Una foto de José Antonio López nos dice más que los ríos de cifras y palabras vertidas en la sesión por los primeros 100 días de la suscripción del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
En la fotografía que publicó La Jornada en la página 1 del sábado 29, aparece Felipe de Jesús Calderón Hinojosa a la derecha del ahora secretario favorito Genaro García Luna, pensativo pero relajado por el apoyo del amigo y jefe quien, en notable contraste, tiene los ojos rojizos por las desveladas o los excesos etílicos de los que todo mundo habla y pocos se atreven a consignar por escrito, con el ceño fruncido, la mano apoyada en la barbilla y cubriendo la boca.
Agotamiento y/o hartazgo transmite la figura del hombre que hoy cumple dos años al frente del Ejecutivo federal, tras una toma de posesión que, es preciso no obviar, fue posible por la intervención directa del Ejército y de los jefes de la maquinaria del Anpri, columna vertebral del sistema político.
Tampoco es omitible registrar que por la gran incertidumbre que reinaba, Vicente Fox Quesada le transmitió a Calderón Hinojosa el mando la medianoche del 30 de noviembre, en una ceremonia castrense y facciosa, ajena a lo constitucional.
Sin esos datos, junto a la elección más debatida en la historia de México, no es comprensible que el 11 de diciembre de 2006 el abogado que no hace honor al conocimiento de la arquitectura jurídica, decretó sin mediar consultas ni preparativos, como lo reconoce Eduardo Medina-Mora Icaza, La guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Simultáneamente arrancó la campaña propagandística y la danza de cifras triunfalistas de Los Pinos, que enseguida chocaron con la inocultable y compleja realidad. Tanto que el 21 de agosto pasado, el michoacano de Morelia y el funcionariado pusieron en marcha el Acuerdo Nacional que es el reconocimiento del fracaso de las estrategias de La guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado que privilegian lo militar y policiaco, en demérito de la diversidad de aspectos económicos, sociales y culturales.
Como bien apunta el vocero de Norberto Rivera Carrera, protector de presuntos pederastas, el crimen organizado tiene una base social y, digo yo, permanece intocada. Además de que la subcultura de la delincuencia –incluida la muy vigorosa de cuello blanco-- es estimulada desde el oligopolio televisivo y el oligopolio radiofónico. Y el secuestrado de Los Pinos por los poderes fácticos –amos y señores de la más devastadora delincuencia-- sólo les hace llamados a misa.
En el disputado torneo de frases y cifras, Luis de la Barreda Solórzano mencionó que 85 de cada 100 delitos se cometen en el robo a transeúntes. Mas el combate a esta extendida práctica no arroja dividendos para los gobernantes y las víctimas no son exitosos empresarios sino mayorías nacionales.
El director del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad destacó entre los oradores en el afán de lavarle la cara al gobierno del empleo –mismo que ya dejó perder cientos de miles de plazas--, para cargarle las malas cuentas al del Bienestar para tu familia y manipular estadísticas para golpear a Marcelo Ebrard Causabon y Enrique Peña Nieto. Como acostumbra, Pedro Ferriz de Con cerró filas con el doctor en derecho.
Mas las actitudes politiqueras no fueron exclusivas del hijo del presunto torturador Luis de la Barreda Moreno, pues mientras para el grandilocuente José Natividad González Parás el acuerdo “ha cambiado el curso de la historia”, Calderón puja para descargar más responsabilidades en los gobiernos estatales y que el secuestro no sea delito federal.
El agotamiento, el hartazgo, pues.
Acuse de recibo
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