso y a la defensa legal- el defensor de los derechos humanos fue privado de agua para beber durante dos días además de no contar con una revisión médica oportuna. En los 7 meses de permanencia en este penal fue alimentado de manera escasa, lo que impactó y mermó su salud, derivando en actos de hostigamiento y discriminación. Finalmente, ya en el penal de la Unión, el 31 de julio de 2015 Marco Antonio recibió una carta anónima con amenazas de muerte, acción que se suma a una serie de otras situaciones previas que le hacen temer por su vida y su familia.

Las graves violaciones a derechos humanos anteriormente relatadas están estrechamente relacionadas con la lucha emprendida por el CECOP y por su vocero hace más 12 años a favor de la defensa de la tierra, el territorio y formas de vida de los/as campesinos/as que serían despojados de todo lo que tienen por la construcción de la Presa La Parota. En palabras de Marco Antonio “el CECOP es la expresión del amor por la tierra”. El único delito cometido por este movimiento, que ha sido duramente reprimido en diferentes ocasiones y que aun así se ha mantenido firme, es el de no plegarse a las decisiones que actores públicos y privados han querido imponerles en nombre de un supuesto desarrollo e interés general que nunca ha sido demostrado.

El caso de Marco Antonio se suma a una serie innumerable de historias de defensores y defensoras de derechos humanos que a lo ancho y largo del país están siendo criminalizados y detenidos injustamente incluso en penales de máxima seguridad, a causa de su compromiso con la defensa del territorio y la vida. En esta lista se encuentra otra integrante del CECOP, María de la Cruz Dorantes, también encarcelada por delitos similares a los que se le imputan a Marco Antonio.

La Segunda Sala de lo Penal de Acapulco tiene en estos momento la posibilidad de hacer justicia y, tomando en consideración las pruebas presentadas que demuestran su inocencia al destacarse que los testimonios en su contra no cuentan con sustento y por el contrario, las pruebas exhibidas demuestran la fabricación de los delitos y ponen de relieve las violaciones al debido proceso que ha enfrentado, por lo que se debe dejar a Marco Antonio en libertad.

Las organizaciones abajo firmantes, somos parte de amplias redes de articulación nacional e internacional, en defensa de los ríos, el agua y los derechos económicos, sociales y culturales y estamos pendientes y preocupados por nuestro compañero Marco Antonio Suástegui, por lo que exigimos su libertad inmediata, la tutela de su vida y el cese de las amenazas en su contra y de su familia.


Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua (Redlar), Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB), International Rivers (IR), Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al Agua (COMDA), Espacio de Organizaciones Civiles por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDTT), Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

AMLO en Oaxaca. Agosto 16 de 2015.



martes, 4 de agosto de 2015

Foro “ A 7 años de la Desaparición de Edmundo y Gabriel”

Foro “ A 7 años de la Desaparición de Edmundo y Gabriel”. Mayo de 2014.

“Son Seres Humanos”


Padre Miguel  Concha

Abogado Sandino Rivero
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Gilberto López y Rivas


Cierre del Foro

Comunicado de la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda del caso Gabriel Cruz y Edmundo Reyes a la Opinión Pública y al EPR

A la opinión publica

A los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez

Al Ejército Popular Revolucionario.

Los integrantes de la COMISIÓN CIVIL DE SEGUIMIENTO y BÚSQUEDA DE EDMUNDO REYES AMAYA Y DE GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ nos dirigimos a ustedes para informarles, que después de haber sostenido una reunión el pasado 26 de mayo, con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ministro Luis María Aguilar Morales, éste le solicitó a la Primera Sala de la Corte que ejercitara la facultad de atracción respecto del recurso de queja presentado por los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez y sus representantes legales.

