Aniversario de la impunidad

GLORIA REZA M.

El poder es capaz de marcar el rumbo de la justicia. Así se demuestra en el caso de pederastia y pornografía infantil en el que se vio envuelto el procurador de Justicia Tomás Coronado Olmos. El funcionario ha contado con el respaldo del gobernador Emilio González, y con el del aparato del Estado para sortear con facilidad las acusaciones en su contra.

El viernes 12 se cumplirá un año de que el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), en representación de la menor Águeda Yazmín, presentó una denuncia formal en contra del procurador Tomás Coronado Olmos, ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la PGR. La asociación civil acusó al funcionario por prostitución infantil, corrupción de menores y pornografía.

Hasta la fecha no se ha ejercido ninguna acción legal en contra de los integrantes de la presunta red de pederastia, pornografía y corrupción de menores en la fue involucrado el funcionario.

La titular de la Fevimtra, Guadalupe Morfín Otero, declaró a un noticiario de radio local que no puede dar avances de la investigación y se limitó a decir: "Estamos estudiando el caso de una víctima que acudía a fiestas donde se invitaba a jóvenes menores de edad a juegos sexuales, y esta persona denunció la violación que sufrió dos años después de haber acudido a la primera fiesta".

En su momento, Águeda Yazmín dijo que acudió a la fiesta de la granja mediante engaños, puesto que su amigo Paul le pidió que lo acompañara a un convivio familiar organizado por su tío Martín Aguirre.

Aseguró que en esa ocasión había aproximadamente 15 niñas, algunas de ellas vestidas con uniforme de distintas secundarias, y que los señores las ponían a bailar, a beber alcohol y a "jugar": "La que perdía se quitaba la ropa y un pelón aprovechaba para tomar fotos y video; después, las llevaban a los cuartos. Paul me dijo que no me dejara tocar para que me cotizara y así nos dieran más cosas".

También existen testimonios de otras jóvenes: Deyanira y La Pepona. Ambas menores concuerdan en que Martín Aguirre y su amigo Alberto les ofrecían dinero a cambio de tener encuentros sexuales con algunos de sus amigos, entre los que estaría el procurador Coronado Olmos y otros funcionarios de la dependencia.

En su versión, Deyanira mencionó que no sólo iban a la granja, sino también a una casa por la zona de Medrano, cerca del templo de la Divina Providencia, "pero cuando me enteré de lo que se trataba ya no quise ir".

El señalamiento de que funcionarios y el propio procurador acudían a la granja en el fraccionamiento Las Carretas, ubicado en la carretera a Chapala, no sólo es sustentado por las menores, sino por extrabajadores de la dependencia, quienes señalaron que otros de los asistentes era el subprocurador Aurelio del Toro.

Esta no es la primera ocasión en que se relaciona a policías en hechos de pederastia y trata de menores. Al investigador privado Miguel Hidalgo se le encargó que investigara la desaparición de las estudiantes de secundaria Vania y Raquel, de 12 años. Estas niñas fueron raptadas para llevarlas a centros de prostitución infantil (Proceso Jalisco 189). Hidalgo descubrió que el enganchador Genaro Gutiérrez Solórzano hizo llamadas desde su celular a los policías investigadores de la División de Averiguaciones Previas Daniel Rosas Linares y a José Luis López Padilla.
A este último se le identificó como jefe de grupo.

La historia

El 25 de abril de 2007, Águeda Yazmín, acompañada por su madre, Araceli Arellano, presentó ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Jalisco (PGJ) una denuncia penal por violación en contra del director jurídico de Alumbrado Público del municipio de Guadalajara, Martín Aguirre. Esta querella derivó en la averiguación previa 1737/2007/S.

Meses después, el 30 de agosto de ese año, interpuso una nueva querella (averiguación previa 010935/2007/039-P24), en contra de quien resultara responsable, por el secuestro de que, asegura, fue víctima como medida de presión, a fin de que retirara la primera denuncia. (Proceso Jalisco 149).

En septiembre de 2007, Águeda Yazmín dijo a Proceso Jalisco que cambiaron el contenido de su declaración ministerial, en la descripción que hizo de su agresor: "Si es güero y alto, le pusieron que es moreno y bajo de estatura", por ejemplo.

