ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)
“Frente a los hechos concretos actuales y a la realidad que México vive, el Partido Acción Nacional declara que:
- “El país enfrenta la más severa crisis de su historia, cuyos aspectos económicos son los más urgentes, pero no necesariamente los más graves.
- “La crisis que agobia a la nación forma parte del proceso de descomposición general que desde hace décadas sufre el país, y en el que el régimen ha sido el agente más eficazmente nocivo de la desintegración”.
“La crisis de la crisis”
Los mexicanos, sostiene esa declaración, se han enfrentado con angustia durante los últimos años a una incontrolada carestía de la vida; han sido, la mayoría de ellos, víctimas de severos retrocesos en la ya de por si desigual distribución del ingreso; han sufrido el empobrecedor desplome de la producción; han sido afectados en sus legítimas expectativas de realización personal por la desocupación creciente; han visto, en fin, seriamente erosionado su nivel de vida, de suyo raquítico, cuando no de plano infrahumano en un alto porcentaje de compatriotas.
“A pesar del petróleo, cuyos abundantes yacimientos fueron descubiertos y puestos en explotación precisamente cuando el resto del mundo estaba sediento de él, México padece hoy la peor crisis económica del presente siglo. Atrás quedaron, como tristes recuerdos de una historia trágica, los ofrecimientos de abundancia y las expectativas de prosperidad anunciadas como si estuvieran a la vuelta de la esquina, pero jamás llegaron”.
También, dice otro apartado del documento citado, sufre el país crisis política. A pesar de que numéricamente la participación ciudadana ha aumentado, el régimen demuestra grave impotencia para ser democrático. “La privilegiada casta burocrática que detenta el poder, parece dispuesta a recurrir a cualquier medio para conservarlo (…) Todo indica que pretende frenar la participación popular, producir desánimo y frustración e incitar a la violencia. Cualquiera de estos dos caminos fortalecería al régimen. El primero porque dejaría las manos libres para seguir haciendo de México no un Estado de Derecho, sino un Estado de capricho. El segundo justificaría el uso de la fuerza bruta, represiva e indiscriminada”.
La crisis se agrava, si al desastre económico se añade la cerrazón política. “Carece de credibilidad quien convoca a la unidad nacional, evidentemente necesaria, al mismo tiempo que la fractura y la imposibilita con actos arbitrarios e ilegales. No se concibe tampoco la salida de cualquier crisis social sin la aportación crítica de todos los horizontes culturales que conviven en la nación, lo que significa respeto a la Libertad de Expresión. “No son un secreto ya las presiones de las que han sido objeto periódicos y periodistas por parte de los prepotentes jefes de prensa al servicio del poder público”.
Conviene aquí recordar que cuando quedó en evidencia el derrumbe económico del país, cuando ya no fue posible seguir ocultando por más tiempo que la crisis había hecho crisis, presa de pánico el gobierno volteó hacia todas partes para buscar y señalar culpables. Casualmente los encontró fuera de sus propias filas. Pero como no le parecieron suficientes, o bien consideró que su versión resultaba inverosímil, además de simplista, cómodamente atribuyó a factores externos la parte de responsabilidad que no alcanzó a adjudicar en lo doméstico. Con escalofriante cinismo, rechazó para si el menor error, desacierto o desviación. Nada tuvo que ver, según su versión, en la generación de la crisis. Poco faltó para que nos hiciera creer que se desató a pesar de sus denodados esfuerzos por evitarla.
“En los primeros años de nuestro partido, uno de sus ilustres fundadores y primer candidato presidencial, señaló con acierto que el país, por desgracia, se encontraba en proceso de descomposición general. Advirtió entonces que la implacable unidad de tal proceso no se rompe por la diversidad de los mortales episodios. ‘Sucesivamente’, afirmó(Efraín) González Luna, ‘van siendo invadidos todos los órganos del cuerpo de la patria por la gangrena. El Estado mismo -dijo- es el foco más eficazmente nocivo de la desintegración’”.
México, meganarcocementerio
DE ACUERDO CON UN CONTEO de la agencia Terra, desde el inicio de la administración de Felipe Calderón hasta el 11 de marzo pasado, se han cometido en México 10,004 (diez mil cuatro) ejecuciones relacionadas con el narcotráfico. Hasta la fecha señalada, sólo en 2009 se computan ya mil 492. Con las totalizadas durante el gobierno de Vicente Fox, la suma global es de 18,784. Vale hacer notar que ese balance precisa la estadística específica del narco. No incluye las muertes violentas derivadas de otras actividades de la delincuencia común u organizada. Aun circunscribiéndose únicamente al narcotráfico, es absolutamente probable que la suma de ejecuciones sea mayor, dado el frecuente hallazgo de narcofosas en varios estados de la República, cuyas víctimas no se computan de inmediato.