Es importante recordar que el 19 de junio de 2014, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito mediante resolución ordenó al Procurador General de la República, Ministerio Público Federal y otros se trasladaran a los lugares de detención y ocultamiento y realizaran la búsqueda de EDMUNDO REYES AMAYA Y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ en las principales instalaciones militares, tomaran la declaración de funcionarios de la PGR, funcionarios estatales y mandos militares que hubieran estado en función en 2007 para que declararan en relación a la desaparición; así como informaran sobre inhumación de cadáveres en centros de detención e instalaciones militares que pudieran coincidir con la de las víctimas para en su caso realizar diligencias de identificación forense.

Si bien, la resolución judicial fue categórica sobre las acciones que deben realizar las autoridades responsables, tanto éstas, como el Juez de Distrito se han negado a acatarla en los términos en que fue dictada, lo que dio lugar a la presentación de un recurso de queja.

Luego de escuchar los argumentos de la Comisión Civil y de realizar un análisis del juicio de amparo y la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado, el Ministro Presidente le solicitó a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia que “atendiendo a las particularidades del caso concreto y con el objeto de obtener un pronunciamiento de la Primera Sala, que genere criterios de interés y trascendencia sobre las medidas para la localización de las personas en relación con las cuales se haga valer una demanda de amparo por su desaparición forzada”.

Para la Comisión Civil resulta evidente que la sentencia es la primera en su tipo que emite un Tribunal del Poder Judicial de la Federación sobre un caso de desaparición forzada, en la cual claramente se señalan las acciones que deben llevar a cabo las autoridades civiles y militares para localizar a las personas cuya desaparición forzada se les atribuye.

A diferencia de otros casos, las autoridades civiles y militares no pueden negarse a declarar y a abrir los cuarteles militares, so pena de incurrir no sólo en desacato sino también en evidenciar la inexistencia de un orden jurídico que retóricamente utilizan para soslayar sus obligaciones. La sentencia no sólo pone a prueba la obligación del Estado sobre el cumplimiento de los mandatos judiciales, también pone a prueba las facultades legales del Poder Judicial de la Federación para hacer cumplir sus sentencias.

Dejando a un lado la distancia, la resolución emitida por el Noveno Tribunal Colegiado guarda similitud con la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras y que fue la base para establecer los criterios que se siguieron en los casos subsecuentes de desaparición forzada.

Ante los miles de casos de desaparición forzada que existen en nuestro país, la decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte que emita a partir del caso de EDMUNDO REYES AMAYA Y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ, puede hacer efectivo el camino para que otras personas reclamen mediante el amparo la desaparición forzada de sus familiares.

Atentamente
Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda para el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez integrada por:

Gilberto López y Rivas, Miguel Concha Malo, Dolores González Saravia, Santiago Corcuera Cabezut, Miguel Álvarez Gándara, Luis Daniel Vázquez Valencia, Pablo Romo Cedano, Augusto César Sandino Rivero Espinosa, Leonel Rivero Rodríguez, Margarita Cruz Sánchez y Nadin Reyes Maldonado.


Ciudad de México 31 julio 2015

Ayotzinapa Entre el Dolor y la Esperanza Carlos Fazio

Participación de Carlos Fazio en el Foro "Ayotzinapa. Entre el Dolor y la Esperanza" celebrado en Casa Lamm el 10 de Octubre de 2014.


Batallón 27: ¡investigarlo ya!

Batallón 27: ¡investigarlo ya!

Carlos Fazio

El pasado 29 de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional decidió relevar al coronel José Rodríguez Pérez de la comandancia del 27 batallón de infantería en Iguala, Guerrero. Como responsable de la unidad, el mando castrense firmó las bitácoras con los movimientos de entradas y salidas de oficiales y tropa los días 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando fueron detenidos-desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Según la Sedena, el relevo del coronel Rodríguez Pérez forma parte de la política de rotación de mandos en el Ejército Mexicano. Sin embargo, la remoción se da en el marco de fuertes presiones de familiares de las víctimas y misiones internacionales que coadyuvan de manera oficiosa en la investigación del caso, para que se les permita conversar con integrantes del batallón activos la noche de los hechos. La Defensa no informó qué nueva asignación se le daría al coronel, lo que ha alimentado la versión de que podría ser llamado a declarar.

