jueves, 4 de diciembre de 2008

Queman propaganda de Ortega y renuncian al PRD



■ Unas 40 personas denunciaron que el sol azteca se está derechizando

De la Redacción

Un grupo de personas quemó ayer sus documentos de afiliación al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y propaganda de Jesús Ortega. Además pintarrajearon la fachada del edificio de Benjamín Franklin, donde hoy se presentará el dirigente de Nueva Izquierda para comenzar a trabajar. Gritaron consignas en contra del dirigente y su corriente. Entre las pintas destacaron las palabras ¡Traidores! y ¡Huele a mierda! También quemaron una figura de cartón de Ortega. Fue su manera, dijeron, de renunciar al partido.

Pedro Martínez, quien hasta ayer fungía como subsecretario de Prensa de la Secretaría de Comunicación y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional perredista, señaló, al emitir un pronunciamiento en la concentración, que renunciaban porque los dirigentes de Nueva Izquierda ya habían “vendido” el proyecto que dio vida al partido.

Indicó que el PRD se está “derechizando”, y confiaron en que a sus renuncias –unas 40 de acuerdo con el número de asistentes– se sumen muchas más para iniciar un nuevo proyecto partidista para la izquierda. Pedro Martínez señaló que el partido se ha convertido en un ente burocrático.

Fox, culpable de la crisis en los ingenios: gobierno de Veracruz



REGINA MARTíNEZ

JALAPA, Ver., 3 de diciembre (apro).- El secretario de Desarrollo Agropecuario del gobierno estatal, Juan Humberto García Sánchez, afirmó que fue "un error" del gobierno de Vicente Fox haber expropiado los ingenios azucareros.
Sostuvo que "hoy estamos pagando" ese error con la crisis financiera que enfrentan los industriales del ramo.
Dijo que, en lugar de recurrir a la expropiación, el gobierno de Fox debió haber intervenido esos ingenios para que pudieran seguir operando, a pesar de los fuertes adeudos que mantenían los dueños de las factorías que ahora son subsidiadas con recursos de la federación y de los estados productores de la caña de azúcar.
García Sánchez compareció ante diputados locales dentro de la glosa del IV Informe de gobierno de Fidel Herrera Beltrán.
Cuestionado sobre la crisis azucarera que afecta a miles de familias asentadas en las regiones donde operan 22 ingenios, el funcionario insistió: "Fue un error y una decisión unilateral".
Añadió que, antes de que el gobierno federal expropiara los ingenios, la industria azucarera se veía favorecida, debido a que capitulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entraría en vigor hasta el 1 de enero de 2008.
Aunado a ello, detalló, el Senado había decretado un impuesto para limitar el uso de endulcorantes derivados del maíz, denominada alta fructuosa, en la industria refresquera, lo que, señaló, permitió mantener el precio del mercado interno y "se protegió a la industria azucarera hasta los inicios de 2008".
Explicó que, con la apertura comercial, los industriales se enfrentaron al precio internacional del azúcar con el que no pudieron competir. "Se vieron desfasados porque en los años que les fue bien sólo se preocuparon por mantener el consumo interno y no ser competitivos, eficientes, para bajar sus costos".
El funcionario comentó que, en octubre de 2007, hubo además un acuerdo para fijar el precio de la caña de azúcar en función del comportamiento de la producción de ese ciclo, lo que representó un incremento del 6.5 por ciento, "lo que obliga a los industriales a pagar un retroactivo a los productores con la venta de la zafra 2007-2008".
Añadió: "Este desfasamiento, que se conoce como déficit en la balanza comercial, no alcanzó a los industriales para pagar el precio que tenían convenido con los productores de caña del país, lo que generó un gran diferencial".
Reiteró que el gobierno de Fox se equivocó cuando determinó que, a través de un subsidio, se podría pagar el déficit de la balanza comercial a los industriales, "cuando algunos años tuvieron un buen precio y ganaron bastante bien".
Explicó que ese subsidio asciende a 3,200 millones de pesos, y dijo que el gobierno federal unilateralmente determinó que el 50% sería por vía de créditos a los industriales y el 50% restante sería pagado en partes iguales por la federación y los 15 estados productores de la caña de azúcar.
García Sánchez señaló que, en el caso de Veracruz -que cuenta con 22 ingenios y genera el 45 por ciento de la producción nacional de caña--, "le toco aportar 300 millones de pesos a un fondo para poder cubrir este diferencial, que en ningún momento el gobierno conceptualizó ni estuvo de acuerdo en que fuera un subsidio para los industriales".
Dijo que actualmente hay seis grupos industriales en el estado que enfrentan problemas financieros. Añadió que los demás, los operados por el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, "ya pagaron los adeudos que mantenían con los productores y ya se están preparando para la zafra".
Esta situación, aseguró, "ha orillado a que el gobierno del estado haga maniobras para obtener los recursos que la federación instruye que tenemos que poner en un segundo semestre, en el que ya no contamos con dinero para poder asignar y presupuestar".
Añadió que, por ello, se estableció el Fondo Azucarero Veracruz, integrado con financiamiento de la preventa de azúcar de la siguiente zafra y un subsidio a las tasas de interés de créditos para la producción, con el fin de que "los industriales puedan pagar sus adeudos sin mayores problemas".
Señaló que los ingenios que enfrentan problemas financieros son: el de Pánuco, que adeuda 137 millones de pesos, y Central Progreso, 32 millones, ambos del Grupo Machado; el San Francisco, que debe 24 millones, y el Carmen, 18 millones, del Grupo González García.
Además, el San Gabriel, que adeuda 32 millones; El Carmen, 18 millones, y el Cuatotolpanm, 33 millones, los cuales son propiedad del Grupo Santos, mientras que el San José de Abajo, ubicado en el municipio de Cuichapa, debe 28 millones de pesos.
Concluyó: "Ahí esta la incongruencia, porque los que ya pagaron, ahora van a recibir un subsidio. Son los casos del Ingenio Morelos, que recibirá 35 millones de los gobiernos federal y estatal, y el San Cristóbal, al que se le entregarán unos 70 millones".