Cualquiera supondría que esa especie de retrato hablado condensa un ejercicio de autocrítica del PAN-gobierno en los momentos en que la crisis económica atrofia todos los tejidos del cuerpo social y político de México. Serían, aquellos segmentos discursivos, una aproximación a la descripción del Estado fallido. Pero el PAN-gobierno no alcanza para tanto: Se trata, en estricto rigor, hasta nuestros días, de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. La declaración panista citada está contenida en los documentos de plataforma electoral para los comicios federales intermedios de 1985, y ahora estalla como bumerang en el rostro de un gobierno que, como el del PRI al que eran dirigidas esas acusaciones, se niega a ver la realidad nacional y enfrentarla con proposiciones civilizatorias, por más que siga hablando de su vocación humanista.
Con la investidura hecha jirones
Por estos días, diversos voceros del gobierno calderonista se mezan la cabellera y se rasgan las vestiduras porque desde los Estados Unidos se cuestiona la incapacidad de nuestros actuales dirigentes para mantener la gobernabilidad democrática. Pero ya en noviembre del año pasado se hizo del dominio público un análisis con el título La Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al narcotráfico en el que se denuncia el encumbramiento de la delincuencia organizada y se asegura que el narcotráfico se ha constituido en una amenaza interna que pone en riesgo la viabilidad del país.
Inversionistas extranjeros en fuga
En reciente foro -México, perspectivas y oportunidades económicas en el nuevo entorno mundial-, ponentes de diversas agencias calificadoras internacionales -entre éstas JP Morgan-, advirtieron que la contracción de la economía mexicana en 2009 puede alcanzar hasta cuatro por ciento. Un dato revelador que se divulgó en ese evento informa que los tenedores extranjeros de bonos han retirado inversiones en México por un monto de 15 mil millones de dólares, que equivale a la mitad del acumulado hasta 2008, que fue de 30 mil millones de dólares.
En esa evaluación se advierte que “las tropas se retirarán de la lucha contra la delincuencia organizada cuando la estrategia del Estado haya logrado que el fenómeno pueda ser controlado por las instituciones de seguridad pública”. En tanto, recomienda convertir el combate en una cruzada que desmonte las estructuras de ese fenómeno delictivo y socioeconómico de enorme complejidad. Hay, en las proposiciones estratégicas de la Sedena, una que parecer seguir siendo ignorada: “Una vez que se logre el debilitamiento de las estructuras financieras y patrimoniales del crimen organizado, de manera automática habrá una reducción de las confrontaciones armadas, pues las organizaciones carecerán de recursos para financiar la actividad criminal”. No deja de ser sospechosa esta omisión de las autoridades civiles, cuando en las denuncias de los Estados Unidos que se pretende rebatir aparece el dato de que el narcotráfico genera en México ganancias por unos 25 mil millones de dólares y la revista Forbes abre su nomina al registro del capo sinaloense Joaquín El Chapo Guzmán Loera, al que se le atribuye una acumulación por encima de los mil millones de dólares, mínimo requerido para tener lugar en el club mundial de los ricos.
Es hora de que el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, se resiste aún a revelar en qué columna de la balanza de pagos se consignan esas ganancias del narco -superiores a las ya decrecientes remesas de nuestros expatriados-, pero con gran entusiasmo anuncia acuerdos con la Secretaría de Hacienda para poner la reserva de divisas a disposición de los especuladores (sus nombres “son irrelevantes”, si de darles protección se trata), como para hacer buena la conseja de que, “lo del agua, al agua”. Mejor aun para un sedicente gobierno católico: Desde meses, en plena violencia narca, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Carlos Aguiar Retes, ha venido recomendando la evangelización del perverso campo de las drogas y, como hijos pródigos, rehabilitar a los capos arrepentidos, asunto nada novedoso cuando otros sus pares de monseñor consideran que las narcolimosnas son legítimas con el sólo acto de pasarlas por los aceites lustrales.
De crímenes de Estado y otras macabras danzas
De esas macabras danzas -con recomendación al jefe nacional del PAN, Germán Martínez Cázares para que llame por su nombre a sus imputados del PRI-, vale recordar que en estas páginas retomamos no hace mucho declaraciones hechas en Texas por el extinto ex comandante judicial federal Guillermo González Calderoni, asegurando que Carlos Salinas de Gortari, el de la alianza estratégica con el panismo, pagó con impunidad a Humberto García Ábrego, del Cártel del Golfo, por su colaboración en el asesinato en 1988 de los estrategas electorales del candidato presidencial del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Obando y Gil.
Ahora resulta, según confesiones del capo Miguel Ángel Félix Gallardo, en exclusivas para La Jornada(9-II-2009), que el mismo González Calderoni era el responsable de repartir las “plazas” (territorios) entre los narcos mexicanos durante la década de los ochenta. ¿Ignoraron los procuradores de Miguel de la Madrid y del propio Salinas de Gortari esas asignaciones o las autorizaron expresamente? ¿Y lo que ocurrió durante la gestión de Antonio Lozano Gracia como primer procurador federal de Ernesto Zedillo Ponce de León?
