En Chiapas, ni para comer...

CARLOS ACOSTA CóRDOVA

"Este texto viene en el número 1679 de Proceso, que está en circulación".

Tras la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas el 1 de enero de 1994 -que puso al descubierto la magnitud de los rezagos sociales en el país-, el gobierno federal inyectó presupuestos millonarios a esa entidad y diseñó políticas públicas para revertir, en todo el país, la pobreza extrema y la profunda desigualdad.
En su sexto informe de gobierno Carlos Salinas de Gortari se jactó incluso de que ese año los recursos federales para Chiapas fueron "1000% más que en 1989". Sus sucesores Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, en los dos años que lleva, apostaron todo al gasto social para esos propósitos.
Tan sólo entre 1996 y 2007 dicho gasto creció 276% en términos reales, al pasar de 537 mil millones de pesos a poco más de 1.1 billones de pesos. Los dos años previos, de desaceleración económica (1994) y severa crisis posdevaluatoria (1995), el gasto social se retrajo 23%, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
De hecho, desde que los zapatistas obligaron a poner el reflector en la descomunal miseria de Chiapas y la pobreza extendida en el país, el presupuesto federal para el desarrollo social concentra cada año, hasta la fecha, alrededor de 60% del gasto público no programable.
Junto con la andanada de recursos, se han multiplicado programas sociales específicos, que se suman o forman parte del programa general de cada gobierno. Inició Salinas con Solidaridad; siguió Zedillo con Progresa; Fox, con Oportunidades, que continúa Calderón, quien no acierta a hacer sentir la nueva estrategia "Vivir Mejor".
Junto con ellos, se han ido creando en el tiempo programas sociales federales para atender necesidades específicas, del campo y las ciudades. A la fecha hay 179 programas, que consumen 80% del gasto social. De ellos, 145 están concentrados en cinco secretarías: Sagarpa, Educación, Salud, Sedesol y Hacienda. Los 34 restantes están distribuidos en otras nueve dependencias.
De los programas 25% tiene como área de atención la agropecuaria; otro 14% va dirigido a educación, ciencia y tecnología; 12% va al fomento de la actividad económica o productiva, y 7%, a la infraestructura.
Además de los programas que son comunes a todos los municipios y regiones -como Empleo Temporal, Jóvenes por México, Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Opciones Productivas, Microrregiones- existen específicos por entidad. En Chiapas, por ejemplo, están los programas Altos-Selva-Norte y Cañadas Inversión Municipal, entre otros.
A todos estos se suman los programas sociales estatales y municipales, con recursos públicos y privados locales. También participan, en la misma cascada de apoyos para combatir la pobreza, dineros provenientes de organizaciones no gubernamentales, del país y del extranjero.
No faltan, tampoco, los apoyos -en efectivo, en organización, en asesoría, en capacitación- de organismos internacionales. En Chiapas, por ejemplo, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón apoya en programas de fortalecimiento de las capacidades productivas de las mujeres. Así mismo, el gobierno de esa entidad tiene convenios con agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para definir estrategias y programas de combate a la pobreza.
No han faltado, tampoco, recursos de organismos financieros internacionales para el combate a la pobreza. En diciembre, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito por 2 mil millones de dólares, que se canalizarán, a través de Oportunidades, a zonas marginadas, rurales y urbanas del país. Con ese préstamo sumaron 6 mil millones las líneas de crédito otorgadas por el BID durante 2008.
Sin embargo, a 15 años de la irrupción del EZLN, y de la embestida presupuestal de los distintos gobiernos, la situación en Chiapas y en las demás entidades no es muy distinta: Chiapas sigue siendo el estado con la pobreza más extrema, acompañado por Guerrero y Oaxaca, y el país sigue registrando altos niveles de pobreza -alrededor de 45 millones, según cifras oficiales- y de desigualdad: mientras que el 10% de la población más pobre del país concentra 1.6% del ingreso nacional, el 10% más rico acapara 40% de ese ingreso, según el Coneval.
"México es uno de los países donde el ingreso presenta mayor concentración. Esta situación la comparte con varios países de África y América Latina. La distribución del ingreso en México es tan desigual como lo era hace 15 años", dice el Consejo en su primer Informe de evaluación de la política de desarrollo social en México 2008, presentado a principios de diciembre.
El propio Consejo ilustra así la desigualdad: "Mientras que Baja California tiene un ingreso mensual promedio estimado de 4 mil 998 pesos, el de Chiapas tan sólo alcanza mil 215 pesos". En Baja California, 9.2% de su población es pobre; en Chiapas, 76% de sus habitantes está en esa condición.
