Trasnacionales: El plan fuga

J. JESúS ESQUIVEL

Ante el desmesurado incremento de la narcoviolencia y la inseguridad durante los primeros dos años del gobierno de Calderón, muchas empresas trasnacionales están pensando en irse del país o cancelando proyectos de inversión. La causa, de acuerdo con una firma estadunidense que asesora en el tema a unas 500 empresas extranjeras establecidas en México, es que ahora deben destinar mayores recursos a la seguridad de instalaciones, directivos y mercancías, con la agravante de que altos funcionarios del gobierno federal mexicano y numerosas autoridades locales se encuentran asociados a los delincuentes...

WASHINGTON.- El problema de la narcoviolencia y la inseguridad en México, que ha batido varios récords de criminalidad durante los dos primeros años de gobierno de Felipe Calderón, está conduciendo a las empresas trasnacionales a considerar su salida del país o a reducir sus inversiones por falta de garantías y por los crecientes costos de sus programas de seguridad.

Especialistas extranjeros dedicados a analizar la problemática del crimen organizado y la violencia advierten lo anterior, y uno de ellos, Tobias Friedl, analista de la región de América Latina de la empresa Intelligent Risk Systems (conocida por su logo iJET), encargado del tema en México para más de 500 trasnacionales, señala:
"La situación de la inseguridad empeoró durante el gobierno de (Felipe) Calderón.

Había más estabilidad y tranquilidad durante el sexenio del presidente Vicente Fox."
iJET, un firma privada con sede en Washington dedicada a la asesoría sobre los problemas de riesgo en América Latina para ayudar a empresarios e inversionistas a garantizar la integridad de sus capitales, bienes y personal en otros países, es enfática en su diagnóstico relativo a los primeros dos años del sexenio de Calderón:
"Hay una confrontación abierta entre el gobierno y los cárteles del narcotráfico, hecho que ha provocado un aumento de la violencia en todos sus aspectos, y es una situación que preocupa a los empresarios con intereses en México", resume el análisis general elaborado por Friedl.

El especialista de iJET, quien fue analista de la narcoviolencia en Colombia durante los años de dominio de Pablo Escobar Gaviria, aclara que la inseguridad en México que espanta a los empresarios extranjeros no se debe únicamente a la respuesta de los cárteles del narcotráfico a la guerra militarizada que les declaró Calderón.

"Los índices de secuestros también han subido, y este problema no necesariamente está relacionado con el del narcotráfico. Aquí entra el tema de la ineficacia gubernamental para acabar con ese delito".

Friedl refiere que sus clientes que piensan retirar o reducir sus capitales en México tienen sus bases de operación en la frontera norte del país, y puntualiza: "Ciudad Juárez y Tijuana son las dos ciudades de la frontera norte de México más afectadas por el retiro o salida de capital de las trasnacionales".
Para iJET, las trasnacionales y sus funcionarios, además de correr el riesgo de ser víctimas de los ataques del crimen organizado o de simples criminales, están gastando varios millones de dólares en presupuestos especiales dedicados a la seguridad.

Dichas empresas, continúa, se ven obligadas "a tener presupuestos especiales para el resguardo de mercancías durante su traslado por carreteras, para la compra de autos blindados y para el pago de salarios de guardias ejecutivos, entre otros muchos aspectos que se tienen que considerar en este rubro".

Mientras tanto, el gobierno de Calderón, que ha intentado proyectar en México y en el mundo la idea de que la narcoviolencia es consecuencia del éxito de su campaña militarizada, enfrenta un reto adicional: convencer al Congreso de Estados Unidos y a Barack Obama de que lo deben seguir apoyando en su combate a las drogas, aunque no pocos de sus más altos funcionarios han sido descubiertos en complicidad o protección de los delincuentes.

En las últimas dos semanas, periódicos de influencia nacional, como The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, y cadenas de televisión, como CNN y PBS, no sólo han destacado las más de 4 mil 500 ejecuciones registradas este año, las constantes decapitaciones y desapariciones de personas, sino también la escandalosa corrupción por narcotráfico en los altos mandos de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), aunque el gobierno de Calderón intenta pintar las acusaciones derivadas del fenómeno como éxitos de su Operación Limpieza.

"No hay duda de que estos casos de corrupción y el aumento en el número de víctimas de la narcoviolencia serán un problema el próximo año para el gobierno de México y para la presidencia de Barack Obama, en sus intentos por conseguir que el Congreso (estadunidense) les apruebe el presupuesto de la Iniciativa Mérida para el año fiscal de 2009", declara a Proceso Maureen Meyer, coordinadora de Programas para México y Centroamérica de la Washington Office on Latin America (Wola), organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos.

