PLAZA PUBLICA

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Relevo en Nafin-Bancomext
Miguel Ángel Granados Chapa
2 Dic. 08

Aunque extravagante, no puede desdeñarse la versión que asegura que la renuncia de Mario Laborín a sus dos actuales cargos se debe a la intención de hacerle candidato a la gubernatura de Sonora, que hoy se encuentra en manos de su cuñado, el priista Eduardo Bours

En los mismos días en que un nuevo secretario particular del presidente de la República se presentaba a sí mismo como acompañante, no como empleado del Ejecutivo federal, en el ámbito financiero del gobierno se anunció otro relevo. Sin que se explicaran las causas de su renuncia, se avisó que el contador Mario Laborín Gómez dejará de ser, al comenzar el próximo año, director general de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior. El primer cargo lo desempeñó durante ocho años, pues nombrado por Francisco Gil, secretario de Hacienda de Vicente Fox el 1o. de diciembre de 2000, fue confirmado en el mismo por Agustín Carstens el 1o. de diciembre de 2006. En esa fecha se le designó también director del Banco Nacional de Comercio Exterior, una institución con la que los gobiernos recientes no han sabido qué hacer. El nombramiento de un solo director en esos dos bancos pareció corroborar la decisión de fundir el Bancomext en Nafin, proceso en que se achicaron las funciones del banco al ser creado ProMéxico, que asumió las actividades no bancarias, las de promoción comercial en el extranjero, que al correr de los años se habían ido agregando a Bancomext.

Aunque se afirma extraoficialmente que Laborín había pedido ser relevado para dar fin a su experiencia en la banca de desarrollo, en una suerte de jubilación anticipada, se presume que su retiro pudo obedecer a la demora en la integración en una sola de las dos instituciones que dirigía, pues era un impulsor de que Nafin absorbiera la actividad crediticia de Bancomext. La tardanza podría haber suscitado la imposibilidad (por lo menos táctica) de la fusión, en el momento en que la actual emergencia económica obligó a que se asignaran tareas a ambas instituciones en el apoyo a empresas en apuros en el pago de sus adeudos. El que por separado Nafin y Bancomext avalaran la obtención de créditos en beneficio de grandes consorcios, y la revitalización de su papel a favor de empresas medianas y pequeñas habrían sido decisiones impuestas por las circunstancias que no satisficieron a Laborín y por ello habría resuelto marcharse.

Hay otra interpretación, extravagante pero imaginable, a su renuncia. Consiste en que se le haría candidato al gobierno de Sonora, su tierra natal, como protagonista de una fórmula novedosa que al mismo tiempo satisficiera a su cuñado el gobernador priista saliente, Eduardo Bours, y al partido del presidente Felipe Calderón, con quien el gobernante sonorense mantiene una relación ambivalente, que no puede ser tan fluida como ambos desearan merced por una parte al encono entre Bours y Manlio Fabio Beltrones, necesario aliado del Ejecutivo panista, y por otro lado a las disensiones internas del panismo sonorense. Un candidato como Laborín, bien visto tanto en el PRI como en el PAN, podría resolver anticipadamente una elección que podría en caso contrario tornarse conflictiva. El momento en que el sonorense se despide de sus funciones bancarias y la falta de una explicación a su renuncia inherente a esas tareas, así como el sesgo patrimonialista del gobierno de Bours hacen verosímil (aunque ya dije que extravagante) esa posibilidad política, pues nada cuadraría más a Bours que ser sustituido por el hermano mayor de su señora esposa, Lourdes Laborín Gómez.

Sea de ello lo que fuere, hay un rasgo en el relevo de Laborín en que es conveniente detenerse. El dimitente, al igual que su sucesor el ingeniero Héctor Rangel Domene, proviene de las filas de la banca privada, desde donde más de una vez se ha cuestionado la existencia de la banca de desarrollo (no obstante que, por operar en el segundo piso, beneficia con su actividad a la del primer piso, la que entra en contacto directo con los acreditados con fondos gubernamentales). Más todavía, Laborín Gómez y Rangel Domene fueron ejecutivos de alto relieve de una misma institución financiera, Bancomer, convertida en BBVA Bancomer tras la extranjerización de la banca mexicana, paso siguiente a la privatización, etapa en que ambos participaron.

Formado en los grupos financieros de Monterrey, Laborín fue director general adjunto de Bancomer entre 1991 y 1999, el tramo en que el banco al que Manuel Espinosa Yglesias convirtió en uno de los dos mayores de México fue controlado por la familia Garza Sada, que lo adquirió del gobierno y lo vendió a los españoles del grupo Bilbao-Vizcaya-Argentaria. Rangel Domene, a su turno, regiomontano él mismo, nacido el 3 de agosto de 1947, desempeñó en esa institución diversas funciones, que culminaron en la presidencia del consejo de administración del Grupo Financiero BBVA- Bancomer, de octubre de 2004 a septiembre pasado, apenas hace dos meses. Su carrera incluyó importantes puestos de representación empresarial: presidió la Asociación de Banqueros de México de 2000 a 2002 y el Consejo Coordinador Empresarial de 2002 a 2004. Hasta la semana pasada encabezaba el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

Ya el de Laborín, pero sobre todo el nombramiento de Rangel Domene, por su papel en la representación empresarial, significó un punto de quiebre en una tradición que si bien padeció contradicciones y zigzagueos se encarnó en la formación de un cuerpo de banqueros oficiales que tuvieron claro sentido del papel estatal del crédito al desarrollo. Surgida en los años veinte, la banca gubernamental de fomento sirvió al progreso nacional aunque también enfermó de corrupción. Veamos cómo marcha ahora.



Cajón de sastre


Ubicua e incontenible, la violencia homicida apareció en la frontera sur al mismo tiempo que se recrudece en el norte. Para infortunio de todos, en Ciudad Juárez y en Tijuana la presencia de la fuerza pública federal, el Ejército y las policías no surte ningún efecto disuasivo. De otro modo no se explica que no obstante dos proclamados patrullajes destinados a inhibir a la delincuencia parece que al contrario la estimulan. Comandos armados, con personas encapuchadas, poseedores de armamento de alto poder transitan en Ciudad Juárez hasta un restaurante elegante para asesinar a 8 víctimas. Y en Tijuana, operaciones semejantes generan 34 muertes en una sola jornada, en que 9 cuerpos aparecen sin las cabezas correspondientes. Si no es posible impedir esos macabros lances, menos lo es identificar a quienes los cometen y detenerlos para ser llevados a juicio. ¿No es eso un fracaso en toda la línea?


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