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a Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependiente de la Cámara de Diputados, entregó la revisión de la Cuenta Pública de 2006, documento en el que se infiere que los ingresos adicionales de los que dispuso la administración panista en ese año –el último del sexenio de Vicente Fox– ascendieron a 310 mil millones de pesos.
El dato es de suyo motivo de escándalo e indignación, pues, no obstante todo ese dinero, la economía nacional creció durante el sexenio pasado a niveles magros (2.3 por ciento en promedio); entre 2000 y 2006 sólo se generaron en el país unos 224 mil empleos por año; se incrementó la deuda pública –en el sexenio se acumularon cerca de 400 mil millones de pesos por concepto de Pidiregas– y, por si fuera poco, buena parte de los miles de millones de pesos de los que dispuso el gobierno foxista sencillamente no aparecen hoy por ninguna parte. De tal forma, las cifras que se comentan son indicativas de la ineficiencia, la irresponsabilidad y la turbiedad con que el gobierno pasado manejó el dinero público, colocan al foxismo como la peor administración en los últimos 18 años y alimentan las sospechas de corrupción que pesan sobre el autodenominadogobierno del cambio
.
Ante ello, las autoridades actuales tendrían la responsabilidad legal y moral de emprender las pesquisas correspondientes en contra del ex presidente panista, pero hasta ahora, y a pesar de la evidencia documental aportada por la propia ASF en torno a su manejo por lo menos deficiente de los recursos públicos, el calderonismo ha optado por declinar esas responsabilidades y ha provocado, con ello, acrecentar la sospecha, inexorablemente sembrada en amplias franjas de la sociedad, de que el actual ocupante de Los Pinos mantiene con su antecesor una suerte de pacto de impunidad por la injerencia de este último en el proceso electoral de 2006, y de las acciones que, tanto dentro como fuera de la legalidad, emprendió Vicente Fox para minar el camino a la Presidencia al principal candidato de oposición.
Con tal actitud, el presente gobierno no sólo parece empeñado en profundizar el déficit de legitimidad que arrastra de origen, sino que se muestra como un régimen encubridor del desaseo en el ejercicio del poder y deteriora aún más la imagen del conjunto de la clase política y de las instituciones ante la población, pues contribuye a que la Presidencia de la República sea percibida como un espacio de impunidad, ineficacia y corrupción.
Por otra parte, es claro que la opacidad con que se condujo la administración de Vicente Fox no sólo resulta reprochable desde un punto de vista ético o legal, sino también desde el ámbito económico, consideración particularmente relevante en un momento en que el país se enfrenta a una grave crisis económica y en el que los recursos públicos –necesarios para la aplicación de programas sociales y la reactivación de la economía– escasean: a pesar de las cuantiosas sumas que entraron a las arcas nacionales gracias, entre otras cosas, a los elevados precios internacionales de los hidrocarburos, el gobierno foxista aportó mucho menos que sus antecesores a la promoción del empleo, el mejoramiento de los servicios educativos y de salud, la construcción de infraestructura y el combate real a la pobreza y a la marginación. Ciertamente, al margen de que el foxismo haya tenido poco o mucho que ver en la configuración de los presentes descalabros financieros, bursátiles y económicos, es por demás reprochable su falta de previsión, de transparencia y, presumiblemente, de honestidad en el manejo de los recursos de la nación.
En suma, a casi una década de la alternancia de siglas y de colores en la Presidencia de la República, la sociedad parece asistir a la confirmación de las viejas prácticas de los sexenios priístas, cuando los mandatarios entrantes se encargaban de cuidar las espaldas de sus antecesores y extendían con ello una cadena de impunidad transexenal. Tal perspectiva resulta catastrófica para el país en términos de justicia y pone en entredicho el pretendido avance que supuso la alternancia en el poder, pues tal parece que las cosas cambiaron para seguir igual.
Semana Santa se ha convertido en nuevo escenario de la irresponsable cruzada que desde la Comisión Nacional del Agua promueve su titular, José Luis Luege Tamargo, contra la ciudad de México.
Primero fue el anuncio de que la ciudad estaba al borde de una catástrofe por la fractura del drenaje profundo que la inundaría de aguas negras, lo cual no sólo resultó falso, pues no existía daño estructural en el drenaje, sino que además estaban en proceso obras de mantenimiento programadas conjuntamente entre el GDF y la Conagua. Más tarde fue el amago de clausura del relleno sanitario Bordo Poniente, en la zona federal del ex lago de Texcoco, con lo cual la ciudad no tendría dónde procesar y depositar las más de 12 mil toneladas de residuos que genera diariamente y se tendría que contratar con particulares el servicio que hoy se realiza con uno de los costos más bajos de operación del mundo.