En el Comité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes ya se aprobó un presupuesto por 470 millones de dólares para financiar la Iniciativa Mérida durante el año fiscal de 2009, pero en el Senado el presupuesto aprobado es de sólo 400 millones.

Meyer considera que ninguna de estas dos cifras será la definitiva porque seguramente lo que está pasando en México, y la difusión que la prensa estadunidense está dando de la situación, provocarán cambios drásticos en lo que la presidencia de Obama podría destinar a México.

"Mientras que los reportes de corrupción en México son una preocupación para el Congreso de Estados Unidos, hay mecanismos adecuados dentro de la Iniciativa Mérida para garantizar que los fondos y equipo militar que entreguemos a México no caigan en las manos equivocadas", manifiesta también en entrevista el representante demócrata Eliot Engel, presidente del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes.

"La continuidad de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico es vital para los gobiernos de México y de Estados Unidos, sobre todo para acabar con la violencia inspirada por este problema", manifiesta Engel.

Tanto en el Capitolio como entre los analistas de iJET se comenta que Arturo Sarukhán, el embajador de México ante el gobierno de Estados Unidos, tiene en sus manos la difícil tarea de vender una imagen de su país distinta a la que presentan los medios de comunicación, para poder convencer al Congreso y a la presidencia de Obama de que el gobierno de Calderón está siendo exitoso en su lucha militarizada contra el narcotráfico.

Tobias Friedl, quien se reserva los nombres de sus más de 500 clientes que operan en México, asegura que debido al aumento de la narcoviolencia los inversionistas extranjeros ya están cancelando algunos proyectos de negocios que tenían pactados en ciudades de la frontera norte.

"El gran temor, obviamente, es que ellos vayan a ser la próximas víctimas de la narcoviolencia", apunta, y subraya: "En la actualidad, nuestros clientes, alarmados por lo que leen en la prensa de Estados Unidos, nos preguntan sobre la efectividad verdadera de la cooperación bilateral para combatir el crimen organizado. Nos dicen que si la lucha bilateral contra el narcotráfico fuera efectiva, entonces se puede esperar que los grupos criminales del tráfico de drogas se enfoquen en el secuestro de extranjeros para compensar sus pérdidas".

Corrupción, el mayor reto

Friedl entregó a este semanario una copia del tipo de reportes que se encarga de elaborar, así como de las recomendaciones que hace al respecto.
Titulado Los cárteles de la droga atacan a civiles en Tijuana, el documento expone que, de acuerdo con las autoridades de ese municipio, los cárteles mexicanos de la droga han comenzado a atacar a civiles en sus esfuerzos por fortalecer su poder y control de la ciudad.

Señala que, sólo desde octubre, ha habido decenas de asesinados -incluidos 10 niños- en lugares públicos como salas de cine y salones de billar, aparentemente durante balaceras indiscriminadas. "Funcionarios mexicanos sospechan que los responsables de esos asesinatos son integrantes del cártel de los Arellano Félix, quienes cumplen con la táctica de esta organización criminal de intimidar a las organizaciones policiales que han incrementado sus esfuerzos para contrarrestar a la organización".
Una de las conclusiones de iJET sobre lo ocurre en México, que fue enviada a sus más de 500 clientes en el país, destaca:

"La narcoviolencia ha plagado a ciudades de la frontera México-Estados Unidos debido a la batalla que tienen los cárteles entre ellos por apoderarse de las rutas del trasiego de las drogas. Más de 700 personas han sido ejecutadas este año en Tijuana, en operaciones relacionadas con el tráfico de narcóticos. Típicamente los cárteles están atacando a los integrantes de las bandas enemigas, pero el asesinato indiscriminado de civiles podría marcar un nuevo comportamiento de esos grupos.

"Esta tendencia -continúa- indica que está comenzando a ejercer presión sobre los cárteles la decisión del presidente Felipe Calderón de desplazar a casi 4 mil soldados para combatir el narcotráfico en todo el país, desde el año 2006. Pero, por encima de los esfuerzos del gobierno de Calderón, no cesa la violencia relacionada con el tráfico de drogas, y este problema es el responsable de la muerte de más de 5 mil 300 personas este año, lo cual significa un incremento de 117% respecto del número de asesinatos registrados el año anterior por la misma causa."

El analista de iJET refiere que uno de sus problemas como asesor de riesgo de empresas extranjeras con capital y/o inversiones en México, es convencerlos de que deben confiar en las autoridades mexicanas para enfrentar el fenómeno.

"Eso siempre es complicado porque si es un caso criminal, se tiene que acudir a las autoridades locales, que regularmente están asociadas con el narco, pero lo más difícil es determinar si hay una amenaza real, y para ello nos basamos básicamente en los hechos concretos y no en los reportes del gobierno", abunda