Eufemismos
La actual metodología para medir la pobreza desechó los términos "pobreza extrema" y "pobreza en general". Ahora se consideran tres niveles de pobreza -en función del ingreso corriente total de las personas-, que se definen así:
Pobreza alimentaria, la más grave, es la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta. Sería lo que en la terminología anterior era la pobreza extrema. Las personas que están en esta condición no alcanzan a tener un ingreso neto diario de 20 pesos, que -según el Coneval- sería, en la zonas rurales, el mínimo (en 2006) para cubrir apenas las necesidades básicas de alimentación. En las zonas urbanas, este mínimo sería, para el mismo año, de 27 pesos diarios.
Pobreza de capacidades es la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y en educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más para estos fines. Están en este nivel de pobreza quienes tienen un ingreso neto diario por debajo de los 24 pesos en las zonas rurales, y de 33.10 pesos en las urbanas.
Pobreza de patrimonio es la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como para realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar sea utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. Caen en esta condición quienes no alcanzan a percibir, al día, 36.20 pesos en las zonas rurales, y 54.15 pesos en las urbanas.
En función de esas definiciones, se tiene -de acuerdo con el informe del Coneval- que la entidad con mayor pobreza alimentaria es Chiapas: 47% de su población (2 millones 18 mil personas, en 2005) está en situación de sobrevivencia: sus ingresos no le alcanzan ni para comer.
Le siguen Guerrero, con 42% (poco más de 1 millón 300 mil habitantes); Oaxaca, con 38.1% (1 millón 340 mil personas); Tabasco, con 28.5% (567 mil), y Veracruz, con 28% (casi 2 millones de personas).
Todos esos estados rebasan por mucho el promedio nacional: en todo el país, la pobreza alimentaria alcanzaba en 2005 a 18.2% de la población total, es decir, a casi 19 millones de habitantes.
En contraste, los estados con menor incidencia de pobreza alimentaria son Baja California (1.3%), Nuevo León (3.6%), Baja California Sur (4.7%), Distrito Federal (5.4%), Coahuila y Chihuahua (ambos con 8.6%).
En el segundo nivel de pobreza, la de capacidades, mientras la tasa nacional es de 24.7% (dato de 2005, equivalente a 26 millones de habitantes), Chiapas tiene a 56% de su población (2 millones 400 mil) en esa condición; Guerrero, a 50.2% (casi 1 millón 600 mil), y Oaxaca, a 47% (1 millón 650 mil).
La pobreza de patrimonio alcanza en el país a poco menos de la mitad de la población, pero -otra vez- en Chiapas la media es rebasada ampliamente: para 2005, el 76% de su población (casi 3 millones 300 mil habitantes) estaba en esa condición; en Guerrero, 70% (2 millones 200 mil), y en Oaxaca, 68% (2 millones 400 mil).
Si las cifras por estado evidencian la gravedad de la pobreza en el país, a nivel municipal ésta se advierte en toda su profundidad. Y Chiapas sigue a la cabeza: de los 20 municipios con mayor incidencia de pobreza alimentaria en el país, 11 son de esa entidad; cinco, de Oaxaca, y los cuatro restantes están ubicados en Puebla, Durango, Veracruz e Hidalgo. Todos ellos localizados en zonas montañosas y de difícil acceso. En su mayoría, con población predominantemente indígena.
La pobreza alimentaria en ellos va desde 84% de la población en Santiago el Pinar (Chiapas), cuyas condiciones de vida son -según la ONU- equiparables a las del Congo, en África, hasta 78% en Yahualica, en Hidalgo.
En el extremo opuesto de la desigualdad nacional, de los 20 municipios con menor incidencia de población en pobreza alimentaria, ocho son de Chihuahua; cuatro, de Baja California; tres, de Nuevo León; dos, del Distrito Federal; los estados de Puebla, Baja California Sur y Quintana Roo tienen uno respectivamente.
El rango de población en ese nivel de pobreza va de 1.9% (6 mil 800 personas) en la delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal a 0.1% en Gómez Farías, Chihuahua, equivalente a ocho personas (en 2005), y San Pedro Garza García, Nuevo León, con 143 personas (2005) en pobreza alimentaria.
Mejoras ficticias
El Coneval reconoce en su informe que diversos indicadores de salud y educación han mejorado en el país en los últimos 15 años, inclusive para 20% de la población más pobre. Sin embargo, la calidad de esos servicios deja mucho que desear.
Entre los logros se cuentan los siguientes: la esperanza de vida al nacer, a nivel nacional, se incrementó de 71.7 años a 74.8 años entre 1992 y 2006. En el caso de la educación, el porcentaje de jefes de familia con educación básica o más pasó de 29.9% en 1992 a 47% en 2006.