Durante nueve meses Aguirre se mantuvo prófugo, hasta que en junio pasado el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito le otorgó el amparo definitivo y la suspensión de la orden de aprehensión. Los magistrados dijeron que no encontraron pruebas que confirmaran las acusaciones en su contra.

Águeda no fue la única que denunció al funcionario municipal. El 8 de mayo de 2007, la niña Katia, acompañada de su mamá, Alejandra Pérez, se presentó en la agencia 8 del Ministerio Público para denunciar que Martín Aguirre la había violado. Confirmó que en las fiestas de la granja había bebidas alcohólicas y prostitución. Sin embargo, dos meses después, el 6 de agosto, la menor acudió a la procuraduría, acompañada de un supuesto primo, para retirar la acusación.
El dizque pariente en realidad era Martín Aguirre, según dijo a esta reportera Katia. Agrega que desistió de su querella porque "Martín me amenazó con matar a mi abuelito, a quien quiero más que a mis papás que están divorciados. Entonces lo acompañé a la procuraduría, ahí todo mundo lo conocía y él me dijo lo que debía declarar".

Llama la atención el hecho de que a Katia no la acompañara su mamá, pues como menor de edad no puede realizar ningún trámite judicial, menos desistirse de la acusación de un delito que se persigue de oficio.

Otra testigo de los actos de pederastia en la granja es también la menor de edad Carolina, quien cuando se le mostró la portadilla de este semanario en la que aparece la fotografía de Tomás Coronado no dudó en identificarlo: "Él es uno de los cuatro viejos puercos que estuvieron en la granja y que nos ofrecieron dinero para que hiciéramos cosas. Ese, el Tomás, dijo que era licenciado igual que Martín (Proceso Jalisco 150).

Presiones

Como Araceli Arellano y su hija carecían de asesoría jurídica fueron presionadas por personal de la procuraduría estatal y el 1 de septiembre de 2007 firmaron un desistimiento de sus acusaciones y exculparon a Coronado.

Aunque después obtuvieron asesoría legal por parte del Cepad e incluso la protección de la Fevimtra, de nada les sirvió. El pasado 13 de marzo, María Antonia Durán, directora general de Administración del gobierno del estado visitó a Arellano, "en nombre del gobernador", Emilio González, para persuadirla de que retirara la denuncia en contra del procurador. A cambio, le prometió un mejor empleo (ella trabaja como auxiliar en un jardín de niños), así como becas escolares para sus tres hijas y una audiencia con el mandatario estatal.

En este enmarañado caso también resultaron afectados el exsubprocurador C, Víctor Manuel Landeros Arvizu y el agente del Ministerio Público Marco Antonio Chávez Villegas, quienes finalmente fueron despedidos. Su falta consistió en haber dado curso a la demanda de Águeda Yazmín. Ello provocó que el procurador interpusiera una denuncia en contra de ambos, por abuso de autoridad y manipulación de una averiguación previa para inculparlo en un caso de pederastia y pornografía infantil.

Tras salir a la luz pública que Coronado Olmos era acusado de cometer el delito de pederastia y prostitución infantil, el gobernador Emilio González Márquez salió en su defensa e incluso advirtió que si se presentaba alguna denuncia en contra del procurador crearía una fiscalía especial.

Después de que las afectadas presentaron su querella ante la PGR, el mandatario incumplió su promesa con el pretexto de que era un organismo quien denunciaba, no las afectadas. Aunque la Cepad presentó la acusación en su nombre, quienes firman el documento son ellas, lo que deja sin sustento el alegato del gobernador.

Por su parte, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, exoneró de antemano a Coronado y sin haber hecho una investigación previa, declaró, casi de inmediato, que no había elementos para pedir su renuncia o su separación temporal o definitiva.

En el Congreso local, las cinco fracciones parlamentarias del PRI, PAN, PRD, PANAL, PVEM se negaron a exhortar al mandatario estatal a que exigiera al procurador solicitar una licencia para investigar los señalamientos en su contra. De acuerdo con los legisladores, no había elementos probatorios para pedir la destitución del funcionario.

Proceso Jalisco solicitó a la titular de la Fevimtra, Guadalupe Morfín Otero una entrevista pero la funcionaria declinó comentar sobre el tema