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Elementos del Ejército y de la Policía Federal capturaron este martes a 10 alcaldes, un juez y 17 funcionarios del gobierno de Michoacán, por presuntos vínculos con el cártel de La Familia.
Al respecto, Pedro Peñaloza, doctor en Ciencias Penales y Política Criminal, consideró que hay algo que “no cuadra”, pues el presidente Felipe Calderón y funcionarios federales han reiterado que se está combatiendo al crimen organizado desde los tres niveles de gobierno, sin embargo en esta operación del Ejército y la PGR hay una omisión grave, “no le avisan al gobernador”.
“Podemos trabajar sobre dos hipótesis, la primera que sospechan de que el gobernador pudiera estar involucrado o que estamos viendo que se trata de una estrategia electoral, en cualquiera de las dos hipótesis es grave lo que estamos viendo porque si observamos lo que pasó en Morelos es muy distinto, y claro, algún funcionario medianamente inteligente me contestará que son estrategias distintas y fenómenos criminales distintos, pero esta incógnita no se ha podido resolver”.
En comentario para el programa “Fórmula Detrás de la Noticia”, el especialista destacó que por “enésima ocasión” se detiene a personas, se les exhibe públicamente y criminaliza, sin que hasta la fecha se haya podido decir cuáles son los cargos que se les imputa.
“Es una moustrosidad jurídica que a partir de la aprobación de dispositivos procesales represivos y autoritarios, que envió el presidente Calderón y que aprobaron la mayoría de los legisladores, se detenga a personas sin que el ministerio público cuente con los elementos suficientes, seguramente esto lo sabremos en los próximos minutos, van a empezar a arraigar personas, el arraigo es una violación a la presunción de inocencia”.
Aclaró que nadie se nadie se puede oponer a que se persigan los actos delincuenciales, pero el problema es cómo y en qué condiciones hacer cumplir la ley.
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