También: para 20% más pobre de la población entre 1992 y 2006, el porcentaje de niños entre ocho y 12 años que no asistían a la escuela pasó de 8.9% a 3.5%; el porcentaje de niños entre 13 y 15 años que trabajaban y no asistían a la escuela se redujo de 15.6% a 9.8%; el porcentaje de personas analfabetas de 15 años y más bajó de 26.8% a 20.8%, y el porcentaje de personas de 15 años y más con primaria incompleta pasó de 64.8% a 44.8%.
Otra: El porcentaje de viviendas sin energía eléctrica, en 20% de la población más pobre del país, disminuyó de 19.9% a 3.1%; el porcentaje de viviendas con piso de tierra pasó de 46.2% en 1992 a 22.3% en 2006; el porcentaje de viviendas sin agua entubada disminuyó, en el mismo grupo de población, de 43.9% a 23%.
Pero una cosa es que se haya ampliado la cobertura, con todo y lo positivo que sea, y otra es la calidad de los servicios. Pone ejemplos el Coneval: la mortalidad materna ha disminuido en los últimos años, pero se está lejos de llegar a la meta de 22 defunciones por cada 100 mil nacimientos -una de las metas del Milenio a las que se comprometió el gobierno de México-: en 2004 se registraron 62.4 muertes por cada 100 mil nacimientos; aun con toda la tecnología disponible, 90% de esas muertes pudo evitarse.
Otros indicadores también muestran que el avance ha sido más cuantitativo que cualitativo: En 2006, México disponía de 1.4 médicos, en contacto con el paciente, por cada mil habitantes, mientras que en el mismo año Cuba, Uruguay y Argentina contaban, respectivamente, con 6.2, 3.9 y 3.2 facultativos por cada mil habitantes. Además, la entidad que más enfermeras tiene es el Distrito Federal, al contar con cuatro por cada mil habitantes, mientras que estados como Chiapas, Oaxaca, Puebla y Michoacán tenía sólo una enfermera por cada mil habitantes.
En materia educativa, pese a los grandilocuentes anuncios de cada sexenio, la calidad sigue siendo baja, dice el Coneval. En las pruebas de matemáticas que cada año hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México siempre ocupa los últimos lugares entre los países miembros del organismo. Y entre quienes no forman parte de ese grupo, en 2006, de 26 países analizados por la OCDE México apenas llega al lugar 18.
Reconoce el Coneval que entre 2004 y 2006 la pobreza, en números absolutos, se redujo, particularmente en las zonas rurales, "aunque esta reducción no es estadísticamente significativa". Dice el informe: "El número de personas pobres alimentarias (en el país) disminuyó de 17.9 millones a 14.4 millones; las personas en pobreza de patrimonio pasaron de 48.6 millones a 44.7 millones.
Ello fue posible, en efecto, debido a las transferencias monetarias a los beneficiarios de los programas antipobreza, pero también a las remesas y a un crecimiento notable del empleo informal, que inciden en un aumento de los ingresos de las personas. Los envíos de dinero de mexicanos que trabajan en Estados Unidos crecieron 405.5% entre 1992 y 2006. En ese último año, fueron superiores a los 24 mil millones de dólares, más que lo que entró por Inversión Extranjera Directa y más que lo captado por el turismo.
Dice el Coneval: si no hubiera entrado ese dinero, la pobreza alimentaria en 2006 se hubiera ubicado en 15.9% de la población, pero fue de 13.8%. Es decir, gracias a las remesas, 2.3 millones de personas pudieron rebasar la línea de pobreza extrema.
También, dice el Consejo, gracias a que millones han podido emplearse en la informalidad se han podido abatir, así sea ligeramente, los índices de pobreza. Entre 1992 y 2006, mientras se crearon apenas 5.1 millones de ocupaciones formales, el número de trabajadores en el mercado informal -sin protección y seguridad social- creció en 10.2 millones de personas, el doble del crecimiento que registró el empleo formal.
Y, de hecho, en los últimos años creció el número de familias sin protección y seguridad social. Dice el informe del Coneval: "Los jefes de hogar sin derechohabiencia, es decir, sin afiliación a una institución pública para recibir seguridad social -IMSS, ISSSTE, Sedena o Marina- pasaron de 69.3% en 1992 a 71% en 2006. La situación de derechohabiencia formal para el 20% más pobre de la población es más precaria: 89.8% de los jefes de hogar no tenían derechohabiencia en 2006".
Finalmente, como "existe una estrecha relación entre el desempeño económico y el desarrollo social, especialmente reflejado en la pobreza medida con ingresos", el futuro inmediato no es nada halagüeño: menos empleos, bajas remesas y una caída en la actividad económica se traducirán, sin duda, en un aumento de la pobreza. Como pasó entre 1994 y 1996, con la crisis devaluatoria, que significó una brutal caída del PIB de 7%, y que llevó a la pobreza extrema a 16 millones de personas más, según el Coneval.