Recientemente, el 21 de marzo, tras el deceso de 11 campesinos de la comunidad de El Refugio en Atotonilco de Tula, Hidalgo, a consecuencia de la respiración de emanaciones tóxicas cuando se disponían a realizar limpieza del cárcamo Artículo 123 de la Conagua, Luege Tamargo se deslindó argumentando que los campesinos no contaban con permiso para llevar a cabo esas actividades, aun cuando un convenio con esa comisión obliga a los campesinos a realizar labores de limpieza a cambio de aprovechar el líquido, y culpó al GDF por la tragedia, “ya que se ha echado para atrás para firmar el acuerdo de licitación para construir la planta tratadora en Atotonilco... situación grave e irresponsable, pues la ciudad de México se niega a sanear sus aguas negras que llegan a Hidalgo”.
Ahora, con motivo de las obras de mantenimiento al Sistema Cutzamala, que obligan al cierre total del suministro de agua por 36 horas y que afectará a 5 millones de personas, Luege Tamargo ha iniciado una nueva cruzada. A la vieja usanza del foxismo, acusa al GDF de que “utiliza el dinero para otras cosas, no para obras prioritarias”, que “se pierde más agua en fugas en la red secundaria”, y amaga con sacar de operación varias presas clave en el Sistema Cutzamala, como la de Villa Victoria que aloja 29% del agua del sistema, porque están en un “nivel crítico de almacenamiento”.
Nadie puede negar la gravedad del problema. En 1955, la disponibilidad de agua por habitante en México era de 11 mil 500 metros cúbicos por habitante; en 2004 esta disponibilidad cayó a 4 mil 500 y se estima que para 2025 será de 3 mil 822. México registra uno de los mayores promedios de consumo de agua por habitante en el mundo: 360 litros diarios.
La Zona Metropolitana del Valle de México consume 65 metros cúbicos por segundo de agua potable, 35 de los cuales se consumen en el Distrito Federal. Esta cuota de disponibilidad se mantiene inalterada desde 1995. El 60% de este líquido se extrae de los acuíferos y los manantiales del valle de México y el 40% restante de fuentes externas. El Sistema Cutzamala abastece 28% de agua a la zona metropolitana, aprovechando un sistema de presas que hasta los años 70 generaba energía eléctrica; y que hoy esa agua se bombea hasta la cuota de 2 mil 700 metros sobre el nivel del mar, a través de una línea de ductos de 160 kilómetros.
El Sistema Cutzamala es vital para garantizar el abasto de agua y la gobernabilidad en la zona metropolitana. Es una prioridad atender su buen funcionamiento y el manejo adecuado de la cuenca para permitir un aprovechamiento sustentable del recurso. Se requieren cambios en los hábitos de consumo y una nueva cultura de manejo del agua basada en información clara y no en amarillismo. Utilizar lo delicado de esta situación para agitar las aguas de la política puede conducir, más allá de la confrontación entre distintos órdenes de gobierno, a despertar irresponsablemente ánimos sociales de los cuales, ante la manipulación de la información y la angustia de carecer del vital líquido, difícilmente se puede predecir su alcance.
México no necesita prolongar el vía crucis que atraviesa; bastante tiene con los problemas de pobreza, desempleo, inseguridad y endeudamiento, para que se agiten las aguas en un ejercicio irresponsable de la función pública.
aencinas@economia.unam.mx
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM
Es poco probable que subsidiarias en el país cierren plantas por el bajo costo de la mano de obra, pero proveedoras de partes pueden ir a un punto sin retorno si la crisis empeora: experto.
México, DF. Cualquier bancarrota entre los fabricantes de autos de Estados Unidos podría golpear aún más a la industria automotriz de México, poniendo contra la pared a muchos proveedores de autopartes y enviando a decenas de miles al desempleo.
Los temores de que General Motors Corp y Chrysler LLC estén en ruta hacia la bancarrota van en aumento. El martes, un fuente cercana a GM dijo que la compañía está en preparación "intensa" para una posible bancarrota.
"Podría detonar un efecto dominó por toda la industria (automotriz)", dijo Armando Soto, director de la firma de consultoría Kaso y Asociados.
Es poco probable que las subsidiarias en México de las automotrices estadunidenses cierren sus plantas, ya que el bajo costo de la mano de obra las hace esenciales para sus planes de reestructuración.
Pero cientos de proveedores de partes, que abastecen tanto a Estados Unidos como al mercado local, están en posición de llevarse un fuerte golpe si la situación de la industria automotriz estadunidense empeora.
Compañías que son proveedores importantes para Estados Unidos y que deben cantidades grandes de dinero podrían ser empujados más allá del punto sin retorno, de iniciarse un proceso de bancarrota, dijo Agustín Ríos, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA) de México.
"Si no pueden lidiar con la carga financiera, se irán a la bancarrota", dijo Ríos.
Los principales productores de automóviles del mundo tienen plantas en México, atraídos por el bajo costo de la mano de obra y la cercanía de Estados Unidos.