Autoridades estatales y federales han demostrado la comisión de delitos por policías municipales de Iguala y Cocula. Entre 2011 y 2014, los jefes de policía de Cocula fueron militares retirados: el teniente Tomás Bibiano Gallegos (luego ejecutado) y el mayor Salvador Bravo Bárcenas. Ambos habían sido recomendados por el general de división Alejandro Saavedra, comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo (entonces superior del coronel Rodríguez por la cadena de mando). Un tercer ex militar, César Nava, era subdirector de seguridad pública del ayuntamiento y es señalado como uno de los principales operadores en la desaparición de los normalistas.

De acuerdo con el testimonio de Bravo, los jefes militares de Guerrero sabían que mandos y tropa bajo sus órdenes estaban involucrados con grupos criminales. Otras testimoniales señalan que los coroneles Juan Antonio Aranda y José Rodríguez Pérez, ambos del 27 batallón; el coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 batallón y coordinador del Operativo Guerrero Seguro, así como el almirante José Rafael Durán, comandante de la octava región naval de Acapulco, habían recibido denuncias sobre tales nexos. Según obra en los expedientes, conocían el modus operandi de las policías municipales de Iguala y Cocula y de Guerreros unidos para secuestrar, extorsionar, fabricar metanfetaminas y desaparecer personas en fosas clandestinas.

En ese contexto tampoco se explican las públicas relaciones del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca con los coroneles Juan Aranda y José Rodríguez, y el capitán José Martínez Crespo. Por acción u omisión, las huellas de los mandos militares del 27 batallón son evidentes. Pero, según el ex procurador Murillo Karam, investigar al Ejército –como le demandaban los padres de las víctimas− era un absurdo completo.

Documentos desclasificados en virtud de la Ley de Transparencia demuestran que el Ejército conoció en tiempo real los ataques a los estudiantes y no hizo nada para evitarlos. Un reporte entregado por la Sedena a Proceso señala que aproximadamente a las 22:30 horas arribaron al lugar “tres patrullas (…) de las que bajaron policías vestidos de negro, encapuchados, los cuales les dijeron a los estudiantes que se bajaran…” En una edición posterior la revista reveló que los policías encapuchados formaban parte del grupo de élite Los Bélicos, integrado por policías municipales de Iguala y civiles vinculados con Guerreros unidos, misteriosamente tolerado por los mandos del 27 batallón. El grupo operaba como una fuerza de acción inmediata y utilizaba un uniforme camuflado gris, similar al del Ejército, pero cuando salían a sus operativos iban encapuchados y vestidos de negro, portando armas de alto poder.

Los reportes iban dirigidos a la 35 Zona Militar y estaban firmados por el coronel Rodríguez Pérez. Otro mando citado en los reportes era el capitán José Martínez Crespo, quien al mando de la Fuerza de Reacción del 27 batallón patrulló toda la noche y estuvo presente en los hospitales General y Cristina.

Según el juez Ulises Bernabé García, los normalistas nunca fueron llevados a la base de la policía municipal de Iguala, como dijo la PGR. García declaró a Anabel Hernández y Steve Fisher que a la hora señalada por la procuraduría (23 horas), un militar que se identificó como capitán Crespo llegó a la comandancia con un grupo de 12 soldados y durante 15 minutos realizaron una minuciosa inspección de la base.

En su informe Estado de la investigación del caso Iguala, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sugirió la comparecencia o ampliación de la declaración de nueve militares del 27 batallón. Según la CNDH, cuatro miembros del Ejército recibían diariamente información de seguridad en el municipio de Iguala y sus testimonios y reportes serían valiosos para conocer la sucesión de hechos después del ataque a los estudiantes. También pidió la comparecencia de tres militares que con posterioridad a las agresiones acudieron a verificar qué estaba sucediendo en las calles de Iguala, y de otros dos para que declaren acerca del entorno que imperaba en la ciudad el 26 de septiembre. La CNDH pidió que se le permita entrevistar directamente a nueve de los 38 soldados que rindieron testimoniales en los expedientes.


