martes, 12 de mayo de 2009

El procurador de Guerrero recurre a la infamia al acusar al ecologista Javier Torres de la desaparición del perredista Álvaro Rosas

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES DE GUERRERO

EL PROCURADOR MURUETA RECURRE A LA INFAMIA AL ACUSAR AL ECOLOGISTA JAVIER TORRES CRUZ DE LA DESAPARICION DEL PERREDISTA ALVARO ROSAS

¡QUE LA INFAMIA Y LA MANIPULACION POLITICA, NO ENTURBIEN NI DESVIEN LA DEMANDA DE LA PRESENTACION CON VIDA DE LOS DESAPARECIDOS!

La desaparición del perredista Alvaro Rosas se da en medio de una intensa pugna entre los grupos perredistas y el encono entre sus principales dirigentes, incluido su gobernador, en el marco del proceso electoral y la disputa de turbios espacios de poder político y económico. Ahí se debe buscar la causa de la desaparición de Alvaro Rosas y no en un supuesto negocio de enervantes, armas y cartuchos, en el que se quiere involucrar a nuestro compañero ecologista Javier Torres Cruz.

Por ello indigna la posición del Procurador Murueta de salir al paso de las presiones de los diputados y dirigentes perredistas en su propia oficina mediante la infamia de inculpar a Javier Torres Cruz, incluso señalándolo como vendedor de lotes de madera, cuando cualquiera sabe que esto no es labor propia de un ecologista.

Murueta vuelve a mostrar su torpeza no solo como procurador sino como persona normal con sentido común al “malabarear” situaciones que ponen en riesgo la seguridad física e integridad moral de ciudadanos a quienes sin mayor escrúpulo inculpa y acusa para lavar la imagen de sus jefes, eximirlos de sus responsabilidades públicas y encubrir sus actos de corrupción. Si Murueta tuviera realmente pruebas de la comisión de actos ilícitos de los campesinos ecologistas, ya las hubiera presentado pues de esa manera cumpliría con su compromiso de dar protección a Rogaciano Alba Alvarez y congraciarse con su jefe el gobernador, que lo protege.

Nuestro compañero Javier Torres Cruz después de meses de hostigamiento y persecución, incluso después de haber sufrido en carne propia la desaparición forzada y la tortura, esta convaleciendo de viruela y tiene una fuerte infección, una postema que lo tiene prácticamente postrado y que no ha podido atenderse adecuadamente por la falta de servicio médico y el aislamiento en que se encuentra.

Su situación precaria y la falta de seguridad lo mantiene mal alimentado y débil. Aun así, sigue escondido, evitando la vigilancia y el hostigamiento de distintos cuerpos policiacos, el ejército y los sicarios de Alba Alvarez.

Por ello llama también la atención e indigna la actitud exhacerbada y violenta de los diputados y dirigentes perredistas que irrumpieron en la oficina del Procurador, quienes con justa razón reclaman la presentación con vida de su compañero, pero actúan como si desconocieran que este, desgraciadamente, no es el primer y único caso de desaparición forzada en éste gobierno, olvidando que tan solo el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero ha documentado casi 200 desapariciones más en éste periodo de Gobierno.

La politización de este desafortunado caso de desaparición forzada de Alvaro Rosas se hace evidente cuando se señala que lo que ahora preocupa es que este fenómeno ya esta afectando a “actores políticos”, como si estos estuvieran por encima del resto de los ciudadanos afectados por el mismo delito y se pide darle un trato de excepción, en un marco de confrontación en contra de un funcionario muy cercano al equipo del gobernador.

Es evidente que la situación de violencia e inseguridad que vive la entidad es resultado de la política gubernamental que protege los intereses de los ricos y grandes empresarios, entre ellos los de los narcotraficantes; que la falta de políticas públicas coherentes y efectivas en esta materia no es resultado solo de la ineficacia e incapacidad de los órganos gubernamentales, sino de que la misma delincuencia está siendo organizada desde el Estado, por eso reafirmamos que el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, incluidos los poderes legislativo y judicial que lo acompañan, son finalmente responsable de toda ésta situación por acción o por omisión.

Por lo anterior:

1.- Demandamos sean extendidas las medidas cautelares necesarias al campesino ecologista Javier Torres Cruz y se garantice la seguridad física e integridad moral de el y su familia.

2.- Exigimos al Procurador Eduardo Murueta Urrutia una explicación coherente de la acusación que hace en contra de nuestro compañero Javier Torres Cruz y en su caso un desmentido público y responsable y que en lugar de denostarlo, le brinde la protección legal que corresponde.

3.- Emplazamos al Gobierno del Estado a que a nombre de los tres niveles de gobierno y de manera inmediata rinda un informe especial sobre el problema de la violencia, la inseguridad pública y la violación de los derechos humanos en Guerrero, que incluya de manera clara las acciones, compromisos y plazos para localizar a los desaparecidos y secuestrados, así como la aprehensión y castigo a los culpables de los asesinatos. Que de igual manera en éste informe señale las acciones y compromisos para poner un alto definitivo a la violencia y a la inseguridad y restablecer la paz social en base al respeto de los derechos ciudadanos.

Las organizaciones integradas en la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de Guerrero, manifestamos nuestra solidaridad desinteresada y fraterna con los familiares del Alvaro Rosas y nos sumamos a la justa exigencia de su presentación con vida.

Chilpancingo, Gro. a 8 de mayo del 2009

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