Las productoras de Detroit operan cerca de una docena de plantas en México, que aportaron más de la mitad de los 2.1 millones de vehículos fabricados aquí el año pasado, la mayoría para exportar.
El rechazo del Gobierno de Estados Unidos a los planes de reestructuración de GM y Chrysler ha acrecentado los temores de que dos de los "Tres Grandes" fabricantes de autos podrían dirigirse a la bancarrota.
Y uno de los sectores más vulnerables es la industria de autopartes de México, que da empleo a unas 450 mil personas.
Algunos jugadores como Vitro, Alfa y Grupo Industrial Saltillo ya están sintiendo el pinchazo por los problemas de sus clientes estadunidenses.
GM tiene dos meses para presentar un nuevo plan de reestructuración, mientras que Chrysler tiene un mes para trabajar en una alianza con la italiana Fiat SpA.
Si los planes contemplan descontinuar ciertas marcas y modelos, eso podría frenar aún más la producción automotriz en México, que la AMIA -agrupación local que agrupa a los productores de autos- pronostica bajará hasta en una cuarta parte este año, mientras la demanda en Estados Unidos está cerca de tocar su mínimo en 30 años.
El sector está afectando al grueso de la economía del país, que según analistas podría contraerse un 3.3 por ciento este año. Los automóviles y autopartes representan casi una quinta parte de las exportaciones totales de México, y esa industria ofrece algunos de los empleos manufactureros mejor pagados.
El sector de las autopartes ya ha recortado unos 28 mil empleos oficiales, dañando a estados como Coahuila y Chihuahua.
Soto dijo que toda la industria automotriz, desde proveedores hasta distribuidores, podría recortar unos 100 mil empleos de un total de 1 millón a causa de la crisis.
Pero aunque en el sector automotriz mexicano podría caer más este año, en el mediano plazo las firmas estadunidenses podrían mover más de su producción al sur de la frontera para ayudarse a retomar el paso.
Pascual Francisco, analista de IHS Global Insight en Boston, dijo que las armadoras estadounidenses no pueden producir de manera redituable vehículos de consumo de combustible eficiente en Estados Unidos.
"La única forma de que estas compañías puedan cumplir las próximos estándares de emisiones de Estados Unidos y ser redituables, será llevando más producción a México", dijo.
GRACIAS AL POCAMADRE NEWS POR SU GRAN APORTE
"A esto lo podemos llamar la parte 3 de Zeigest, es algo así como una manifestación de principios y objetivos, creo que quienes vieron Zeitgest y Zeitgest Addendum no se lo pueden perder ya que viene a ser complementario al abordar cuestiones sobre como se implementaría una nueva sociedad de este tipo, qué pasaría con el dinero, los gobiernos, el trabajo, etc, etc. Un mundo feliz, utópico, bueno, no tanto, puede ser posible si nos enfocamos en llegar a él.
El Movimiento Zeitgeist somos todos, pinta bien, un nuevo orden mundial (NWO, NOM) donde el ser humano y su entorno son lo importante, la igualdad y la justicia, profundizar en la conciencia de quiénes somos, para qué estamos, el uso humanitario de los recursos naturales, y la aplicación de la ciencia y la tecnología en bien de todos. Pero lo bonito se termina cuando te preguntas ¿y esos multimillonarios, todopoderosos amos del mundo, dónde quedan, van a quedarse sentados y permitir este nuevo tipo se sistema social que no les conviene? ¿van a vivir su propio zeitgeist aislados del mundo? o tal vez, ¿seguirán siendo ellos quienes controlan desde “la punta de la pirámide” nuestro Zeitgeist? y podríamos respondernos que mientras no nos molesten… no nos lo impidan, que no importa lo que hagan ellos, (en caso de que así sea) pero si importa, y es que nosotros no hemos hecho mucho o hemos hecho muy poco como sociedad, espero que en la “próxima era” seamos más activos y decisivos. Bueno, tenemos que serlo desde ahora para que el Zeitgeist sea nuestro, porque todavía no es una realidad, eso depende en mucho de nosotros.
PoKaMa"
Si no has visto las dos primeras parte de este documental da click en estos vinculos
Zeigeist 1
Zeigeist 2 Addendum
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Evo Morales sigue en huelga, para exigir a la oposicion que desbloquee el debate sobre la Ley para reglamentar elecciones anticipadas.
Bob Quick, el genio antiterrorista que perdió su empleo por una foto. Era director de la División Contraterrorista de la Policía del Reino. Su renuncia precipitó un operativo que derivó en el arresto de doce personas.
Miguel Ángel Jiménez, director de la Lotería Nacional, tuvo que separarse voluntariamente y de forma temporal de su cargo a fin de que se investiguen las acusaciones de que ofreció 3 millones de pesos de la institución para promover candidatos del PAN en Campeche.