El coronel José Rodríguez Pérez sabe mucho y debe declarar. También se ha solicitado que se investigue a los mayores Raymundo Barrera y Luis Al­berto Rodríguez Chávez, jefes de per­sonal y de información, respectivamente, del 27 batallón. Según el organigrama de la unidad, serían los superiores inmediatos de dos oficiales que participaron en los hechos: el teniente Vicente Barbosa y el capitán Miguel Hernández Crespo, ambos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada. A raíz de una manta firmada por El cabo Gil, supuesto líder de Guerreros unidos, existe confusión si un tal capitán Crespo, protector del narco, es Miguel Hernández Crespo o José Martínez Crespo; si son la misma persona o ambos están involucrados.

El racismo judicial y las policías comunitarias en Guerrero

El racismo judicial y las policías comunitarias en Guerrero

R. Aída Hernández Castillo*

El tema del racismo en México era hasta hace poco un tema tabú del que se hablaba y se investigaba poco en la academia mexicana. El levantamiento zapatista en 1994 denunció la vigencia de estructuras coloniales que siguen marcando la inserción de la población indígena en la vida nacional y el racismo naturalizado que caracteriza nuestra sociedad. Sin embargo, hace unos pocos años que se pasó de la denuncia a la investigación rigurosa en torno a cómo se reproduce el racismo en México. No nos referimos sólo a prejuicios e ideologías discriminatorias, sino a un fenómeno estructural que caracteriza a nuestras instituciones, prácticas políticas e imaginarios colectivos.

El libro del antropólogo Yuri Escalante Betancourt El racismo judicial en México. Análisis de sentencias y representación de la diversidad (Juan Pablos Editores, 2015) es un excelente ejemplo de los aportes que la academia puede hacer a la documentación del racismo, de sus discursos, sus prácticas y su impacto en la reproducción de la criminalización de los pueblos indígenas. Este libro nos muestra las limitaciones de las reformas multiculturales, que si bien a partir de la modificación en 2001 del artículo segundo constitucional reconocen el derecho de los pueblos indígenas a sus propios sistemas de justicia, en la práctica judicial se sigue concibiendo a estas prácticas como primitivas y anticonstitucionales.

A partir del análisis de sentencias judiciales que involucran a ciudadanos o comunidades indígenas, Yuri Escalante nos muestra cómo el racismo marca las interpretaciones y decisiones de los jueces en torno a supuestos delitos que se configuran ignorando el contexto cultural de los acusados. Muchas de las citas textuales de sentencias que se reseñan en el libro parecen sacadas de documentos coloniales, representando a los indígenas como atrasados, ignorantes e igualados. Una sección del texto analiza las sentencias que criminalizan a las policías comunitarias de Guerrero, mostrando las paradojas y contradicciones de un Estado que, a la vez que emite leyes que reconocen el derecho a los sistemas de justicia indígena, los utiliza, los coopta y, cuando se interponen a sus intereses, los criminaliza.

En los pasados 18 años los y las integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) han trabajado de manera voluntaria en la Costa y Montaña de Guerrero, constituyéndose en un sistema de justicia y seguridad indígena que ha disminuido de manera considerable la delincuencia en estas regiones y ha promovido procesos de reducación para evitar que el crimen organizado reclute a sus jóvenes. A pesar de que la CRAC, conocida localmente como policía comunitaria, está contemplada por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas del Estado de Guerrero y por el artículo 2 constitucional, muchos de sus dirigentes están en prisión acusados de secuestro por detener a delincuentes y someterlos a procesos de reducación.