Ahora mismo, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez y sus secuaces mantienen activa su presión sobre El Vaticano para que exija al gobierno mexicano el pleno y definitivo esclarecimiento del asesinato (crimen de Estado, lo tipifican algunos abogados tapatíos asesores de JSI) del también cardenal y ex obispo de la diócesis de Tijuana, Juan Jesús Posadas Ocampo en mayo de 1993, atribuido originalmente a los hermanos Arellano Félix que, en cuanto a esa causa, salvaron el pellejo al ser colocados bajo palio por el nuncio Girolamo Prigione.
Lo cual nos remite a otra efemérides inmediata: Este 23 de marzo se cumplen los primeros quince años del asesinato en Lomas Taurinas, Tijuana, del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en cuya indagatoria inicial se abrió una línea de investigación relacionada con los cárteles de la droga, episodio al que siguió el crimen contra el ex secretario general del PRI y coordinador nominado de la diputación federal del mismo, Juan Francisco Ruiz Massieu.
Y en todos los casos, la incredulidad sobre las hipótesis gubernamentales, desde el “fuego cruzado”, el “asesino solitario” hasta las visiones de La Pacacontratada por Lozano Gracia.
Al potencial narco se le sometió a sospechosismo en la muerte el pasado 4 de noviembre del ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, poseedor “de altos principios, dedicación total y amor a México; talento, experiencia y profesionalismo; uno de mis mejores y entrañables amigos, cuyo liderazgo político, sensibilidad, lealtad y eficacia permitieron que el gabinete presidencial potenciara sus capacidades; promotor de esfuerzos colectivos, un orquestador de tareas de conjunto; (con él) la administración que presido ganó en sensibilidad política y visión estratégica; hombre de acción que acogió la política para hacer posible las reformas que México necesita; trabajó por el bien de la Patria… buscando siempre la conciliación de la República y el bien supremo de la Federación”, negociador respetuoso, inteligente y con amplitud de miras, disciplinado, patriota, hombre franco y honesto con capacidad para resolver problemas, demócrata, etcétera (Calderón dixit.)
Con todos esos méritos y atributos de Mourino Terrazo, la investigación del avionazo en que perdió la vida se dejó en manos de Luis Téllez, recientemente defenestrado en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Cuando su puesto fue entregado a Juan Molinar Horcasitas, Martínez Cázares declaró que a esa área del gabinete llegaba un “panista leal”, un modo de descalificar a Téllez. Si la lealtad de éste fue puesta en tela de juicio, cómo creer entonces la hipótesis del “accidente” del 4 de noviembre.
Para rematarla, el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos sale con la puntada de que, de no ser por Calderón, el próximo presidente de México sería un narcotraficante.
Y todavía rezongan los calderonistas cuando se habla de Estado fallido y de la pérdida de control sobre el territorio mexicano. Maduren, señores, maduren.
Presupuesto federal, fuente
de corruptelas
VAMOS A PONERLA de este tamaño: En 2006, año de campaña presidencial y último de gestión de Vicente Fox, el Ejecutivo federal trianguló hacia fideicomisos opacos, alrededor de 200 mil millones de pesos. En 2007, primer año de la administración de Felipe Calderón, las transferencias sumaron 300 mil millones de pesos. Adicionalmente, en 2006 se detectaron irregularidades en el manejo del gasto público por más de 33 mil millones de pesos. En 2007, por 60 mil 732 millones de pesos. La suma total de esos dos conceptos, sólo en dos años, es de más de 593 mil millones de pesos. Una de las fuentes de triangulación de recursos hacia los fideicomisos opacos, que se han protegido en las tinieblas del secreto fiduciario, fue el subejercicio del presupuesto. Por donde quiera que se le vea, esas desviaciones configuran actos de corrupción administrativa.
La marca de la casa de los dos mandatos presidenciales del PAN, resplandece en el informe que la semana pasada entregó a los directivos de la Cámara de Diputados el presidente de la Auditoria Superior de la Federación de ese órgano legislativo, Arturo González de Aragón, sobre la revisión de la Cuenta Pública de 2007, primero fiscalizado de la administración calderonista. Pese a los repetidos espectáculos mediáticos en los que el presidente designado se ha comprometido a la austeridad y a la transparencia -en los que incluso ha invitado a los sectores empresariales a asumir la contraloría social sobre el ejercicio del gasto público-, según el reporte de la ASF en el turbio manejo del presupuesto ha señoreado la discrecionalidad, particularmente en la gestión de los excedentes petroleros, las remuneraciones a los servidores públicos, la recuperación de créditos fiscales, etcétera (Abraham García Ibarra)
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