Declaran huelga de hambre detenidos en Michoacán

Declaran huelga de hambre detenidos en Michoacán

Los abogados de los detenidos indicaron que la huelga se mantendrá, pues responde a una cuestión política electoral con miras a los comicios del 5 de julio.

Los servidores públicos detenidos en Michoacán esta semana por presuntos vínculos con el narcotráfico se declararon en huelga de hambre para exigir que se aclare su situación jurídica en primera instancia, informaron hoy.

 

Los familiares de los 10 alcaldes y 20 servidores de este estado comenzaron a llegar a Ciudad México para iniciar protestas demandando la liberación de los capturados, que desde ayer fueron puestos bajo arraigo (detención preventiva) por 40 días.

 

Ya se presentó una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH) por las supuestas violaciones a las garantías individuales y presiones psicológicas a las que han sido sometidos por el Ministerio Público Federal, según reporte de la Jornada.

 

Los abogados de los detenidos indicaron que la huelga se mantendrá, pues responde a una cuestión política electoral con miras a los comicios del 5 de julio.

 

Las detenciones forman parte del arreciamiento del plan gubernamental contra el crimen organizado, por el cual se han dispersado por el país fuerzas militares.

 

Politólogos coinciden en que los arrestos en los últimos meses y en especial los ocurridos en Michoacán contra integrantes y presuntos integrantes de uno de los más violentos grupos delictivos, La Familia, tienen como telón de fondo las elecciones legislativas.

 

La Jornada reporta que en Michoacán, transportistas e integrantes de organizaciones sociales en protesta por la detención del alcalde, el perredista Genaro Guízar, vieron momentos de tensión en la mañana del viernes, acosados por policías federales.

 

Desde el miércoles han ocurrido movilizaciones similares también en otras alcaldías, incluso en la capital del estado por grupos civiles que respaldan a los detenidos.

 

La medida cautelar se desarrolla en contra de 10 presidentes municipales, 19 ex funcionarios del gobierno estatal, comandantes de la policía ministerial, jefes de seguridad pública municipal, agentes y un juez de primera instancia.

 

Se presume que muchos de ellos pertenecen al peligroso grupo La Familia Michoacana, parte del cártel del Golfo.

 

Esta es considerada la banda más peligrosa del país. Según investigaciones el grupo vandálico tiene el mayor poder de fuego, es el número uno en producción de drogas sintéticas y en la capacidad de corrupción.

 

El procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, aseguró que en algunos casos, los arraigados también están involucrados con el cártel de los Beltrán Leyva, otro grupo similar.