Lo que el libro de Yuri Escalante no menciona es la confluencia que se da entre el racismo judicial y los intereses del crimen organizado y el narco-estado en la región. Cada vez que las acciones de la CRAC ponen en peligro los intereses de los gobiernos locales vinculados con la delincuencia organizada, se enarbola el argumento de su ilegitimidad y se criminalizan sus procesos jurídicos. Este es el caso de Nestora Salgado, comandanta de la policía comunitaria de Olinalá; de Arturo Campos Hernández y otros 11 compañeros de la CRAC de la comunidad de Paraíso, municipio de Ayutla.

Surge la interrogante: ¿por qué ellos y por qué ahora, si por casi dos décadas la comunitaria ha estado trabajando en la región con reconocimiento e incluso apoyo gubernamental? La respuesta a esta pregunta se puede encontrar si se investiga: ¿a quiénes afectan las acciones que obstruían el libre tránsito del crimen organizado en la región? Mientras los procesos contra estos luchadores sociales se acumulan y sus compañeros se inmovilizan ante las amenazas de nuevas órdenes de aprehensión, Los Ardillos y Los Rojos se mueven con libertad en la región, extorsionando a la población, cobrando derecho de piso y robándose a las jovencitas que posteriormente prostituyen. La complicidad de las autoridades locales con estos grupos es un secreto a voces en la región.

No todos los impartidores de justicia reproducen los discursos y prácticas racistas que documenta Yuri Escalante: hay excepciones que nos permiten mantener alguna esperanza en el activismo legal. Tal es el caso del juez José Luis Arroyo Alcántar, magistrado del primer tribunal unitario del vigesimoprimer circuito, con sede en Acapulco, quien en abril de 2014 revocó el auto de formal prisión contra Nestora Salgado, en una sentencia que argumenta que ella se encontraba en ejercicio de sus funciones como autoridad comunitaria y expone las distintas legislaciones estatales, nacionales e internacionales que dan sustento legal a las policías comunitarias. A pesar de la contundencia de estos argumentos, la sentencia no llevó a la liberación de Nestora Salgado, porque se le han fincado nuevos delitos. Negar el reconocimiento y la legitimidad de la justicia impartida por la CRAC es un ejemplo más del racismo judicial. Mantener a Nestora y a los demás comunitarios en prisión es una forma de ostentar el poder que el crimen organizado sigue teniendo en nuestro país.


*Profesora-Investigadora de CIESAS México

sábado, 1 de agosto de 2015

Solidaridad con los zapatistas de la Unión Campesina Autónoma de Río Grande, Oaxaca

Al Caracol Resistencia hacia un nuevo amanecer La Garrucha.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

A la Red Contra La Represión y por la Solidaridad.


Desde la Unión Campesina Indígena Autónoma de Rio grande Tututepec Oaxaca, Adherentes a La Sexta, Integrantes del Congreso Nacional Indígena y de la Red Contra La Represión y por la Solidaridad, nos pronunciamos en contra de las Agresiones Paramilitares que se han cometido por los tres niveles de gobierno en estos últimos días en territorio zapatista, llenándonos de rabia por que los malos gobiernos intentan destruir de cualquier manera el esfuerzo de Autonomía. Desde el nacimiento de las comunidades zapatistas el gobierno no ha dejado de atacar a las comunidades dando continuación a los ataques que se vuelven más frecuentes y que con sus diferentes caras intentan destruir lo que la Resistencia Zapatista a reconstruido, en este caso las agresiones paramilitares fueron el pasado 24 de junio de 2015 en contra del Caracol Resistencia Hacia Un Nuevo Amanecer La garrucha, desde aquí denunciamos las injusticias en contra de los compañeros zapatistas, difundiendo la información descrita en la denuncia en la recuperación donde vivimos, la información se tomo de la denuncia que textualmente dice : Hoy fecha 24 de junio del año 2015 en el poblado el Rosario, Municipio Autónomo de San Manuel, donde viven nuestros compañeros bases de apoyo del EZLN, a las 8:05 am de este día miércoles llegaron 28 paramilitares del ejido Pojkol del barrio Chiquinibal. Iban a bordo de 8 motocicletas y en una Nissan sin placas de circulación. De los 28 paramilitares, 8 de ellos portaban armas de fuego del calibre 22.