BBVA Bancomer inicia proceso de embargo de Comercial Mexicana


■ Busca confiscar activos por unos mil 400 millones de pesos de la cadena de tiendas

■ El banco de capital español se manifestó en contra de limitar las tasas de interés que imponen esas instituciones

■ Plantean diputados que no cobren más que en sus países de origen


Roberto González Amador

La filial en México del consorcio financiero español BBVA confirmó este miércoles que comenzó un proceso judicial para embargar activos de Comercial Mexicana por un equivalente a 100 millones de dólares, unos mil 400 millones de pesos, en medio de crecientes problemas de la cadena de tiendas de autoservicio para hacer frente a sus vencimientos de deuda.

“Es un procedimiento habitual”, refirió un directivo de BBVA Bancomer, la filial en México de BBVA, respecto del proceso iniciado para hacer valer las garantías sobre la deuda de Comercial Mexicana, la segunda cadena de tiendas de autoservicio del país. El proceso de embargo de bienes tiene que ser decretado por un juez, de acuerdo con una de las fuentes de la institución de crédito, consultada este miércoles.

Comercial Mexicana, cadena que opera 214 tiendas y 71 restaurantes, resultó una de las empresas nacionales más afectadas por apostar en instrumentos financieros de alto riesgo y, según autoridades financieras mexicanas, es una de las entidades del sector privado responsables de contribuir a la inestabilidad en el tipo de cambio, que en dos meses provocó una devaluación de 25 por ciento en el valor del peso frente al dólar.

La operación de Comercial Mexicana con instrumentos derivados de alto riesgo en los mercados financieros provocó un incremento de la deuda del consorcio a 2 mil millones de dólares, para la cual no tiene capacidad de pago. La empresa ha solicitado en dos ocasiones la declaración de concurso mercantil, que legalmente le permitiría no pagar a sus acreedores hasta en tanto restructure sus pasivos.

Este miércoles, La Jornada publicó que BBVA Bancomer pidió a un juez embargar algunos activos de Comercial Mexicana para cubrir una deuda de 100 millones de dólares con el grupo.

Directivos de BBVA Bancomer confirmaron ayer, durante una reunión con periodistas, que iniciaron un proceso judicial para embargar bienes que garanticen el pago de la deuda de Comercial Mexicana con la institución financiera.

Tras dos intentos fallidos por obtener protección contra sus acreedores en tribunales mexicanos, Comercial Mexicana intentará ahora negociar un arreglo extrajudicial, anunció el representante legal de la minorista, Salvador Rocha Díaz a la agencia Reuters. “Hay la mejor disposición para restructurar pasivos, para atender nuestras obligaciones”, comentó

Hasta el momento, Comercial Mexicana no ha obtenido una declaración de concurso mercantil por parte del órgano judicial correspondiente, por lo que debe enfrentar cada una de las demandas de pago de sus acreedores.

