Jefes policiales en caída libre

Autor: José Reveles

Los datos duros

Tan contentos estaban algunos funcionarios de gobierno por la ayuda en especie de la Iniciativa Mérida, que esperaban con ansia recibir los primeros 450 millones de dólares antes de que se vaya George Bush al basurero de la historia. Pero no se imaginaban que Washington iba a vender cara su generosidad y ha presionado a México para que aplique, en serio, una Operación Limpieza (frase netamente gringa) en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

La lumbre llegó a los aparejos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), desde que Estados Unidos le exigió arrestar con fines de extradición, a finales de octubre, a su propio coordinador técnico, Miguel Colorado Hernández.

La DEA (Drug Enforcement Administration) colocó el dedo también sobre el exmilitar Fernando Rivera Hernández, director adjunto de Inteligencia de la SIEDO. Ambos tenían años de entregar información privilegiada a los hermanos Beltrán Leyva a cambio de entregas mensuales por cientos de miles de dólares.

En menos de un mes se han dejado caer, como en cascada, presentaciones, arrestos, arraigos y consignaciones de altos mandos policiales que tenían la encomienda de perseguir al narcotráfico; pero al parecer prefirieron apuntalar a la delincuencia organizada desde las instituciones.

La llamada a cuentas a Noé Ramírez Mandujano, extitular de la propia SIEDO y desde hacía meses representante mexicano ante el organismo de la ONU que lucha contra las drogas, debe poner a temblar a otros mandos presentes y pasados. Fue nada menos que el sustituto de José Luis Santiago Vasconcelos, como una especie de zar antidrogas y de él dependían los primeros acusados por la DEA.

SIEDO, Interpol (su director Ricardo Gutiérrez Vargas también está en manos de la autoridad), Policía Federal Preventiva (PFP) –el alto comisionado interino Gerardo Garay Cadena también detenido–; SSP (Francisco Navarro y Enrique Bayardo del Villar, tras las rejas, ambos jefes operativos de SSP y PFP). ¿Queda alguna institución indemne?

Debería provocar verdadero escándalo que el alto comisionado de la PFP se haya quedado con una fortuna en dólares al momento de arrestar a colombianos y mexicanos en una exótica residencia del Desierto de los Leones.

Pero más grave resulta la posterior maniobra distractora que quiso hacer aparecer a Víctor Gerardo Garay Cadena como vulgar ladrón (aunque de altos vuelos), para de esa manera desviar las investigaciones originales por las cuales se le arraigó, que eran por delincuencia organizada y por ser un mando “infiltrado” del narco en las estructuras oficiales para brindar protección al narco. Ojo: así puede salir libre bajo fianza.

Sospechosamente, Garay fue un arraigado con privilegios, situación contradictoria en sí misma. Podría pasar a la historia como el primer jefe policial cautivo legal de la PGR, al cual se le permite salir a ofrecer una rueda de prensa para “entregarse” en público y volver a estar en manos de la SIEDO. La presión de su jefe y amigo, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tuvo resultados. No encontró oposición firme del procurador de la República, Eduardo Medina Mora, quien semanas antes se había dejado avasallar cuando la PFP tomó las instalaciones de la Agencia Federal de Investigación (AFI) e inclusive cambió el color de la fachada de su edificio en Río San Joaquín y Casa de Moneda. Medina Mora ni se inmuta por el hecho de que sus agentes federales de investigación son obligados a renunciar para pasar a la PFP, bajo amenaza de ser corridos si no cambian de corporación y de patrón.

Y no es para menos. Garay es un hombre fiel al secretario García Luna desde hace por lo menos 16 años, cuando ambos servían al Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Si Garay es condenado –“digo, es un decir”, parodiando al gran poeta César Vallejo–, por lógica su caída tendría que arrastrar a su jefe, amigo, protector y responsable de haberlo hecho llegar al más alto puesto de mando de esa ilegalmente llamada Policía Federal.

Garay Cadena fue encargado de anunciar en mayo pasado el arresto del agente José Antonio Montes Garfias, presunto autor intelectual de la ejecución del comandante Édgar Eusebio Millán Gómez, en la colonia Guerrero del Distrito Federal. Flaco favor le hizo a su jefe García Luna, porque Montes Garfias era hombre de las confianzas del actual titular de la SSP, como lo muestra el oficio en el cual García Luna pide al área de control de confianza darle el visto bueno, pues urgía asignarle una plaza de nueva creación en el año 2000. Es decir, uno de sus hombres cercanos ejecuta a otro de los suyos.

Agentes inconformes de la AFI lograron ingresar a la base de datos de la PGR e imprimir, este noviembre, el “reporte individual de incidencias” de varios personajes. Se toparon con la sorpresa de que García Luna continúa apareciendo como director de la AFI, siendo ya secretario de Seguridad Pública y “con salario vigente”. Su hermana Esperanza, en la propia PGR, aparece también vigente, pero con adscripción a la PFP.

Se trataría de un delito penado por la ley, pero más grave resulta la denuncia que hicieron más de 100 afis en un escrito a la Cámara de Diputados, donde acusan al ya conocido como “policía del presidente” de haber fingido el secuestro de sus escoltas (27 mencionan) cerca de Tepoztlán, Morelos, a quienes un numeroso grupo de hombres armados –que no se sabe si son sicarios o policías locales– sometieron, vendaron, ataron y quitaron sus armas. Así el titular de la SSP pudo conversar “durante cuatro largas horas” con un “alto capo de las drogas”.

Para confirmar su acusación, los afis sugirieron una ruta expedita, la misma que el Ejército ha aplicado a las policías de Baja California, Tamaulipas, Nuevo León y otros estados:

Que los diputados soliciten a la Secretaría de la Defensa Nacional inspeccionar las armas de cargo de 86 policías federales, cuyos nombres aportaron, al igual que describieron cada pistola, carabina o rifle con sus respectivos números de matrícula.

Así se sabrá si aún las conservan después del “secuestro” en Morelos. Y, en todo caso, si aparecen en ejecuciones de sus propios mandos y compañeros.

Como sea, el país está presenciando lo que todo mundo sospechaba y señalaba desde hace años: el narcotráfico ha gozado de cobertura oficial gracias a la corrupción de los más importantes mandos policiales.

Es verdad que desde el arresto del general Jesús Gutiérrez Rebollo, titular del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, en febrero de 1997, no se había llegado tan alto. Es hora de que, más allá de la Operación Limpieza, las procuradurías, secretarías de seguridad pública, partidos políticos, alcaldes, gobernadores y funcionarios federales decidan una purga integral de todas las infiltraciones del narco en sus respectivas áreas de competencia. Y que Sedena, PGR, SSP, PFP, AFI y todas las siglas conocidas que tienen a casi 100 mil soldados y policías en “la guerra” contra el narco, le hagan algo de mella, pues hasta hoy su poderío económico, capacidad de fuego, impunidad y poder de corrupción siguen intactos