Ahí en el Rosario ahí viven también los 21 paramilitares y son apoyados por ese grupo de 28 paramilitares del ejido Pojkol del barrio Chikinibal que se encuentran invadiendo nuestra tierra recuperada.

A las 10:05 am llega una camioneta marca RAM color blanco sin placas de circulación, con dos personas a bordo: un ingeniero y el ranchero que se llama Guadalupe Flores que vive en la ciudad de Ocosingo Chiapas, quien era dueño del terreno antes del año 1994, se reunieron los 28 paramilitares de Pojkcol y los 21 paramilitares del Rosario junto con el ranchero y el ingeniero donde al llegar estas dos personas hicieron una reunión; después de esa reunión entre ellos empezaron a medir el terreno según que es para construir un templo y también midieron sitios para construir casas, después de eso el ranchero hizo entrega unos documentos a manos del grupo paramilitar, supuesto plano del terreno donde es recuperado.

A las 1:26 pm hicieron 10 disparos atrás de la casa de un compañero Base de apoyo intimidando a la población.

A la 1:27 pm entraron en la casa de un compañero base de apoyo 8 paramilitares de Pojkol pero no encontraron nadie en ese lugar porque el dueño de la casa ya se había retirado de su casa para evitar choques, después de 23 minutos vuelven a llegar a otra casa de otro compañero. Eran la 1:50 pm destruyeron la casa de un compañero Base de apoyo, robando todas las pertenencias así como el techo de la casa que son 12 hojas de lámina de 3.5, 2 gallinas, 4 picos, 20 blanquillos, 2 hachas, 2 celda solar, $2000 pesos en efectivo, 2 azadón, una grabadora, un rollo de manguera de 100 metros y 150 kilos de frijol. Todas esas pertenencias que era del compañero base de apoyo lo subieron en la camioneta del supuesto ingeniero y esa camioneta se fue rumbo a Pojkol, llevando toda esas pertenencias robadas a donde regresaron junto con los 28 personas del Pojkol.

Por estos hechos nosotros como autoridades de la JBG vemos muy claro que esas dos personas simulándose de que es ingeniero y el otro ex dueño del rancho, son los asesores de esos grupos paramilitares.

También nosotros estamos claros que el mal gobierno está haciendo de muchas maneras y formas cómo nos ataca, han pasado varias acciones y son los mismos paramilitares que nos han matado un toro semental donde destruyeron casas, destruyeron nuestra tienda colectiva, robaron nuestras pertenencias donde fumigaron nuestro potrero con herbicidas donde se encontraba el ganado colectivo del municipio de San Manuel, donde estuvieron disparando armas de fuego y dejando letras en la tierra que dice “territorio pojkol” y también casquillos quemados en el mes de agosto del año 2014.

Son los mismos paramilitares que llegaron el día 10 de mayo de este año 2015 donde uno de ellos de nombre Andrés le disparó una niña Base de apoyo.

Sabemos que los malos gobiernos intentan apagar cualquier resistencia digna que se interpongan a los planes del capitalismo, como pasa con las resistencias a lo largo del país y que utilizaran cualquier estrategia para tratar de destruir lo que se construye desde abajo y a la izquierda, lo que destruye la explotación, el desprecio, el despojo y la represión, por eso compañeros desde este espacio les decimos:

¡¡¡NO ESTAN SOLOS!!!
¡¡¡VIVAN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ZAPATISTAS!!!
¡¡¡ALTO A LOS ATAQUES ENCONTRA DE LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS!!!

¡¡¡VIVA EL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL!!!