Comercial Mexicana realizó todas sus operaciones con instrumentos derivados, de alto riesgo especulativo, fuera de los mercados accionarios mexicanos, confirmaron este miércoles funcionarios del mercado bursátil local. La cadena de autoservicios ha presentado planes de restructuración de su deuda con seis de sus acreedores, entre ellos JP Morgan, Barclays, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Santander y Citibank, con los que tiene pasivos por unos mil 500 millones de dólares.

Hasta ahora, sólo BBVA Bancomer ha presentado una demanda judicial para tratar de recuperar garantías a través de un proceso de embargo.

Piden facultades de regulación para el BdeM

BBVA Bancomer se manifestó este miércoles en contra de cualquier regulación que establezca límites a las tasas de interés que cobran los bancos a los usuarios de préstamos, en un momento en que el disparo en la morosidad de los deudores de créditos al consumo ha reavivado esta discusión en el Congreso.

“Evitemos las tentaciones de controlar variables que deben responder al libre comportamiento del mercado”, declaró ayer Ignacio Deschamps, presidente de BBVA Bancomer, filial en México del consorcio español BBVA.

El martes pasado, la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de ley para que el Banco de México ejerza facultades de regulación de las tasas de interés, comisiones y cuotas que cobran los bancos a los usuarios, en especial a aquellos que utilizan préstamos al consumo, como las tarjetas de crédito.

La iniciativa, presentada por el diputado Octavio Fuentes Téllez, busca, entre otras consideraciones, que las tarifas que cobran los bancos en México, la mayoría de capital extranjero, no sean mayores de las que cargan a los usuarios en sus países de origen.

El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, César Duarte Jáquez, expresó el martes confianza en que la iniciativa que impulsan diputados del PRI –y que con algunas variantes también han presentado legisladores del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Convergencia– sea aprobada en el actual periodo ordinario de sesiones, que termina este mes.

“Es una excelente iniciativa que reduce el impacto económico respecto a las finanzas; queremos evitar un quebranto en el sistema financiero y que se limite el cobro de intereses de las tarjetas de crédito”, apuntó Duarte Jáquez.

En una reunión con periodistas este miércoles, Ignacio Deschamps aseguró que los precios de los servicios que ofrece la banca que opera en México “deberán reaccionar a factores de riesgo, liquidez y competencia”, al tiempo que insistió en “evitar tentaciones de controlar” los niveles de tasas de interés que los bancos cobran a sus usuarios.

El 20 de noviembre pasado, La Jornada reveló que los bancos privados que operan en México elevaron el costo de los préstamos a través de tarjeta de crédito hasta 113.40 por ciento anual –como es el caso de la tarjeta Spira, emitida por el banco Invex– en un momento en que el nivel de ingresos de las familias está presionado por el repunte en el precio de los alimentos y la gasolina, así como por la disminución en la oferta de empleo.

Los 13 bancos que concentran 90 por ciento del mercado en tarjetas de crédito cobraron en promedio, durante octubre pasado, una tasa de interés, incluido el sobreprecio por comisiones, de 69.49 por ciento anual, nivel superior en 17 puntos porcentuales al de 52.30 por ciento anual, reportado en el mismo mes de 2007, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, un organismo gubernamental.

En la reunión de este miércoles con periodistas, el presidente y director general de BBVA Bancomer, Ignacio Deschamps, aseguró que el crédito al consumo seguirá creciendo en 2009, aunque a ritmos menores a las de este año.

La cartera de crédito al consumo sumó en octubre 486 mil 345 millones de pesos, 0.37 por ciento menos que en septiembre, y mayor en 12 mil 323 millones a la registrada en diciembre de 2007, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el organismo regulador del sistema financiero.

Deschamps anticipó que el crédito de la banca destinado a financiar hipotecas mantendrá su impulso en 2009.

Para el próximo año, consideró el también vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, el organismo que representa los intereses de los empresarios de la industria bancaria, “será fundamental que toda la banca mexicana adopte el compromiso de continuar con esfuerzos para el otorgamiento de créditos, como factor fundamental para mitigar la desaceleración económica que enfrentará el país durante 2009”.

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