Unión Campesina Indígena Autónoma de Rio grande.

In Memoriam del Camarada, Maestro, Amigo…… Francisco Gallegos

Participación  de Francisco Gallegos en el funeral del Maestro Fausto Trejo. 22 de Enero de 2011



Participación de Francisco Gallegos en el acto político cultural “68 en el Corazón de la Memoria”. Octubre de 2009. (Minuto 4:24)


BOLETÍN N° 4 Situación jurídica del comandante Cemeí Verdía Zepeda

A LA SOCIEDAD CIVIL
A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS

El día de ayer, 28 de julio de 2015, se hizo del conocimiento público que el juzgado tercero de distrito, con sede en Morelia, le dictó un auto de libertad al compañero Cemeí Verdía Zepeda, al considerar que no existen pruebas para suponer su responsabilidad en el delito de violación de la ley federal de armas de fuego y explosivos. Sin embargo no fue liberado, más aun se le privó ilegalmente de su libertad durante varias horas; hasta que estuvieron listas dos órdenes más de aprehensión por los delitos de :

-Robo calificado en agravio del ayuntamiento de Aquila.
-Homicidio calificado en agravio de Argel Mejía Valdovinos.

Tras la ejecución de dichas órdenes de aprehensión fue trasladado al penal de Mil Cumbres ubicado en Morelia, Michoacán. Cabe mencionar que endicho penal existen personas recluidas ligadas al cartel de los Caballeros Templarios que operaron en la región de la costa-sierra de Michoacán.

Hasta la tarde del día de hoy Cemeí Verdía no tiene un juez asignado a la causa penal que se le sigue y en el mismo sentido no está definida su situación jurídica. En otras palabras: se encuentra privado ilegalmente de su libertad.

Por otro lado, debemos señalar que los nuevos delitos son totalmente falsos y obedecen a una estrategia de represión orquestada por el gobierno estatal y federal contra los pueblos y comunidades de la costa-sierra.

En el caso del señalamiento de homicidio se pide puntualizar que:

-Argel Mejía Valdovinos fue parte del comando de sicarios que perpetró el atentado contra Cemeí Verdía Zepeda el pasado 25 de mayo.

-Argel Mejía Valdovinos junto con otras cinco personas, entre ellos otros miembros de su familia, después de realizar el atentado se atrincheraron en una cueva durante día y medio (25 y 26 de mayo de 2015), desde donde se negaron a entregarse a miembros de la Fuerza Rural, policías comunitarios y policías ministeriales. En dichos hechos fueron asesinados por el comando de sicarios un comandante de la policía comunitaria de Ostula y un policía comunitario de Aquila.

-Argel Mejía Valdovinos después del enfrentamiento quedó gravemente herido y falleció en el punto desde donde estuvo disparando a los miembros de la Fuerza Rural, policías comunitarios y policías ministeriales.

-Argel Mejía Valdovinos y su familia son originarios del poblado de San Cocho en El Salitre de Estopila, Municipio de Chinicuila, Michoacán. Él y otros miembros de su familia pertenecían al cartel de los Caballeros Templarios bajo las órdenes de Federico González Medina ‘’Lico’’, quien además es su familiar político.

-Argel Mejía Valdovinos y otros miembros de su familia salieron huyendo de la región tras el ingreso de los grupos de autodefensa y los policías comunitarios en 2014 pues se dedicaban principalmente al robo de ganado, extorsión y secuestro; además de formar parte del grupo de sicarios que operaba bajo las órdenes de Federico González Medina ‘’Lico’’.

Ante esto y como siempre, hacemos un llamado a estar atentos por la vulnerabilidad que le han impuesto a Cemeí Verdía y la situación delicada en la que está la comunidad ya que su aprehensión busca debilitar sus estructuras y a su gente.

Atentamente
Equipo de apoyo y solidaridad con la comunidad indígena de Santa María Ostula

29 de julio de 2015